A las 12:00 horas inició la sesión del Congreso del Estado
Culiacán, Sin.- Será el día de hoy cuando se defina el futuro del alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro en el Congreso del Estado de Sinaloa, pues los diputados en sesión secreta decidirán sí permanece con fuero o no.
Cabe destacar que durante esta reunión plenaria se dará lectura a los dictámenes de la Comisión Instructora, que resolvieron como procedente el desafuero del presidente municipal, que serán discutidos y votados por los 40 legisladores, ante un Poder Legislativo estatal que se erige en jurado de acusación y solamente va a decidir si se elimina el fuero constitucional y el acusado pueda ser juzgado.
Lo anterior, debido a que hay dos solicitudes por parte de la Fiscalía General del Estado al Congreso para que el alcalde con licencia pueda ser investigado al ser acusado de cometer cuatro delitos, entre ellos:
Abuso de autoridad.
Discriminación.
Ejercicio indebido del servicio público.
Desempeño irregular de la función pública.
La convocatoria es a las 12:00 en donde y no acudió el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro.
La fiscal Sara Bruna Quiñónez, explicó que esto forma parte del procedimiento a seguir ante las denuncias que hay de ciudadanos en contra del munícipe en la fiscalía
Culiacán, Sin – La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, confirmó que esta institución solicitó este jueves al Congreso del Estado, emita una Declaratoria de Procedencia por la Comisión de Delitos contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.esto en atención a denuncias presentadas por ciudadanos en su contra, acusado de los delitos de abuso de autoridad y discriminación.
Recordó que ante la vicefiscalía zona centro se interpuso una denuncia y/o querella por parte de cada uno de las y los integrantes del colectivo de Familias de Policías Caídos por los delitos antes mencionados.
“La fiscalía del Estado confirma que el día de ayer se solicitó ante el Congreso del Estado fuera desaforado el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, tras denuncias que se presentaron por ciudadanos que lo acusan de discriminación y abuso de autoridad; También se están integrando otras carpetas, en breve se harán más solicitudes ante el Congreso del Estado”, expuso.
Cabe señalar que, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se tienen 4 carpetas más, contra personal del Ayuntamiento de Culiacán las cuales se siguen trabajando y hasta el momento no se tiene alguna determinación.
La fiscal Quiñónez indicó que, para poder iniciar un proceso legal contra un servidor público electo mediante el voto popular, es necesario iniciar antes un procedimiento para la declaración de procedencia por parte poder legislativo.
Lo revisado son los informes individuales que refieren a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020
Culiacán, Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa continuó este viernes sus encuentros con personal técnico de la auditoría para conocer los informes técnicos de la fiscalización superior a las Cuentas Públicas del año fiscal 2020, para obtener elementos que les permitan dictaminar mejor dichas cuentas.
Participaron en la sesión de trabajo los diputados Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta Zazueta, César Ismael Guerrero Alarcón y Adolfo Beltrán Corrales, así como las diputadas Rita Fierro Reyes, Nela Rosiely Sánchez Sánchez y Alba Virgen Montes Álvarez, presidente, secretario y vocales respectivamente.
Durante la reunión el personal técnico de la Auditoría Superior del Estado presentó los resultados de las auditorías financieras y de obras a las juntas de agua potable de los municipios de Ahome, Elota, Navolato, Mocorito y Angostura.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, explicó que lo revisado son los informes individuales que refieren a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020.
“El objetivo es tener un conocimiento previo, empaparnos todos como miembros de esta Comisión para entrar posteriormente a una etapa de dictaminación”, explicó.
Se trata, abundó, de ir esgrimiendo todas las dudas, todas las inquietudes que tengamos sobre cada uno de los entes que han sido auditados y poder tener una expresión correcta, precisa, sustentada en la ley, con todos los elementos técnicos para que esta pluralidad de esta 64 Legislatura, teniendo como máximo el 31 de octubre, de acuerdo a la ley, pueda definir una postura, una opinión sobre las Cuentas Públicas.
En particular, sobre la reunión de este viernes, expuso que se abordó una parte de las juntas de agua potable, y aclaró que ya se abordó lo referente a los 18 municipios- También, adelantó, se revisará lo referente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Con esta ley las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ambas actividades
Culiacán Sin. Por unanimidad se aprobó el el dictamen para expedir la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.
Con esta ley las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ambas actividades.
