En política hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Sinaloa camina hacia la elección de gubernatura de 2027 con un gobernador con licencia indefinida, una gobernadora interina, Graciela Domínguez, y un expediente que no se resuelve en los tribunales del estado, sino en otros escenarios.
Rubén Rocha Moya no estará en la boleta, pero su caso puede convertirse en el telón de fondo de toda la contienda. Esa es la sombra que tendrán que administrar los partidos, y especialmente el suyo.
Conviene recordar los hechos sin adornos. Rocha Moya se separó del cargo en mayo, regresó en agosto y al día siguiente pidió una licencia por tiempo indefinido, en medio de acusaciones de autoridades estadounidenses que forman parte de un proceso legal y que, por sí mismas, no constituyen una sentencia.
Después, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas. Recientemente, por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la propia UIF liberó de manera parcial dos de ellas, únicamente para que pueda cobrar sus pensiones. Cada uno de estos episodios ha generado titulares y, sobre todo, conversación pública.
Desde la comunicación política, lo relevante no es anticipar el desenlace jurídico, que corresponde a los tribunales, sino entender cómo un caso así reconfigura la competencia electoral.
El primer efecto es el de la agenda. Cuando un tema de esta magnitud domina la conversación, los aspirantes pierden la posibilidad de fijar sus propios temas. Cualquier entrevista, debate o recorrido termina con la misma pregunta. Y quien no tiene una respuesta clara, honesta y consistente queda atrapado en un terreno que no eligió.
El segundo efecto es el de la asociación. Para el partido gobernante, el reto será construir una candidatura que represente continuidad en los programas, pero distancia frente a los cuestionamientos. Es un equilibrio difícil.
Si se marca demasiada distancia, se corre el riesgo de parecer desleal y de dividir a la base. Si se ofrece una defensa cerrada, se entrega a la oposición su mejor argumento. La salida suele estar en un relato de institucionalidad: que la justicia haga su trabajo, que la presunción de inocencia se respete y que el proyecto no dependa de una persona.
Para la oposición, la tentación será convertir el caso en el eje de su campaña. Es comprensible, pero también arriesgado. Las campañas construidas únicamente sobre el escándalo ajeno tienen techo.
Los ciudadanos de Sinaloa no solo quieren saber quién tiene la culpa de lo que salió mal; quieren saber quién puede devolverles tranquilidad, seguridad y oportunidades. Una oposición que solo señala, sin proponer, difícilmente logra capitalizar el desgaste del adversario.
Hay un tercer actor que suele olvidarse: la ciudadanía. En contextos de incertidumbre institucional, el riesgo mayor no es que gane uno u otro partido, sino que crezca la desconfianza hacia la política en su conjunto.
Cuando la gente percibe que los gobiernos se juzgan más en expedientes que en resultados, la participación cae y el cinismo crece. Y un electorado desencantado es terreno fértil para cualquier aventura.
La elección de 2027 en Sinaloa no será un juicio sobre Rocha Moya, pero sí una prueba sobre la capacidad de los partidos para hablarle a una sociedad cansada.
Gana quien entienda que la sombra no se combate negándola ni explotándola, sino ofreciendo algo más grande que ella. La pregunta es si alguno de los aspirantes tendrá la claridad para construir esa luz antes de que la boleta llegue a las urnas.




