Hay instituciones que se miden por sus edificios, por el tamaño de sus presupuestos o por la cantidad de estudiantes que pasan por sus aulas. Hay otras que se miden por algo mucho más profundo: por su capacidad de permanecer de pie cuando el poder intenta moverles el piso.

La Universidad Autónoma de Sinaloa pertenece a esa segunda categoría.

Su historia no puede entenderse solamente desde sus aulas, sus laboratorios, sus centros de investigación o sus campus. La historia de la UAS también está hecha de luchas, de controversias, de momentos difíciles y, sobre todo, de una defensa permanente de un principio que no es un privilegio burocrático, sino una condición esencial de la vida universitaria: la autonomía.

La autonomía universitaria no significa impunidad. Tampoco significa opacidad. Mucho menos significa estar por encima de la ley.

Significa algo distinto y mucho más importante: que la universidad pueda pensar, enseñar, investigar, debatir y gobernarse sin que los poderes externos dicten qué debe decir, qué debe investigar o quién debe conducirla.

Por eso resulta especialmente significativo el pronunciamiento de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, respecto a la revisión del ejercicio de recursos estatales entregados a la Universidad Autónoma de Sinaloa durante 2025.

El dato es contundente: aproximadamente 340 millones de pesos fueron fiscalizados y, de acuerdo con la ASE, no se encontraron irregularidades en su aplicación.

La mayor parte de esos recursos correspondió a nómina y servicios, con la documentación comprobatoria correspondiente. Incluso los 50 millones de pesos entregados como apoyo financiero extraordinario para cubrir los aguinaldos de finales de año fueron reintegrados en su totalidad.

No es un detalle menor.

En tiempos en los que la discusión pública suele contaminarse con acusaciones, sospechas y narrativas construidas antes de que existan conclusiones, una auditoría tiene precisamente esa virtud: poner los documentos sobre la mesa y permitir que los hechos hablen.

Los hechos, en este caso, dicen que los recursos estatales de 2025 revisados por la ASE fueron comprobados y que no se detectaron irregularidades.

Eso debe decirse con claridad.

Pero también debe decirse algo más: fiscalizar no es intervenir.

Una cosa es la obligación constitucional de revisar el uso de los recursos públicos y otra muy distinta pretender utilizar los mecanismos de fiscalización como instrumentos de presión política o como puertas de entrada al gobierno interno de una universidad.

Ahí se encuentra la frontera que una democracia madura debe saber respetar.

La universidad pública recibe recursos de la sociedad y, por supuesto, debe rendir cuentas sobre aquellos fondos públicos que administra.

Pero precisamente porque pertenece a la sociedad, debe conservar la libertad necesaria para cumplir su misión educativa sin convertirse en una dependencia subordinada al poder político en turno.

La autonomía es, en ese sentido, una especie de muralla intelectual.

No está construida para proteger abusos sino para proteger la libertad de pensamiento, y quizá por eso ha resultado tan incómoda a lo largo de la historia.

La UAS ha atravesado en los últimos años una etapa particularmente compleja.

Ha enfrentado confrontaciones políticas, disputas jurídicas, cuestionamientos públicos y una intensa discusión alrededor de su gobierno y sus finanzas.

En ese escenario, la autonomía dejó de ser una palabra inscrita en los documentos universitarios para convertirse en una bandera de debate público, y precisamente por eso hoy conviene recuperar el sentido profundo del concepto.

La autonomía no pertenece a un rector, a un grupo político, a un sindicato ni a una administración universitaria.

Pertenece a una institución de la dimensión histórica de la UAS que merece ser defendida desde la crítica responsable, no desde la obediencia ciega; desde la transparencia, no desde la sospecha permanente; desde la ley, no desde el linchamiento político.

La Universidad Autónoma de Sinaloa es, además, mucho más que sus conflictos.

Es una de las instituciones educativas más importantes de Sinaloa y una de las universidades públicas de mayor tradición y presencia en México.

Por sus aulas han pasado generaciones enteras de profesionistas, investigadores, médicos, abogados, ingenieros, maestros, artistas, científicos, periodistas y ciudadanos que han contribuido al desarrollo del estado y del país.

Su prestigio no nació ayer, sino que se construyó durante décadas.