Durante la discusión a favor del dictamen hablaron Ambrocio Chávez Chávez, Elizabeth Chia Galaviz, Ricardo Madrid Pérez, Alba Virgen Montes Álvarez, Giovanna Morachis Paperini, María Guadalupe Cázarez Gallegos y Celia Jáuregui Ibarra.
Diputadas y diputados también adicionaron al Código Penal para el Estado de Sinaloa Delitos Contra la Libre Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien:
I. Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos; y II. Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos. El presente delito se perseguirá por querella. Cuando la conducta prevista en el artículo anterior sea cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta en el doble.
Con esta Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.
Las autoridades del Estado de Sinaloa deben implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.
Toda agresión a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas será atendida e investigada, por las autoridades correspondientes, de manera inmediata y oficiosa. Tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque de derechos humanos diferenciado, dependiendo, entre otros, los de identidad y perspectiva de género.
Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley, se crea el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones y diez son sus facultades, entre ellas:
l. Elaborar su plan de trabajo anual, que deberá ser aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto; II. Presentar ante el Congreso del Estado su informe anual de actividades; III. Disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones; IV. Programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes; V. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las medidas que se dicten en favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como vigilar y evaluar su implementación y cumplimiento; VI. Denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar el cumplimiento de las medidas a que se refiere la fracción anterior; VII. Presentar las denuncias o quejas correspondientes ante las instituciones de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas; VIII. Establecer acciones de capacitación, coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, así como con otros órganos y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control y demás estructura que señale su reglamento interior, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables.
Las personas integrantes del consejo serán nombrados por el Congreso del Estado por las dos terceras partes de los miembros presentes, previa convocatoria pública observando el principio de paridad de género. Durarán en su encargo cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, el cargo será honorífico.
El director general del Instituto será nombrado por el Congreso del Estado mediante convocatoria pública que deberá ser transparente. Durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto.
El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones y la persona será designada por el Congreso, mediante convocatoria, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Durará en su encargo seis años, y no podrá ser reelecto.
Aprobada esta ley y adición al Código Penal, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor, el Congreso emitirá la convocatoria pública que deberá ser transparente para designar a las personas consejeras y a quien dirigirá al Instituto.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
El titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones presupuestales necesarias para el funcionamiento del Instituto que se crea mediante el presente Decreto.
La inauguración del curso, que tendrá una duración de dos días, tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 y estuvo a cargo del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Gene René Bojórquez Ruiz.
Culiacán, Sin.- La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa puso en marcha este lunes el curso “Rendición de Cuentas y Fiscalización”, dirigido a funcionarias y funcionarios estatales, cuyo objetivo es que conozcan más a fondo los procesos de fiscalización para atender los requerimientos que éstos implican.
La inauguración del curso, que tendrá una duración de dos días, tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 y estuvo a cargo del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Gene René Bojórquez Ruiz.
Participaron también los diputados Sergio Mario Arredondo Salas y Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente y secretario, respectivamente de la Comisión de Fiscalización.
De igual manera asistieron la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, y la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, en representación del poder Ejecutivo.
En su mensaje de inauguración, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Gene René Bojórquez, aseguró que la información y la vigilancia son características que se concretan cuando existe una estructura institucional que no se limita a la revisión de un solo fiscalizador oficial, sino que permite además la operación efectiva de varios y diversos auditores independientes.
Es decir, abundó, la función fiscalizadora es realizada formalmente por las legislaturas, pero también por la prensa libre, organizaciones civiles, académicos, analistas políticos y la interacción de diversos actores de la esfera pública.
“La rendición de cuentas no debe perder su esencia, debe ser ante todo pública y accesible, clara y comprensible, verídica y confiable, permanente, que aliente la fiscalización ciudadana y de otras organizaciones, y que las sanciones en la reparación de daños se fortalezca, sólo así se podrá mejorar la gestión pública y se evitará la impunidad”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, consideró que todo el andamiaje que se ha desarrollado para la revisión de cuentas muchas veces se ve como algo adverso, como un escenario que detiene para el desarrollo de nuestra agenda.
“Pero a medida en que conocemos, que nos empapamos de todos los elementos de responsabilidad que tenemos como funcionarios, nos queda amucho más claro el rol que jugamos en sociedad, y encontramos rutas para hacer algo como servidores públicos, pues tenemos el privilegio de aportar a la sociedad”, dijo.
