Jacqueline Peschard consideró que l verdadero trasfondo de esta situación no radica en la operatividad de los módulos, sino en una estrategia gubernamental de desprestigio que busca revivir la narrativa de que el órgano electoral necesita una reestructuración.

Ante la amenaza de un paro de labores, el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un incremento salarial del 6% para el personal adscrito a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), pero hasta enero de 2027.

No obstante, trabajadores rechazaron este ofrecimiento y confirmaron el paro de actividades este lunes en algunos módulos del país.

En días pasados, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE anunciaron que más de 5,000 trabajadores que laboran en unos 800 módulos de 20 estados, realizarían un paro de labores este lunes 9 de noviembre, en protesta por mejores salarios y condiciones laborales.

Entre los reclamos está que su sueldo es apenas el salario mínimo, o incluso menor, al tiempo que no tienen prestaciones, y sus jornadas laborales son de más de ocho horas, lo que se suma a la falta de insumos en los módulos de Atención.

Ante ello, y en medio de una crisis institucional por los señalamientos de corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei, la nueva administración interina del organismo electoral anunció la revisión integral de todas las áreas para identificar las necesidades en los módulos de atención y las alternativas para mejorar sus condiciones laborales y las posibilidades presupuestales del INE.

Fue así que, a un día de este paro, el INE lanzó un paquete de medidas para atajar estas demandas de los trabajadores encargados de la expedición de la credencial para votar.

Entre ellas, el ajuste en la percepción salarial para el personal con nivel FA1 a partir de enero de 2027.

Mientras que durante el primer trimestre de 2027, el instituto analizará escenarios de financiamiento e impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza Norte, con miras a integrarlos en el presupuesto de 2028.

En el caso de los periodos vacacionales, se anunció que para el segundo periodo de 2026, se determinó una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de forma escalonada según la demanda del servicio.

Asimismo, el INE dijo que acelerará la actualización del equipamiento tecnológico en los módulos, la cobertura de papelería, servicios de limpieza y vigilancia, así como la liquidación de viáticos, peajes y gastos de campo adeudados del ejercicio 2026.

Amenazan a confianza ciudadana

El especialista y analista electoral Jorge Aljovín advierte que este conflicto no solo compromete la operativa diaria del organismo, sino que llega en el peor momento institucional, amenazando la confianza ciudadana y la preparación del proceso electoral de 2027.

“Si pudiéramos ocupar las propias frases del oficialismo, diríamos que no puede haber INE rico con trabajadores en condiciones paupérrimas”, señala Aljovín y calificó las peticiones de la plantilla como “totalmente legítimas”.

Aljovín remarca que, de prolongarse el conflicto, la afectación rebasará las fronteras del instituto, pues el próximo año se llevará a cabo el corte del padrón electoral con miras a los comicios de 2027, un procedimiento que depende por completo de la actualización constante y la entrega de credenciales.

A su vez, dijo, la crisis laboral se suma a la tensión generada por los recientes recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados y los señalamientos de corrupción al interior del órgano, por lo, añadió, este escenario arrincona a la institución.

Por su parte, la especialista y exconsejera electoral Jacqueline Peschard, sostuvo que estas amenazas de paro y recorte presupuestal buscan desacreditar al organismo, justo cuando atraviesa por un momento complejo marcado por la incertidumbre institucional, sumado a recortes presupuestales y tensiones internas que han derivado en amagos de inconformidad en los módulos de atención ciudadana.

Sin embargo, para la especialista, el verdadero trasfondo de esta situación no radica en la operatividad de los módulos, sino en una estrategia gubernamental de desprestigio que busca revivir la narrativa de que el órgano electoral necesita una reestructuración profunda.