Una de las principales luchas que el Partido Sinaloense ha sostenido durante los últimos 13 años es la lucha constante que enarboló el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda; la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, de manera específica el derecho a los servicios de salud dignos y de calidad.

En ese sentido, el pasado 10 de febrero del presente año, la Fracción Parlamentaria del PAS conformada por la diputada Angélica Díaz Quiñonez y un servidor, presentamos una iniciativa que propone la adición del artículo 131 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para garantizar que exista la asistencia de al menos un traductor de sus lenguas maternas en las clínicas de nuestro estado, afirmó el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.

Este personal deberá contar con conocimiento de su lengua y cultura, particularmente en las áreas de atención médica y trabajo social, conforme a la población indígena que se atienda, a fin de que quienes no hablen suficientemente el español puedan recibir la atención que requieren de manera digna y eficaz. Cabe recordar que el pasado 21 de febrero de 2026 se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna.

En el caso de nuestro Estado, las comunidades indígenas tienen presencia en los municipios de San Ignacio, Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Choix, Ahome, Sinaloa de Leyva, Angostura, Navolato, Cosalá y Juan José Ríos, lo que obliga a las instituciones públicas a generar condiciones que garanticen una atención adecuada y culturalmente pertinente. La importancia de contar con intérpretes y traductores no se limita únicamente a un acto de cortesía cultural.

Se trata de una obligación jurídica y, sobre todo, de una cuestión de dignidad humana, señaló el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.

Esta iniciativa es de suma importancia porque sabemos que cuando las decisiones institucionales se toman sin una comprensión plena, cuando los diagnósticos médicos se dictan sin una comunicación clara o cuando los trámites administrativos se obstaculizan por barreras lingüísticas, se configura una forma de violencia institucional y exclusión estructural.

La implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las comunidades indígenas a contar con intérpretes exige voluntad política y recursos. Sin embargo, su costo es infinitamente menor que el de la injusticia y la desconfianza social. Garantizar intérpretes no sólo implica cumplir con la ley, sino también fortalecer el estado de derecho y legitimar las instituciones.

Sumemos esfuerzos para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.