Algo está pasando en el Congreso de Sinaloa que ya empieza a ser difícil de disfrazar con discursos de pluralidad, acuerdos y democracia. Porque una cosa es que Morena tenga la mayoría y otra muy distinta es que esa mayoría termine convirtiéndose en la llave para decidir prácticamente todo lo que ocurre dentro del Poder Legislativo.

La nueva Mesa Directiva para el último año de la 65 Legislatura volvió a poner el tema sobre la mesa. La Presidencia quedó en manos del Partido del Trabajo, un partido que tiene una sola diputada, mientras las fuerzas de oposición quedaron fuera de la conducción de este órgano. Y sí, la decisión fue votada y aprobada. Nadie está diciendo lo contrario. El problema no es solamente lo que permite la ley, sino lo que políticamente representa.

Porque durante toda esta Legislatura la oposición no ha tenido la oportunidad de presidir la Mesa Directiva. Ni una sola vez. Y cuando se habla de cortesía política, precisamente de eso se trata: de entender que aunque una mayoría tenga los votos para imponer sus decisiones, también existen formas de hacer política y de reconocer que el Congreso no pertenece a una sola fuerza.

Pero parece que esa parte ya se les olvidó.

La mayoría puede ganar las votaciones. Puede aprobar iniciativas. Puede sacar adelante reformas. Para eso tiene los números. Lo que resulta más difícil de entender es esa necesidad de controlar también los espacios desde donde se discute, se cuestiona y se confronta.

Y entonces aparece otro asunto que quizá sea todavía más delicado: la tribuna.

En los últimos días han surgido reclamos de legisladores de oposición por la manera en que se han desarrollado las intervenciones durante las sesiones. Se habla de micrófonos que se apagan, de participaciones que no llegan a una segunda ronda y de restricciones para quienes quieren fijar una postura distinta a la de la mayoría.

Puede haber una explicación reglamentaria para cada caso. Puede decirse que los tiempos están establecidos y que quien preside la Mesa tiene facultades para conducir una sesión. Todo eso puede ser cierto.

Pero también es cierto que cuando las quejas empiezan a repetirse, vale la pena preguntarse si estamos frente a simples detalles de procedimiento o frente a una forma cada vez más cómoda de administrar la mayoría.

Porque un Congreso sin oposición incómoda es muy cómodo.

No hay interrupciones. No hay cuestionamientos. No hay quien suba a tribuna a señalar lo que los demás no quieren escuchar. Todo fluye mucho más rápido cuando nadie contradice.

El problema es que un Congreso no está para ser cómodo. Está para debatir. Y el debate, por definición, implica desacuerdo. Por eso llama la atención que, justo cuando comienza el último año de esta Legislatura, la discusión no esté centrada únicamente en lo que se va a hacer por Sinaloa, sino en quién tiene los espacios, quién preside, quién decide y quién puede hablar.

Porque una mayoría no debería necesitar que los demás guarden silencio para demostrar que tiene mayoría.

Si tienen los votos, que los usen. Que defiendan sus reformas. Que expliquen sus decisiones. Que convenzan, cuando puedan, y que voten cuando no logren convencer.

Pero que dejen hablar.

Eso también es democracia.

Y hay algo más: la pluralidad no consiste solamente en que haya diputados de distintos partidos sentados en el Pleno. La pluralidad se nota cuando el que piensa distinto puede subir a la tribuna, cuestionar al gobierno, criticar a la mayoría y decir algo que incomode sin tener que preguntarse si le van a cortar el micrófono.

Porque si solamente se permite hablar cuando todos están de acuerdo, entonces no estamos frente a pluralidad. Estamos frente a una mayoría administrando un Congreso a su medida.

Todavía falta un año para que termine esta Legislatura. Un año en el que habrá reformas, discusiones, cuentas públicas, decisiones importantes y, seguramente, muchas diferencias.

Ojalá que esas diferencias puedan escucharse. Porque al final, los diputados pueden repartirse las presidencias, las comisiones y los cargos. Eso forma parte de la política.

Lo que no deberían repartirse es el derecho de hablar. Y mucho menos decidir quién merece ser escuchado y quién no.

Porque un Congreso que solamente escucha a los suyos termina pareciéndose demasiado a una oficina de partido. Y cuando la mayoría empieza a sentirse dueña de la casa, tarde o temprano deja de escuchar a quienes también viven en ella.