Un informe de gobierno puede llenar cientos de páginas, presumir obras, programas, inversiones y acciones; puede presentar gráficas, porcentajes y fotografías de funcionarios entregando apoyos. Pero hay una pregunta que ningún documento puede responder por sí solo: ¿cómo está realmente Sinaloa?
El pasado 15 de noviembre, el Gobierno del Estado entregó al Congreso el Quinto Informe de Gobierno, correspondiente al quinto año de la administración estatal. El documento llegó al Poder Legislativo para su revisión y, con ello, comienza una de las etapas que más deberían importar en la relación entre los poderes: la glosa, ese ejercicio en el que los funcionarios tienen que explicar qué hicieron, cómo lo hicieron y, sobre todo, qué resultados obtuvieron.
El próximo 2 de diciembre, Graciela Domínguez Nava acudirá al Congreso para sostener una reunión de trabajo con las y los diputados. Después, del 4 al 16 de diciembre, comparecerán los titulares de las distintas secretarías.
En el papel, todo parece estar en orden. Hay fechas, hay funcionarios convocados y hay un procedimiento legislativo que se repite cada año. Sin embargo, esta vez hay circunstancias que hacen que la revisión tenga una dimensión distinta.
Sinaloa no llega a este informe en condiciones ordinarias. La administración estatal ha atravesado cambios en la titularidad del Ejecutivo, mientras el estado continúa enfrentando una crisis de seguridad que ha golpeado la vida cotidiana, la actividad económica, los empleos y la confianza de la ciudadanía.
Por eso, más que escuchar una exposición de resultados, lo que necesitamos es que los diputados hagan las preguntas que los sinaloenses llevan meses, incluso años, haciendo.
¿Dónde están los resultados de la estrategia de seguridad? ¿Qué explicación hay para los homicidios y las desapariciones? ¿Qué se está haciendo para recuperar la tranquilidad de las familias? ¿Qué pasó con los empleos que se perdieron y los negocios que tuvieron que cerrar? ¿Cómo están los hospitales, qué tan suficiente es el abasto de medicamentos y qué respuesta se está dando a quienes no encuentran atención en los servicios públicos?
No son preguntas nuevas, pero siguen sin tener respuestas suficientes para una sociedad que ha tenido que pagar un costo demasiado alto.
También habrá que revisar el campo, la pesca, la educación, la obra pública y el ejercicio del presupuesto. Porque no basta con informar cuánto dinero se destinó a determinado programa o cuántas acciones se realizaron; hay que saber si esos recursos llegaron a donde debían y si realmente resolvieron los problemas para los que fueron asignados.
Hay otra circunstancia que tampoco debe perderse de vista. Graciela Domínguez llega a esta revisión como gobernadora interina, después de los cambios que vivió el Ejecutivo estatal durante 2026. El informe corresponde a una administración que tuvo distintos momentos y responsables, por lo que también será importante precisar los periodos y las decisiones que se están evaluando. La rendición de cuentas no puede ser selectiva ni acomodarse a la circunstancia política del momento.
Y aquí entra la responsabilidad del Congreso.
Porque recibir un informe, distribuirlo entre los diputados y escuchar a los secretarios no significa necesariamente que se esté cumpliendo con una revisión a fondo. La verdadera glosa comienza cuando se contrastan los datos, se señalan las inconsistencias y se cuestiona aquello que no está funcionando.
No se trata de convertir las comparecencias en un espectáculo de confrontaciones, pero tampoco de hacerlas cómodas para los funcionarios. La cortesía política no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sobre el estado que guarda su gobierno.
Habrá que ver qué tan dispuestos están los diputados a cuestionar y qué tan dispuestos están los secretarios a responder sin recurrir a los discursos preparados.
Porque mientras en el Congreso se presenten cifras y balances, afuera hay ciudadanos que no necesitan que les expliquen la realidad: la están viviendo. Hay comerciantes que siguen tratando de mantener sus negocios, productores que esperan respuestas, familias que buscan a sus desaparecidos y personas que tienen que comprar por su cuenta los medicamentos que deberían encontrar en las instituciones públicas.
Ese es el informe que también debe estar sobre la mesa.
La revisión del Quinto Informe no puede convertirse en un desfile de funcionarios que acuden a cumplir con una obligación, presentan sus diapositivas y se marchan con la satisfacción de haber comparecido. Cada secretaría tiene pendientes y cada peso público debe poder explicarse.
El Congreso tiene la oportunidad de demostrar que la glosa sirve para algo más que cumplir con el calendario legislativo. Y los funcionarios tienen la obligación de entender que no van a rendir cuentas a los diputados por cortesía, sino a los sinaloenses por responsabilidad.
Porque gobernar no es solamente informar lo que se hizo. También es responder por lo que no se hizo, por lo que salió mal y por todo aquello que todavía sigue esperando una solución.




