Ayer me preguntaron si confiaba en que el impresionante despliegue de fuerza bélica, logística, militar, naval y policial terminará por poner en paz a los jóvenes del Cártel de Sinaloa.

¡Por supuesto que no!, respondí sin dudarlo.

Y recordé un artículo que escribí a principios de 2007, cuando Felipe Calderón, recién llegado a la presidencia, ya se había enredado en una guerra contra el crimen organizado para recuperar su natal Michoacán, sin haberle medido el agua a los camotes.

En aquel artículo revisaba con cifras y contexto histórico los resultados de las grandes ofensivas contra el narcotráfico. Desde el Plan Colombia hasta la Operación Cóndor, en el Triángulo Dorado, experiencias distintas, pero con una lección que no aprendimos: la fuerza militar puede destruir plantíos, decomisar drogas y detener personas, pero no desmantela las estructuras criminales. Al contrario, las obliga a transformarse, fragmentarse y buscar nuevas formas para seguir operando.

Un agudo analista puso un ejemplo muy claro del resultado de la Cóndor:

“Teníamos un cáncer focalizado en la columna vertebral y el cirujano decidió abrir al paciente sin haberle practicado la biopsia de rigor. La entrada de oxígeno provocó la metástasis que, en pequeños tumores, se esparció rápidamente por todo el organismo….La Cóndor modernizó a la organización criminal, la hizo más eficaz y, en los hechos, prácticamente la convirtió en un enemigo invencible…”

Así es que una versión reloaded 2024 no tenía por qué ofrecer resultados diferentes. La lucha cuerpo a cuerpo está destinada a repetir sus fracasos, porque los delincuentes tienen de su lado la ventaja de la oportunidad, el conocimiento del territorio, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la vulnerabilidad de una población que termina colaborando desde el terror.

Dije entonces que había dos caminos con mayor esperanza de administrar desde el Estado la violencia generada por el tráfico de drogas:

• 1.- Explorar mecanismos de regulación desde el Estado, con criterios sanitarios y de salud pública, no punitivos. La legislación mexicana mantiene una contradicción que ha costado miles de vidas: permite el consumo personal de todas las drogas existentes, pero penaliza su producción y comercialización. Es, por decir lo menos, un galimatías jurídico que tampoco han querido resolver, y
• 2.- Inyectarle recursos suficientes a la inteligencia militar y policial para anticiparse a las organizaciones criminales, identificar sus células, desarmarlas, capturar a sus integrantes y cerrarles la llave del dinero antes de que generen la violencia que siempre juega a su favor.

Para aquel artículo revisé el presupuesto federal de seguridad de 2007 y puse especial atención en el dinero para inteligencia. Casi veinte años después repetí el ejercicio y los resultados no han cambiado: seguimos comprando músculo cuando lo que necesitamos es desarrollar el cerebro.

El presupuesto federal de 2027 es de 331 mil 416 millones de pesos para las tres grandes dependencias del sector: Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. De esa bolsa, el Centro Nacional de Inteligencia recibe apenas 4 mil 310 millones, alrededor del 1.30 por ciento.

Si agregamos la Plataforma México y los recursos del programa de prevención, investigación y persecución de delitos de la Guardia Nacional, la proporción se acerca al 9.05 por ciento, pero este último cálculo incluye funciones operativas que no son inteligencia propiamente dicha.

En contraste, el bloque funcional de Seguridad Nacional y Defensa concentra 194 mil 337 millones de pesos, equivalente al 58.64 por ciento del presupuesto consolidado. No todo ese dinero es despliegue de tropas, pero sí corresponde al gran bloque de capacidades militares y de defensa que domina la distribución del gasto.

Y aquí está el asunto que regresa: mientras el Estado sigue invirtiendo miles de millones en personal, armamento, aeronaves, vehículos blindados Black Mamba, camionetas artilladas con ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk, drones, equipo de videovigilancia y comunicaciones, las organizaciones criminales han avanzado en el uso de tecnología de punta e inteligencia artificial.

Hoy utilizan drones, comunicaciones satelitales cifradas, vigilancia electrónica, geolocalización y sistemas digitales de coordinación que les permiten observar, anticipar movimientos y aprovechar las debilidades del gobierno.

Visitas de alto nivel y… ¿resultados?

Omar García Harfuch tiene un apodo que le puso la gente: Batman. No nació en los despachos oficiales, sino en la vieja necesidad popular de encontrar un héroe que venga a resolver lo que las instituciones no han podido.

Ha venido a Sinaloa en 12 ocasiones desde septiembre de 2024. El Gabinete de Seguridad federal ha sostenido al menos ocho reuniones públicas documentadas en la entidad.

En cada visita se anuncian capturas, destrucción de laboratorios, aseguramiento de arsenales, drogas y vehículos. Y, de manera sistemática, se intenta sembrar la idea de que los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el feminicidio, van disminuyendo.

Tal vez sea cierto, pero sin embargo, el día a día de los sinaloenses es muy diferente: una mujer asesinada en su casa, dos sujetos correteados a tiros, un barbero herido en el centro de Mazatlán, seis cuerpos de jóvenes abandonados a un lado de la carretera, una bomba vespertina estalla en populosa colonia…

El 9 de noviembre, durante la más reciente visita, Defensa informó que mantenía 22 mil 667 efectivos en Sinaloa, equivalentes al 23 por ciento de su despliegue nacional. A ello se sumaron refuerzos de Marina, Guardia Nacional, vehículos y equipamiento. En total, operan el estado más de 35 mil elementos tanto de fuerzas federales como estatales y municipales. Este número es ocho veces mayor al que recomienda la ONU por cada 100 mil habitantes.

Vemos militares, marinos, guardias nacionales, policías estatales y municipales en cada esquina, o transitando en camionetas artilladas por las principales calles de la ciudad.

Pero, ¿de qué sirve tan espectacular despliegue cuando los criminales siguen teniendo la iniciativa, conocen el territorio y encuentran la eficacia en la guerra de guerrillas, siempre un paso adelante de la autoridad?

No se trata de retirar soldados ni de desarmar a las corporaciones. Se trata de entender que la presencia física no sustituye a la inteligencia, que un operativo espectacular no equivale a desarticular una organización y que detener a un jefe criminal no significa necesariamente acabar con la estructura que lo sostiene.

Desde la Operación Cóndor, hace medio siglo, hasta la actual estrategia federal, seguimos repitiendo una fórmula que privilegia la fuerza y deja en segundo plano la inteligencia.

Veinte años después de aquel artículo, vuelvo a encontrarme con la misma pregunta y, lamentablemente, con la misma respuesta.

Parafraseando al filósofo Jiménez, concluyo: otra vez estamos atascados en el mismo lodo.

Saludos cordiales.

MM