En México hay expedientes que no se cierran ni se resuelven: esperan. Duermen en un cajón institucional hasta que alguien decide que llegó su momento político, y entonces despiertan con una energía asombrosa. Lo que ocurrió esta semana en la Ciudad de México debería interesarle a cualquier sinaloense, aunque no aparezca ningún nombre local en el encabezado.

La solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche en julio de 2025 y lleva poco más de un año abierta en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Trece meses sin resolución. Y esta semana el presidente de esa Sección confirmó que el asunto sigue vigente y que se retomará en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre, con la posibilidad de que se resuelva en ese mismo mes. La reactivación coincidió con la detención de un contador vinculado a su hermano y de quien fue su director de Comunicación Social en Campeche, y con una reorganización de la propia Sección Instructora.

Legisladores del partido gobernante sostienen que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación y un presunto daño patrimonial que cifran en decenas de millones de pesos. Son señalamientos, no sentencias: no han sido confirmados judicialmente y el dirigente sostiene su inocencia. Del otro lado, la conducta del acusado tampoco ayuda a la causa de la legalidad: presentó una denuncia ante el Departamento de Estado estadounidense contra tres consejeros del INE, después de que la autoridad electoral le ordenara retirar nueve publicaciones en las que calificaba al partido gobernante como “narcopartido”. La presidenta de la República respondió que esas denuncias “dan risa” y que las investigaciones contra sus cercanos no son un asunto político sino de delitos.

No pretendo resolver aquí quién tiene razón sobre el patrimonio de nadie. Eso le corresponde a un juez, y ese es precisamente el punto. Lo que quiero que observemos es el reloj.

Porque en Sinaloa conocemos bien el otro extremo de este mismo mecanismo. Nuestro gobernador con licencia cumplió tres meses separado del cargo tras la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, junto con un senador señalado en el mismo expediente.

Ese legislador acumuló meses sin asistir a sesiones y sin pedir licencia, cobrando su remuneración. Y en ese tiempo, sin dar la cara públicamente, el mandatario con licencia siguió pesando en la política sinaloense, al grado de que su opinión cuenta para definir quién será el candidato de su partido al gobierno del estado en 2027.

Ponga las dos escenas juntas. Un expediente en la capital que llevaba trece meses dormido y despierta justo cuando comienza el último año de la legislatura. Un expediente en Sinaloa que llevaba meses activo y no camina, sostenido en la falta de documentación formal. En ambos casos las autoridades tienen explicaciones técnicas razonables. En ambos casos la explicación técnica coincide, con una puntualidad que ya no puede atribuirse a la casualidad, con la conveniencia política del momento.

Eso es lo que corroe la confianza ciudadana. No la existencia de investigaciones —hacen falta muchas más—, sino el descubrimiento de que la justicia tiene calendario. Que hay épocas del año en las que conviene acusar y épocas en las que conviene esperar. Que el fuero protege a unos y la licencia protege a otros, y que ambas figuras, pensadas para garantizar el debido proceso, terminaron funcionando como techos donde guarecerse de la lluvia.

Congreso local el año que viene. El riesgo es que aprendamos la lección equivocada. La lección equivocada es concluir que todos son iguales y que nada importa, porque esa conclusión es exactamente la que necesita quien no quiere ser investigado: una ciudadanía cansada no exige nada. La lección correcta es más exigente y más incómoda: hay que reclamar que los expedientes avancen incluso cuando el acusado nos cae mal, y sobre todo cuando el acusado es de los nuestros.

Porque si en septiembre se desafuera a un dirigente de oposición mientras las carpetas que apuntan hacia el propio grupo gobernante siguen esperando su momento, no habremos presenciado un acto de justicia. Habremos presenciado un acto de comunicación política.
Y esa diferencia, en Sinaloa, la pagamos en la calle.