Se construyó con estudiantes que llegaron desde comunidades rurales para convertirse en profesionistas. Con profesores que hicieron de la enseñanza una forma de vida. Con investigadores que dedicaron años a producir conocimiento. Con médicos formados en sus escuelas que después regresaron a servir a sus comunidades.

Una universidad no se reduce a sus balances.

También se mide por las vidas que transforma.

Por eso la discusión sobre la UAS debe escapar de la lógica simplista de buenos contra malos, universidad contra gobierno, autonomía contra fiscalización.

La verdadera disyuntiva es otra: ¿Queremos una universidad pública fuerte, transparente y autónoma, o una universidad sometida a los vaivenes del poder político?

La respuesta debería ser evidente: queremos la primera.

Para ello la autonomía debe caminar de la mano con la rendición de cuentas.

La transparencia no debilita a la universidad. La fortalece.

La fiscalización responsable tampoco destruye la autonomía. La legitima cuando se realiza dentro de las competencias que establece la ley.

En este punto cobra especial relevancia lo señalado por la propia auditora estatal respecto de los recursos propios de la Universidad.

De acuerdo con las resoluciones de tribunales federales, la ASE no tiene competencia para fiscalizar esos recursos propios, mientras que sí conserva facultades para revisar los fondos otorgados por el Gobierno del Estado.

Esa distinción jurídica no es un tecnicismo.

Es justamente el corazón del asunto.

Porque en una República las instituciones tienen facultades, pero también límites.

Y cuando se habla de autonomía universitaria, esos límites deben ser respetados por todos.

La universidad debe rendir cuentas y el gobierno debe respetar su autonomía.

Los órganos fiscalizadores deben cumplir su función dentro de la ley.

La sociedad debe exigir que cada uno haga lo que le corresponde.

Sin excesos, simulaciones, injerencias y sin impunidad.

Quizá esa sea la lección más importante que deja la auditoría de los recursos estatales de 2025.

Después de años de turbulencia, de señalamientos y de una batalla política que ha colocado a la UAS en el centro de la conversación pública, una revisión institucional aporta algo que tanta falta hace en el debate: certeza.

No resuelve todos los problemas de la Universidad, no cancela las discusiones pendientes, no significa que la institución no pueda ni deba mejorar sus mecanismos de transparencia, pero sí establece un dato concreto que no debería perderse entre el ruido político: la ASE informó que en los aproximadamente 340 millones de pesos de recursos estatales correspondientes a 2025 que fueron fiscalizados no encontró irregularidades.

Cuando se trata de dinero público, eso importa y mucho.

Una universidad autónoma no necesita que nadie le regale impunidad.

Necesita que se respete su derecho a gobernarse y, al mismo tiempo, que sus procesos de rendición de cuentas sean tan sólidos que ninguna campaña política pueda convertir una sospecha en sentencia.

La UAS ha sobrevivido a muchas tormentas.

Algunas llegaron desde fuera, otras nacieron dentro, pero una institución con más de un siglo de historia no puede definirse por una coyuntura.

Las universidades trascienden a los gobiernos, a los rectores, a los partidos y trascienden incluso a las generaciones que hoy las habitan.

Tal vez por eso la autonomía universitaria debe entenderse como lo que realmente es: un patrimonio colectivo.

Defenderla no significa cerrar los ojos ante los errores.

Significa impedir que la crítica se convierta en sometimiento.

Exigir transparencia no significa entregar la universidad al poder. Significa hacerla más fuerte.

Porque la autonomía que no rinde cuentas corre el riesgo de convertirse en privilegio.

Pero la rendición de cuentas que pretende eliminar la autonomía corre el riesgo de convertirse en instrumento de control.

Entre ambos extremos existe el camino de la democracia.

Un camino que tiene una palabra que debería estar por encima de todas las disputas: Universidad.

Una universidad pública fuerte, crítica, abierta, transparente y autónoma, que no tenga miedo de ser revisada cuando la ley lo establece, pero que tampoco tenga miedo de decirle al poder, cuando sea necesario: hasta aquí llega tu facultad; de aquí en adelante comienza nuestra autonomía.

Hoy, Día Internacional de la Democracia, creo que es pertinente enfatizar que las universidades no fueron creadas para obedecer al poder.

Fueron creadas, precisamente, para pensarlo, cuestionarlo y formar a quienes algún día habrán de transformarlo.