Hay una imagen que resume el momento político mexicano mejor que cualquier discurso oficial: Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, encerrado en el penal del Altiplano, mientras a unos cientos de kilómetros los mandos navales ligados a un exsecretario de la Cuarta Transformación negocian sus procesos con suspensiones, recursos y la mitad de su salario todavía en la cuenta. No es una casualidad ni una lectura malintencionada.

Es un patrón, y conviene mirarlo de frente, porque en la forma en que un gobierno reparte la justicia se revela lo que de verdad piensa del poder.

Los hechos son públicos y verificables. El 16 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada a Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada a la empresa Ingemar, de la que es socio mayoritario. El 23 de julio fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible, y trasladado al Altiplano, la prisión de máxima seguridad del país. La fiscal Ernestina Godoy calificó el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, con un daño al fisco estimado en más de cuatro mil millones de pesos. Que la justicia actúe contra el huachicol fiscal es, en principio, una buena noticia: se trata de un delito que le roba al país recursos que deberían ir a hospitales, escuelas y seguridad. Nadie serio defendería la impunidad.

El problema no es que la justicia actúe. El problema es la velocidad y la mano con que actúa según de qué lado del tablero esté sentado el acusado. Porque la red de huachicol fiscal más sonada de este sexenio no nació en Baja California ni tiene rostro panista. Nació dentro de la propia Secretaría de Marina. Los vicealmirantes y contralmirantes Farías Laguna, señalados como líderes de una red que operó al interior de la institución con al menos treinta y cuatro marinos involucrados, son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante todo el gobierno anterior. Y ahí la balanza empieza a pesar distinto.

Mientras Ruffo va al Altiplano en cuestión de días, Ojeda Durán —según ha documentado la prensa nacional— permanece blindado por la Presidencia y por la propia Fiscalía, pese a que sus sobrinos encabezaban la red y a que existe incluso una grabación en la que se le escucha hablar del tema. Nunca formalizó una denuncia que las versiones oficiales le atribuyeron. El contralmirante que denunció por escrito a los Farías Laguna, Rubén Guerrero Alcántar, apareció asesinado en noviembre de 2024. Y cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó de frente si Adán Augusto López, una de las figuras más poderosas de Morena, estaba siendo investigado por huachicol fiscal, la respuesta fue que lo desconocía. A un opositor se le persigue, se le detiene y se le encierra en tiempo récord. A los cercanos se les protege, se les da de baja administrativamente o, de plano, ni siquiera se confirma si se les investiga.

Que quede claro para no caer en la simplificación fácil: el gobierno sí ha detenido a gente de su propio aparato. Los Farías Laguna fueron capturados, uno de ellos extraditado desde Argentina. No estamos ante una impunidad total. Estamos ante algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: una justicia de dos velocidades. Una que corre cuando el acusado es incómodo para el proyecto oficial, y una que camina despacio, con muletas procesales y silencios convenientes, cuando el acusado forma parte de la familia. La misma ley, aplicada con distinta prisa, deja de ser ley y se convierte en herramienta.

Y aquí está el fondo del asunto, el que debería preocuparnos a todos, votemos por quien votemos. Cuando la justicia se percibe como un instrumento que golpea al adversario y protege al amigo, pierde lo único que la hace valiosa: la confianza de que la ley es igual para todos. Un país donde el ciudadano intuye que ser castigado o no depende del color de tu credencial partidista no es un país con Estado de derecho, por más que se llene la boca hablando de él. Es un país donde el derecho se volvió una cortesía que el poder concede o retira a voluntad.

Ruffo Appel tendrá que responder ante la justicia por lo que se le imputa, y así debe ser. Pero la pregunta que su caso deja abierta es más grande que él: ¿cuándo veremos a los del otro lado del espejo caminar el mismo pasillo, a la misma velocidad, hacia la misma celda? El día que eso ocurra podremos hablar de justicia. Mientras tanto, hablamos de otra cosa.