El canciller solicitará que países tengan más control del destino del armamento para evitar el tráfico de éste; alita México respuesta si fabricantes de EU piden desestimar demanda por negligencia: Celorio Alcántara
Ciudad de México.- México tiene lista su estrategia legal en caso de que mañana lunes las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos pidan formalmente al juez en la Corte de Justicia de Massachussets desestimar la demanda que enfrentan por prácticas negligentes, anticipó el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.
En entrevista con Excélsior, el funcionario anunció que al mismo tiempo que vence el plazo para la respuesta de las armerías, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, lanzará un llamado dentro de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que preside nuestro país, a los estados involucrados para que impulsen una mayor regulación a sus industrias en el objetivo de combatir este tráfico ilegal.
“Lo que van a buscar es desestimar la demanda diciendo que gozan de inmunidad, la inmunidad la cuestionamos en el sentido de que esa es una ley en los Estados Unidos, una ley estadunidense no tendría por qué darle inmunidad a un daño que ocurre en México, no tiene efectos extraterritoriales.
“Nos dirán que no podemos demandar en los Estados Unidos y nosotros argumentamos que hay un nexo causal entre lo que hacen y dejan de hacer y lo que nos afecta en daños directos e indirectos”, explicó.
En un hecho inédito, el pasado 4 de agosto el Gobierno de México inició un litigio civil contra los 11 principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos por ser causantes, debido a su “negligente comercio”, de la ola de violencia en nuestro territorio ya que cada año son enviadas de forma ilegal más de medio millón de armas de fuego (pistolas, rifles de asalto, barrets o pistolas bajo pedido) a los grupos del crimen organizado.
Por los daños que ha ocasionado esta violencia México exige una compensación económica superior a los 16 mil millones de dólares, que representan hasta el 6 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto.
“Lo que busca la demanda es que se auto regulen las empresas, que tengan mecanismos de monitoreo, de sanción a sus distribuidores, si tienen un distribuidor que está cometiendo un ilícito o que sabiendo que se las están vendiendo a alguien del crimen organizado dejen de venderlas.
“Tienen que modificar la forma como publicitan sus armas, publicitan armas que ellos denominan de recreo o para cacería como armas de guerra, las diseñan de una manera que llaman a atención de un mercado de consumidores que no está en Estados Unidos sino en México, entonces es una situación de oferta y demanda”, sostuvo.
En la demanda, México recurre a la tesis de la responsabilidad civil (tort law) que ocurre por la acción u omisión, negligente y que causa daños a terceros sujetos.
“En la demanda nosotros argumentamos que la situación de violencia armada en México, ocasionada principalmente por el tráfico ilícito de armas procedente de Estados Unidos es resultado de prácticas y omisiones de las empresas a las que estamos demandando.
“¿Cuáles son estas prácticas?, en primer lugar, sabiendo que sus armas se encuentran en escenas del crimen en México, que son utilizadas por el crimen organizado no toman ninguna medida para monitorear, disciplinar e impedir que sus distribuidores o vendedores le vendan una, cinco o más armas a una misma persona, a prestanombres, que un lunes se la vendan a alguien y el martes regresa esa misma persona por otra”, señaló.
El consejero jurídico de la Cancillería adelantó que una vez que los 11 fabricantes que responderán en conjunto, entre ellos Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Barret Firearms Company, así como Glock y Ruger, presenten sus “argumentos” para desestimar la demanda, México no cejará en su empeño de mantener el juicio hasta sus últimas consecuencias y para ello ya trabaja en su réplica jurídica para entregarla al juez antes del 31 de enero de 2022.
“Nos vamos a todo en el litigio, lo importante no es el acuerdo, queremos que cesen sus prácticas, lo importante no es la compensación, sino que han generado daños muy profundos a mexicanas y mexicanos. Lo importante no es que nos digan que van a cambiar sus prácticas de mercadeo y publicidad, lo importante es que dejen de aprovecharse de la violencia que ocurre en México y dejen de alimentar al crimen organizado con sus armas”, comentó.
En la demanda que llevó dos años elaborar al equipo jurídico de la SRE cuenta con respaldo de los abogados estadounidenses, Steve Shadowen, experto en materia de responsabilidad civil y casos que promueven reformas en industrias; y Jonathan Lowy, jefe del Departamento Jurídico de la organización Brady Center to Prevent Gun Violence, que ha representado a víctimas, organizaciones y entidades gubernamentales dañadas por la violencia armada.
Por este acompañamiento legal, México pagará anualmente alrededor de un millón de dólares.
EBRARD ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD
México planteará este lunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que los países cuyas industrias son líderes en la fabricación de armas ligeras, adopten mayores y mejores controles sobre el destino de sus armas, a fin de evitar su distribución a personas físicas y morales con antecedentes de tráfico y que, al mismo tiempo, desincentiven la compra por parte de personas que buscan cometer actividades ilícitas.
El llamado lo hará el canciller Marcelo Ebrard, al encabezar la sesión denominada “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad”, en el mes en que México mantiene la presidencia de este órgano de la ONU.
“Es muy importante la presencia del canciller y será un llamado a que veamos el tema del tráfico ilícito de armas como un asunto de interés regional y mundial, hay una obligación de los estados y los gobiernos de perseguir el tráfico ilícito de armas, pero también hay una expectativa de cuidado, de debida diligencia de las empresas porque estas empresas se podrían auto regular, podrían tener mecanismos de monitoreo y de sanción a sus malos distribuidores y vendedores. Podrían instalar alguna herramienta para que fueran rastreables más fácilmente, podrían incluir para que solo la pueda disparar la persona que la compró, podrían tener formularios, es una auto regulación”, dijo.
El consejero jurídico de la SRE, Alejandro Celorio aseveró que la misión de las naciones para perseguir el tráfico ilícito de armas debe redoblarse para contar con el compromiso de la industria del fuego para que se auto regule con buenas prácticas y más allá de las normas que imponen las agencias en cada una de las naciones.
“El tráfico ilícito de armas se podría resolver si las empresas deciden no poner sólo por delante el incrementar sus ganancias económicas, si lo hicieran de manera regulada dirían tú distribuidor las armas que te vendo están apareciendo en conflictos armados o en tiroteos en México ¿a quién se las vendes? Ten más cuidado o te dejo de vender, están incitando al tráfico ilícito”, advirtió.
La sesión a celebrarse este lunes en la sede de la ONU tendrá lugar apenas cuatro días después de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joseph Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y se comprometieron a combatir este delito transnacional.
“Cientos de miles de armas de fuego cruzan hacia México anualmente, empoderando a las organizaciones criminales transnacionales y generando daños irreversibles a la sociedad”, indica la Declaración conjunta negociada por los tres países.
“Para abordar estas cuestiones y proteger a nuestras comunidades de los daños que surgen del entorno global de las drogas ilegales y del tráfico de armas de fuego al que se enfrenta América del Norte, debemos tener un enfoque colectivo y coordinado. Nos comprometemos a seguir abordando estas cuestiones a través del Diálogo sobre las Drogas en América del Norte en 2022 y más adelante”, establece el documento.