Recordó que la Comisión de Fiscalización ya ha trabajado en la capacitación con alcaldes, tesoreros y otros funcionarios municipales.
Aseguró que con ellos se ha generado una sinergia y se ha aprendido de las vicisitudes que enfrentan y de las oportunidades que existen para poder superarlas, adentrarse y convertir estos elementos en fortaleza.
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, explicó que la importancia del curso es que es una apertura de la dependencia que ella encabeza y que tiene que ver con la atención a procedimientos o respuestas a requerimientos.
Se trata de un factor que les va a permitir que el gasto público sea eficiente, así como a prevenir, que es uno de los fines de las funciones que realizan tanto el órgano interno de control del Gobierno del Estado como posteriormente la ASE.
Los temas a ver, adelantó, es la operación de los Órganos Internos de Control y los casos de investigación por requerimientos y observaciones no solventadas.
La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, calificó como de gran valía los esfuerzos que realiza el Congreso del Estado para capacitar a funcionarios municipales y estatales en materia de fiscalización.
Consideró que se puede trabajar de forma colaborativa, coordinada y atendiendo las demandas que tienen los funcionarios estatales, a través de un proceso de fiscalización que atienda puntualmente la normatividad vigente.
Expuso que el gobernador Rubén Rocha Moya busca que se haga un trabajo preventivo para evitar que haya sanciones derivadas de las observaciones.
El dictamen aprobado por las Comisiones unidas pasará al Pleno para su lectura, discusión y votación.
Culiacán, Sin.- Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad dictamen que expide la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como una adición al Código Penal.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación el dictamen fue aprobado por Ambrocio Chávez Chávez, Feliciano Valle Sandoval, Elizabeth Chia Galaviz y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, presidente, secretario y vocales respectivamente.
Y por la Comisión de Derechos Humanos a favor del dictamen votaron Elizabeth Chia Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla, Felicita Pompa Robles y Almendra Ernestina Negrete Sánchez, presidenta, secretaria y vocales, respectivamente.
En el Código Penal para el Estado de Sinaloa diputadas y diputados adicionan Delitos Contra la Libre Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien: I. Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos; y II. Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos. El presente delito se perseguirá por querella. Cuando la conducta prevista en el artículo anterior sea cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta en el doble. Con esta Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo. Las autoridades del Estado de Sinaloa deben implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo. Toda agresión a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas será atendida e investigada, por las autoridades correspondientes, de manera inmediata y oficiosa. Tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque de derechos humanos diferenciado, dependiendo, entre otros, los de identidad y perspectiva de género. Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley, se crea el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión. El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones y diez son sus facultades, entre ellas: l. Elaborar su plan de trabajo anual, que deberá ser aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto; II. Presentar ante el Congreso del Estado su informe anual de actividades; III. Disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones; IV. Programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes; V. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las medidas que se dicten en favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como vigilar y evaluar su implementación y cumplimiento; VI. Denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar el cumplimiento de las medidas a que se refiere la fracción anterior; VII. Presentar las denuncias o quejas correspondientes ante las instituciones de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas; VIII. Establecer acciones de capacitación, coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, así como con otros órganos y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control y demás estructura que señale su reglamento interior, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. Las personas integrantes del consejo serán nombrados por el Congreso del Estado por las dos terceras partes de los miembros presentes, previa convocatoria pública observando el principio de paridad de género. Durarán en su encargo cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, el cargo será honorífico. El director general del Instituto será nombrado por el Congreso del Estado mediante convocatoria pública que deberá ser transparente. Durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones y la persona será designada por el Congreso, mediante convocatoria, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo seis años, y no podrá ser reelecto. Aprobada por el Pleno del Congreso esta ley y adición al Código Penal, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor, el Congreso emitirá la convocatoria pública que deberá ser transparente para designar a las personas consejeras y a quien dirigirá al Instituto. Aprobado el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
El dictamen aprobado por las Comisiones unidas pasará al Pleno para su lectura, discusión y votación.
Cabe destacara que durante la sesión de hoy se lee el dictamen y se discutirá el próximo martes.
La revocación de mandato será convocada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Culiacán, Sin. De forma unánime el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a la Constitución local para establecer la revocación de mandato para quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Con 39 votos a favor, en sesión pública ordinaria, el Pleno aprobó dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Durante la discusión, a favor del dictamen hablaron el diputado Ambrocio Chávez Chávez, y las diputadas Elizabeth Chia Galaviz y Gloria Himelda Félix Niebla, Morena, PAS y PRI, respectivamente.
