En política, explicar un problema es también una forma de decidir quién carga con él. Por eso importa tanto la manera en que el gobierno federal ha decidido contar lo que ocurre en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado una palabra en el centro de la conversación: injerencismo. Y esa palabra dice mucho sobre la estrategia de comunicación que acompañará al estado en los próximos meses.

La tesis presidencial es directa. “Sinaloa es una demostración que el injerencismo provocó, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, sostuvo. El argumento se apoya en una cronología: según la mandataria, el estado registraba menos de un homicidio diario antes de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y la ruptura posterior dentro del Cártel de Sinaloa disparó la violencia. La conclusión que propone es de alcance mayor: una intervención extranjera no fortalece las instituciones nacionales de seguridad, sino que las debilita.

Hay que reconocer que el relato tiene sustento en los hechos. La captura de Zambada en Estados Unidos no pasó por las instituciones mexicanas, y la guerra entre facciones que siguió es una realidad que los sinaloenses conocen de primera mano. Desde la comunicación, además, el encuadre es eficaz: traslada la discusión del terreno de la seguridad, donde cualquier gobierno pierde, al terreno de la soberanía, donde el gobierno federal encuentra respaldo amplio. Es una forma de decir: esta violencia tiene un origen que no decidimos nosotros.

Pero todo encuadre tiene un límite, y en Sinaloa ese límite se llama vida cotidiana. A la madre que no deja salir a sus hijos de noche, al productor que no puede mover su cosecha o al comerciante que baja la cortina temprano, la explicación del origen le sirve poco si no viene acompañada de resultados. Un relato que explica el pasado puede ganar la discusión pública, pero no sustituye la obligación de cambiar el presente.

El riesgo es que el injerencismo termine funcionando como explicación permanente, un marco que cubre cualquier mala cifra y diluye la responsabilidad de quienes hoy gobiernan.

La propia presidenta parece consciente de ese riesgo. Aclaró que eso no significa que no deba detenerse a quienes cometen delitos, y anunció que equipos del gabinete federal permanecerán alrededor de un mes en el estado para atender seguridad, agricultura, economía y turismo. Esa es la parte del mensaje que más importa a Sinaloa, porque es la única que se puede medir. Su fórmula de “coordinación, sin subordinación” con Estados Unidos solo ganará credibilidad si la coordinación produce menos muertes y más tranquilidad en las calles.

La lectura estratégica es clara: el gobierno ha elegido un relato de soberanía que le funciona a nivel nacional e internacional. La pregunta es si también funcionará en Culiacán, en Navolato o en Mazatlán, donde la gente no evalúa discursos sino noches tranquilas. Sinaloa no necesita que le expliquen de dónde viene la violencia: lo sabe mejor que nadie. Lo que necesita es saber cuándo se va a ir.