Hay una pregunta que México debería comenzar a hacerse desde ahora, antes de que las campañas electorales ocupen las calles, los discursos y las redes sociales: ¿estamos frente al riesgo de que las elecciones de 2027 sean las más violentas de la historia reciente del país?

La pregunta no es una exageración si se observa el deterioro de la seguridad en distintas regiones, el asesinato de actores políticos y la creciente capacidad de los grupos criminales para penetrar territorios donde la autoridad institucional debería ser incuestionable.

Sinaloa ofrece uno de los ejemplos más dolorosos.

El 9 de septiembre de 2024 comenzó una nueva etapa de violencia derivada de la confrontación entre facciones del crimen organizado. Han transcurrido dos años y la sociedad sinaloense continúa padeciendo las consecuencias de una crisis que no puede reducirse a una disputa entre organizaciones criminales.

Pero la historia reciente obliga también a recordar que el llamado primer Culiacanazo ocurrió el 17 de octubre de 2019 y el segundo, el 5 de enero de 2023. Aquellos episodios fueron señales de una realidad que, con el paso del tiempo, se ha vuelto más compleja: el crimen organizado no solamente desafía a las instituciones de seguridad; también puede intentar condicionar la vida pública, lo cual representa el verdadero peligro.

Porque cuando la violencia alcanza a funcionarios, representantes populares, aspirantes y actores políticos, deja de ser únicamente un problema de seguridad pública. Se convierte en un problema democrático.

El asesinato de los dos últimos síndicos de Tepuche, en Culiacán, es un hecho que obliga a mirar más allá de la estadística. También lo hacen, en el ámbito nacional, los asesinatos de personas vinculadas con la actividad política, incluidos candidatos, aspirantes y representantes populares.

Cada asesinato político tiene una consecuencia que no aparece necesariamente en los registros oficiales: alguien más puede decidir no participar.

Cuando un ciudadano renuncia a una candidatura por miedo, cuando un funcionario modifica sus recorridos por amenazas, cuando una comunidad prefiere guardar silencio o cuando un partido deja de postular a una persona porque considera que su seguridad no puede garantizarse, la violencia ya no solamente está matando personas, sino que está modificando las reglas de la democracia.

Por tal razón resulta insuficiente celebrar únicamente la reducción de los homicidios cuando las cifras muestran una tendencia favorable. Las estadísticas son indispensables para evaluar una política pública, pero no pueden convertirse en una cortina que impida observar otros indicadores de deterioro institucional.

Una sociedad puede registrar menos homicidios y, al mismo tiempo, experimentar mayores niveles de intimidación política.

Puede haber menos asesinatos que el año anterior y, sin embargo, más miedo para participar en la vida pública.

Puede existir una percepción oficial de mejoría y, simultáneamente, territorios donde el Estado siga sin tener el control pleno de la vida cotidiana.

Ese es el punto que México no debería perder de vista rumbo a 2027.

La violencia electoral no comienza cuando arrancan las campañas: comienza mucho antes.

Comienza cuando se identifica quién puede competir y quién no, cuando se amenaza a un aspirante, cuando se obliga a un funcionario a abandonar su cargo, cuando un grupo criminal decide quién puede transitar por determinada región, cuando una comunidad aprende que denunciar tiene consecuencias y cuando el miedo se convierte en una herramienta de control.

Por eso 2027 debe preocuparnos desde ahora.

México tendrá elecciones locales en numerosas entidades y un proceso político de enorme relevancia nacional. Si las condiciones de seguridad no mejoran de manera sustancial, existe el riesgo de que la violencia encuentre en ese proceso una nueva oportunidad para intervenir en la política, y en ese contexto, sería ingenuo pensar que los grupos criminales necesitan ganar una elección para obtener poder.

A veces les basta con decidir quién no puede competir, les basta con intimidar, les basta con imponer silencios, les basta con convertir el miedo en una variable electoral. Ese es el verdadero desafío.

No se trata solamente de cuántos candidatos serán asesinados. Se trata de cuántos candidatos dejarán de serlo por miedo; cuántos ciudadanos dejarán de votar libremente; cuántas comunidades estarán condicionadas por la presencia criminal y cuántos gobiernos surgirán de procesos formalmente democráticos, pero realizados bajo una presión que nadie se atreve a reconocer abiertamente.

Sinaloa puede ser una advertencia para México.

Lo ocurrido aquí desde septiembre de 2024 demuestra que una crisis criminal puede prolongarse, transformar la vida cotidiana y terminar impactando mucho más allá de las páginas de nota roja.

La violencia puede convertirse en un fenómeno político, y cuando eso sucede, el problema deja de ser únicamente quién dispara. La pregunta pasa a ser quién decide, ya que una democracia no se pierde solamente cuando se cancelan las elecciones, puesto que también puede comenzar a perderse cuando el miedo determina quién participa, quién se retira, quién gana y quién prefiere no levantar la voz y por eso, la advertencia debe hacerse ahora, no después de las elecciones.

2027 todavía está por llegar.

México todavía tiene tiempo para impedir que quede registrado como el año de las elecciones más violentas de su historia. La condición es entender que la amenaza no está solamente en el número de homicidios sino en la posibilidad de que el crimen organizado descubra que también puede influir en las urnas.

No hay que olvidar que cuando el miedo comienza a decidir por los ciudadanos, la democracia ya está perdiendo.