La revocación de mandato constituye un importante avance en la garantía de la democracia participativa, pues es concebida como una de las vías más idóneas para la rendición de cuentas.
Diputadas y diputados consideraron oportunas y viables las propuestas de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de revocación de mandato.
Reformas con el propósito de armonizar dicha figura con los parámetros federales, que permita garantizar a las y los sinaloenses el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo local.
Con estas reformas se fortalece el sistema de representación política, debido que obliga a quien ocupe la titularidad del Ejecutivo local a cumplir con sus responsabilidades, obligaciones y compromisos asumidos, de lo contrario las y los ciudadanos sinaloenses podrán hacer uso de dicho instrumento para remover de su cargo al titular del Gobierno estatal.
Se aprobó dictamen elaborado con las iniciativas presentadas ante el Congreso local por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; los grupos parlamentarios de Morena y el PAS, y un grupo de ciudadanas y ciudadanos sinaloenses.
La revocación de mandato será convocada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a petición de las ciudadanas y ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del estado, en por lo menos once municipios.
Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional.
Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal del estado, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o local.
El IEES tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación. El cómputo final lo realizará el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.
Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado.
En caso de haberse revocado el mandato del Gobernador o Gobernadora, el Congreso nombrará dentro de los treinta días siguientes a quien concluirá el período constitucional.
La revocación de mandato fortalece la democracia participativa, la rendición de cuentas, el control del poder político, la participación de la ciudadanía e incentiva conductas en el ejercicio del poder para el cumplimiento del servicio público.
El Congreso del Estado deberá expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Sinaloa dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
Aprobadas las reformas el presidente de la Mesa Directiva Gene René Bojórquez Ruiz remitió el expediente a los ayuntamientos del estado para que emitan su voto dentro de los quince días siguientes.
En la Sesión del martes el dictamen pudiera aprobarse o a más tardar el jueves de la próxima semana
Culiacán, Sin. La próxima semana el Congreso del Estado de Sinaloa aprobará la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, dijo el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena mencionó que el lunes sesionarán las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos para dictaminar la ley de protección a periodistas y el martes en el Pleno será leído el documento.
El legislador expuso que en la Sesión del martes el dictamen pudiera aprobarse o a más tardar el jueves de la próxima semana.
Castro Meléndrez señaló que este miércoles se dio lectura a otra iniciativa sobre el tema presentada por el diputado Ricardo Madrid Pérez, del PRI, con el objetivo de atender todas las propuestas para que en reunión de trabajo Comisiones unidas emitan el dictamen correspondiente.
Precisó que luego de la primera lectura a la iniciativa leída en la Sesión de este miércoles, se le dispensó la segunda lectura y posteriormente turnada para su análisis a Comisiones unidas para su dictaminación.
“Es acuerdo de la Junta de Coordinación Política —puntualizó— que deberá la Comisión de Puntos Constitucionales reunirse para dictaminar a propósito de esta ley, y la semana entrante estarla discutiendo y aprobando”.
Dado que a nivel federal se legisla sobre una Ley General de Protección a Periodistas, el diputado Feliciano Castro informó que se está considerando la pertinencia de establecer un comunicado hacia el Congreso de la Unión para ver cómo va el proceso allá.
“Pero la Junta de Coordinación Política hoy ha resuelto –remarcó– que nosotros vamos a avanzar, que si mañana el Congreso de la Unión, aprueba la Ley General, para el caso de protección a periodistas, pues tendríamos, si se supone así, que hacer las armonizaciones correspondientes”.
Desde el Congreso diputadas y diputado se pronunciaron por avanzar en leyes y herramientas de prevención y protección a periodistas
Culiacán, Sin. Diputadas de Morena, PRI y PAS y diputado sin partido condenaron el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos y se pronunciaron por avanzar en leyes y herramientas de prevención y protección para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
En el punto de asuntos generales de la Sesión Extraordinaria de este miércoles, el caso de Luis Enrique Ramírez fue tratado en tribuna primeramente por la diputada Cecilia Covarrubias González, de Morena, quien resaltó que el crimen de periodistas implica la afectación del derecho a la información y a la verdad que tienen todas las mexicanas y mexicanos.
Cuestionó que la inseguridad pública sigue siendo un problema fuerte en el país y advirtió que se reclama fuertemente que no haya impunidad.
