• La crisis no puede seguir enfrentándose con explicaciones ni justificando la falta de resultados
• Exige un sistema estatal de inteligencia policial, una estrategia integral y resultados medibles en todo el estado
Culiacán, Sin., 12 de noviembre de 2026.- La crisis de violencia que atraviesa Sinaloa exige un cambio de rumbo en la política de seguridad y no la continuidad de una estrategia que ha demostrado ser insuficiente para devolver la tranquilidad a las familias, advirtió la diputada Paola Gárate al exigir a la gobernadora Graciela Domínguez asumir plenamente su responsabilidad y romper con las inercias de la administración anterior.
Al presentar su posicionamiento ante el pleno del Congreso del Estado, la legisladora señaló que lo que ocurre en Mazatlán, particularmente por la gravedad de los hechos registrados en las últimas semanas, es una muestra de la dimensión de la crisis de inseguridad que afecta a Sinaloa y de la necesidad de que el nuevo gobierno estatal actúe con decisiones, estrategias y resultados concretos.
En ese contexto, cuestionó que la respuesta gubernamental continúe concentrándose en anunciar despliegues de fuerzas federales, como la llegada de cuatro mil elementos adicionales de la Guardia Nacional, cuando lo que se necesita es una estrategia integral que permita recuperar el territorio, investigar a las estructuras criminales y prevenir los hechos delictivos.
“La seguridad no se resuelve contando uniformes. Se resuelve con inteligencia, coordinación, investigación, policías capaces y autoridades que asuman decisiones”, sostuvo.
Paola Gárate subrayó que el cambio en el Poder Ejecutivo estatal debe representar también un cambio en la forma de enfrentar la inseguridad. Advirtió que la gobernadora Graciela Domínguez tiene la oportunidad y la obligación de romper con los errores y las inercias de la administración de Rubén Rocha Moya, en lugar de limitarse a administrar la crisis o trasladar a la Federación toda la responsabilidad.
“Sinaloa tiene prisa de paz. Mazatlán tiene hambre de justicia, a continuidad de una estrategia fallida no puede seguir pagándose con vidas. Gobernadora Graciela Domínguez: rompa con la inercia, recupere la autoridad y dé resultados”, puntualizó la legisladora.
Señaló que octubre cerró con 112 personas asesinadas en el municipio de Mazatlán, entre ellos 12 personas que perdieron la vida en las balaceras y motines dentro del centro penitenciario El Castillo, incluso un niño de apenas 2 años de edad, sin que hasta la fecha nadie explique cómo ingresaron las armas al penal bajo custodia del gobierno estatal..
Advirtió que las consecuencias de esta situación trascienden la seguridad pública, pues afectan la actividad económica, la confianza, el turismo y las condiciones de vida de quienes habitan en el municipio y en toda la región sur del estado.
En ese sentido, presentó cuatro exigencias concretas para transformar la política de seguridad en Sinaloa:
- Crear un verdadero sistema estatal de inteligencia policial, coordinado con las fuerzas federales, pero con capacidades propias de investigación, análisis y prevención del delito.
- Implementar una estrategia específica para Mazatlán, con objetivos medibles, responsables identificados y mecanismos de rendición pública de resultados, para que las acciones de seguridad dejen de limitarse a anuncios sin evaluación.
- Realizar una intervención integral en los centros penitenciarios de Sinaloa, que incluya revisión de mandos, controles de ingreso, decomiso de armas, combate a la corrupción y recuperación efectiva del control institucional.
- Asumir plenamente la responsabilidad del gobierno del estado en materia de seguridad, porque la coordinación con las autoridades federales no significa renunciar a las obligaciones constitucionales e institucionales que corresponden a la administración estatal.
La legisladora priista enfatizó que la crisis no puede seguir enfrentándose con explicaciones ni justificando la falta de resultados, pues la sociedad sinaloense demanda respuestas y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en sus municipios.
Asimismo, sostuvo que el Congreso del Estado no puede permanecer como espectador ante la situación que vive la entidad, ya que su responsabilidad es representar a la ciudadanía y exigir cuentas a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad.
