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Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales (conocidas como fichas rojas) en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.

La solicitud a la Interpol (que permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países) se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.

De acuerdo con autoridades ministeriales, la FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.

Son tres los delitos por los cuales se ha ordenado la captura del matrimonio: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.

La indagatoria, de la cual Animal Político reveló varios detalles en esta nota, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.

Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.

En caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos a través del cumplimiento de la ficha roja correspondiente, existe la posibilidad de que primero haya que solventar un proceso de extradición cuya duración dependerá del país en el que sean detenidos y el tratado que se haya firmado.

Otra alternativa es que los implicados se presenten voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para que se realice la audiencia inicial. Penalistas consultados por este medio indicaron que también tienen la posibilidad de buscar una demanda de amparo, sin embargo, dado que los delitos que se le imputan al matrimonio son graves este difícilmente sería procedente.

Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito. Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.

Más de una década de indagatorias y denuncias

La indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en contra de dicho contador.

Desde hace más de una década la FGR (entonces PGR) ha iniciado averiguaciones previas e indagatorias por múltiples denuncias oficiales y anónimas que involucran al despacho Álvarez Puga & Asociados en mecanismos de posible defraudación fiscal, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros. No obstante, hasta ahora no se le ha logrado procesar por ningún caso.

Por ejemplo, en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció ante el Ministerio Público y ante autoridades de Hacienda al referido despacho por haber impulsado un presunto fraude millonario a través de empresas outsourcing con las cuales múltiples patrones burlaron aportaciones laborales. El caso derivó incluso en auditorías por parte del SAT en oficinas del despacho de siete ciudades.

La PGR también ha recibido denuncias que apuntan a los Álvarez Puga como los responsables de implementar un modelo de facturación apócrifa a través de empresas que simulan operaciones simuladas. Se trata de un esquema que además de deriva en fraudes fiscales, ha sido utilizado para desviar recursos públicos como los registrados en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte, o en Chihuahua y otras entidades con la denominada “Operación Safiro”.

Investigaciones periodísticas también han revelado los nexos de estas personas con presuntos hechos irregulares. En 2012, por ejemplo, el diario The New York Times publicó que detrás de la firma de asesoría fiscal y administrativa de los Álvarez Puga había una matriz de compañías fachada – constituidas en el papel pero que no operan en la realidad – que ponían al servicio de potenciales clientes con fines en muchos casos ilícitos.

Dicho modus operandi, que le permitió a Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga obtener ganancias millonarias, fue replicado por múltiples despachos en el país. Un ejemplo fue el despacho de contadores de López Gachuz gracias al cual fueron desviados más de 3 mil 600 millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con autoridades federales con pleno conocimiento del caso, a los Álvarez Puga se les considera como fundadores de estos esquemas de defraudación que han dejado incontables pérdidas al país y de los que se han servido tanto empresarios como políticos de diversos partidos.

Opacidad de último minuto

Un día antes de que concluyera el sexenio peñista, la Secretaría de Gobernación –cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong— reservó durante 5 años los contratos adjudicados a la empresa denominada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que es investigada por autoridades federales por su presunto involucramiento en delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.

Dicha compañía está vinculada al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la actriz y conductora de TV Inés Gómez-Mont; la empresa es considerada por la Secretaría de Hacienda como “facturera” o “fantasma”, es decir, que emite comprobantes fiscales por bienes y servicios que, en realidad, no se llevaron a cabo.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –que dependía de la Segob– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.

El 30 de noviembre de 2018, un día antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, el Comité de Transparencia del OADPRS reservó en su totalidad y por un periodo de 5 años todos los contratos adjudicados a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., incluidos los dos mediante los cuales se le pagaron casi 3 mil millones de pesos.

En la resolución OADPRS/CT/069/18, el Comité de Transparencia justificó la reserva de información absoluta alegando motivos de seguridad nacional, rehusándose a entregar siquiera una versión pública de los contratos que no contuviera datos sensibles. El órgano argumentó que los contratos contienen información sensible que se le tuvo que revelar al proveedor.

“En ese sentido, al proporcionar la documentación que se solicita se estaría divulgando información de carácter sensible, que fue necesaria revelar al proveedor para llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, tales como normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y características y especificaciones de equipo útiles para la generación de inteligencia para la seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), así como la distribución, ubicación e instalación en zonas estratégicas de dichos bienes dentro del Centro. Asimismo, se darían a conocer los procedimientos y normas de seguridad que son necesarios llevar a cabo para tener control en el acceso, permanencia y salida de personas y de sus pertenencias, como son la revisión y registro en los Ceferesos, incluso en las áreas restringidas, así como las medidas que permiten mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los mismos”, sostiene la resolución.

El Comité de Transparencia agregó que la difusión de los contratos podría revelar la identidad del personal de la empresa que participó en la instalación o supervisión de los servicios de inteligencia contratados, lo que facilitaría que fueran contactados y cooptados por la delincuencia organizada.

“Al hacer pública la información relativa a los servicios de inteligencia a realizarse, sus alcances, las fechas propuestas para su inicio y terminación, así como los datos específicos y técnicos de los equipos útiles para la generación de inteligencia, se podría prestar a que cayera en manos de organizaciones criminales, quienes al identificar al proveedor y entablar cualquier tipo de comunicación con sus representantes, tengan acceso a la información específica del proyecto y conozcan los puntos vulnerables en los sistemas tecnológicos de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, potenciando con ello una amenaza a las instalaciones de los Centros Penitenciarios, mediante sabotajes, evasión o ataques que debiliten o anulen las acciones y pronta reacción del personal de custodia y seguridad penitenciaria del Cefereso, poniendo en peligro la vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de los visitantes y de los servidores públicos que se encuentran en los mismos, vulnerando con ello la Seguridad Pública y Nacional”, indica la resolución de reserva.