Sin embargo, aclaró que el gobernador Rubén Rocha Moya ha fijado una postura contundente de total respeto a la libertad de prensa, y ha expresado que en su administración no tendrán cabida funcionarios que mantengan o interpongan demandas contra periodistas por motivo de su ejercicio profesional.
“Como integrantes del Estado mexicano los poderes públicos y autoridades del estado de Sinaloa estamos obligados a proteger, preservar y garantizar su trabajo, así como la libertad de expresión”, dijo.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Alma Rosa Garzón Aguilar, también de Morena, recordó la labor periodística de Luis Enrique Ramírez y aseguró que dejó un mensaje sobre el poder político y el poder económico.
Coincidió en que hay exigencia social de justicia, pero confió en que el gobernador Rubén Rocha hará todo lo que esté a su alcance y cooperación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este asesinato.
También le otorgó su voto de confianza a la titular de dicha fiscalía, Sara Bruna Quiñónez, para que esclarezca el caso. La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, señaló que la prensa puede ser buena o mala, pero aclaró que sin libertad siempre se tendrá una mala prensa.
“Cuántos más vamos a esperar que se nos vayan, que nos sean arrebatados de esta forma, como es el caso de Luis Enrique Ramírez”, cuestionó.
“Se nos ha ido una gran pluma y de la peor manera. Nuestra solidaridad con el gremio periodístico”, expresó.
Es bueno, añadió, que todos hoy encontremos un punto de inflexión para que este lamentable suceso no quede en una manifestación en tribuna, sino que marque un antes y un después en lo que el Congreso del Estado habrá de conducirse en el tema de libertad de expresión y ofrecer herramientas para su defensa a periodistas y defensores de los derechos humanos.
La diputada Elizabeth Chia Galaviz, del PAS, calificó de inaceptable la agresión que está ocurriendo contra periodistas en todo el país y de manera muy artera en Sinaloa.
También se pronunció por sacar adelante la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Asimismo brindó su respaldo al gobernador Rubén Rocha en su petición de que se acelere el proceso de la aprobación de la Ley General de Protección a Periodistas.
Las y los periodistas, afirmó, representan la libertad de expresión a la que tiene derecho toda la sociedad.
El diputado Adolfo Beltrán Corrales, quien no pertenece a ningún partido, advirtió que en lo que va del presente año ya suman 11 periodistas a quienes les han quitado la vida en México, y advirtió que ello indica que las cosas no se están haciendo bien.
Coincidió en señalar que el Congreso del Estado debe aprobar la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
“Invito como Congreso a esta reflexión y al compromiso de poder legislar en consecuencia, generar una ley que cuando menos siente las bases de protección a este gremio”, dijo.
A través de un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política se demanda justicia para Luis Enrique y para todas y todos los periodistas caídos en el cumplimiento de su trabajo.
Culiacán, Sin.- Para esclarecer el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa solicita a la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada no descartar ninguna línea de investigación, que el trabajo se haga con limpieza y transparencia y no se oculte nada a los familiares y a la sociedad sinaloense.
La JUCOPO, presidida por el diputado Feliciano Castro Meléndrez, demanda que la investigación que la Fiscalía General del Estado realice, permita llegar a la verdad de los hechos y que la impunidad deje de existir en todos los delitos que se cometen en Sinaloa y en nuestro país.
Esta Sesenta y Cuatro Legislatura se compromete a que la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se haga una realidad y se convierta en Ley en este año 2022.
¡A eso nos comprometemos!, se expone en el pronunciamiento de la Junta, órgano de gobierno del Poder Legislativo de Sinaloa, integrado por todas las fuerzas políticas. “La sociedad sinaloense se vuelve a conmocionar con la triste noticia del asesinato del periodista, Luis Enrique Ramírez Ramos. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa manifiesta su repudio por el asesinato del director del portal de noticias Fuentes Fidedignas, y columnista del periódico EL DEBATE”, agrega el pronunciamiento.
Las diputadas y diputados manifiestan que privar ilegalmente de la libertad y quitarle la vida a un ser humano es un acto de barbarie que merece la reprobación del Congreso del Estado de Sinaloa, del gremio periodístico, y de toda la sociedad sinaloense.
“¡Justicia para Luis Enrique Ramírez y para todas y todos los periodistas caídos en el cumplimiento de su trabajo!”.
