El secretario general de la COUC advierte que México enfrenta importaciones récord de granos y necesita recuperar la rentabilidad agrícola.
Culiacán, Sinaloa. – Con 32.9 millones de toneladas de granos, oleaginosas y productos relacionados importados entre enero y agosto de este año, México enfrenta un máximo histórico para ese periodo, mientras las compras de maíz alcanzaron 17.11 millones de toneladas, principalmente de maíz amarillo, alertó Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, al defender la permanencia de políticas públicas de respaldo al sector agrícola.
Al fijar postura sobre las recientes declaraciones de Baltazar Valdéz, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Espinoza Laguna sostuvo que la discusión no debe centrarse en si los productores deben recibir o no apoyos gubernamentales, sino en qué instrumentos necesita la agricultura para competir en condiciones razonablemente similares a las de otros países. Señaló que Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias agrícolas cuentan con seguros, coberturas, financiamiento y mecanismos de protección al ingreso, mientras que, de acuerdo con datos de la OCDE, 54 países destinaron en promedio alrededor de 842 mil millones de dólares anuales entre 2022 y 2024 a distintos mecanismos de respaldo agrícola.
El dirigente campesino aclaró que los productores sinaloenses no buscan vivir permanentemente de los apoyos públicos, sino de lo que producen, pero advirtió que para lograrlo requieren precios que cubran costos y generen una utilidad razonable, financiamiento accesible, mejores mecanismos de comercialización, seguro agrícola y coberturas de precios. Añadió que los apoyos públicos, cuando están bien diseñados y llegan oportunamente, deben considerarse una inversión para preservar una actividad estratégica y no simplemente un gasto.
Espinoza Laguna señaló que Sinaloa cuenta actualmente con agua en las presas, tierras productivas, infraestructura, tecnología y productores con capacidad para generar alimentos, pero el principal desafío es recuperar la rentabilidad de la actividad. Advirtió que si los productores continúan perdiendo dinero durante varios ciclos, disminuirá la superficie sembrada y crecerá la dependencia de las importaciones. Por ello, planteó que la discusión presupuestal debe incluir seguro agrícola, coberturas, financiamiento, investigación, sanidad, infraestructura hidroagrícola, tecnología, comercialización y apoyos al ingreso, además de establecer las condiciones antes de la siembra y no esperar a que los problemas aparezcan después de las cosechas.
“Hay que discutir las condiciones antes de sembrar, no después de cosechar”, sostuvo, al considerar que cuando un agricultor deja de producir no solamente pierde el productor, sino también trabajadores agrícolas, transportistas, comercios, proveedores de maquinaria e insumos y comunidades enteras cuya economía depende del campo. “Nuestra lucha no es para desaparecer los apoyos, es para conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona, recuperar los instrumentos que hacen falta y fortalecer el presupuesto destinado al campo mexicano”, afirmó.
