Durante su administración en Sinaloa los casos pasaron de 270 a 951, según registros de la CNB; detrás de este fenómeno están la escalada de la violencia y la debilidad de las instituciones: expertos
Las personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa aumentaron 252% durante la administración de Rubén Rocha Moya. Registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que los casos pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025, la cifra anual más alta registrada durante su gestión.
Entre el 1 de noviembre de 2021, cuando asumió la gubernatura, y el 2 de mayo de 2026, fecha en la que solicitó licencia al cargo, se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad. De ese total, 2 mil 553 siguen como personas no localizadas; 2 mil 473 son personas que fueron ubicadas y 413 fueron halladas sin vida.
Ahora, bajo el gobierno de la sustituta de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde, la CNB reporta que desde que asumió el cargo hasta la fecha, es decir, en dos meses, han desaparecido 149 personas, de las cuales 21 ya fueron encontradas, mientras que 128 siguen sin ser ubicadas.
Los registros de la comisión muestran una tendencia ascendente de desaparecidos bajo el gobierno de Rocha Moya, al pasar de 270 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 321 en 2023, 715 en 2024 y 951 en 2025.
Tan sólo entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2026 se contabilizaron otras 244 personas desaparecidas y no localizadas.
Rocha Moya es requerido por Estados Unidos, que ha solicitado su extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales y la DEA, el gobernador con licencia habría utilizado su cargo para brindar protección a integrantes de la organización criminal, permitir que la facción de Los Chapitos operara con impunidad y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Las autoridades de ese país sostienen que cuentan con evidencia de reuniones entre Rocha Moya y líderes del grupo criminal.
Especialistas consultados por este diario coinciden en que el incremento de las desapariciones durante la administración de Rubén Rocha Moya constituye uno de los indicadores más claros del deterioro de las condiciones de seguridad en Sinaloa, y advierten que el fenómeno no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una crisis más amplia vinculada a la disputa entre grupos criminales, la debilidad institucional y la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades.
“Las desapariciones se vinculan con la disputa entre grupos del crimen organizado, el control territorial, el reclutamiento forzado, la impunidad y las debilidades institucionales para prevenir e investigar estos delitos. Por ello, el incremento registrado durante la administración de Rubén Rocha Moya debe analizarse como un indicador relevante del deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad y de la creciente capacidad de los grupos criminales para operar en determinados territorios”, señala Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad.
Comenta que el aumento de las desapariciones no puede entenderse de manera aislada, sino en el contexto de la confrontación interna que vive el Cártel de Sinaloa, particularmente entre las facciones vinculadas a Los Chapitos y grupos cercanos a Ismael El Mayo Zambada.
“Esta confrontación generó una escalada de violencia que se tradujo no solamente en homicidios, sino también en desapariciones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia contra la población. Las desapariciones suelen aumentar en contextos donde existen disputas por el control territorial, debilitamiento institucional y altos niveles de impunidad, factores que han estado presentes en Sinaloa durante los últimos años”, indica.
Rendón destaca además que las desapariciones tienen una dimensión humanitaria distinta a otros delitos debido al impacto permanente que generan sobre las familias de las víctimas.
“Cada persona desaparecida representa una búsqueda que continúa, una familia que vive en incertidumbre y una exigencia de verdad y justicia que muchas veces recae en los propios colectivos de búsqueda. Por ello, el crecimiento de este fenómeno debe analizarse también desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos”, afirma.
Advierte que cuando las organizaciones criminales fortalecen su presencia territorial y las capacidades institucionales resultan insuficientes para contenerlas, las desapariciones suelen incrementarse incluso antes de que otros indicadores reflejen plenamente la magnitud de la crisis.
Por ello, considera que este delito debe ser observado como un parámetro central para evaluar la situación real de seguridad en una entidad federativa, por encima incluso de otros indicadores tradicionalmente utilizados.
“Las desapariciones en México son un fenómeno multicausal. Si bien la delincuencia organizada tiene un peso importante en muchos casos, también existen factores relacionados con la debilidad de las capacidades de investigación, la falta de denuncia, los problemas forenses y la insuficiente coordinación institucional. La respuesta requiere fortalecer los mecanismos de búsqueda, la atención a víctimas, la inteligencia y la procuración de justicia”, comenta la especialista.
Víctor Hernández, también experto en seguridad, considera que la crisis de violencia en Sinaloa responde en buena medida a decisiones tomadas desde el ámbito federal y a la presión ejercida por Estados Unidos contra las estructuras de liderazgo del Cártel de Sinaloa.
“Trágico como ha sido el gobierno de Rocha Moya, honestamente no creo que la historia hubiera sido muy diferente para el estado sin importar quién hubiera ocupado la gubernatura. La decisión de golpear las estructuras del Cártel de Sinaloa vino desde el gobierno federal bajo una fuerte presión estadounidense y eso inevitablemente tendría consecuencias en el equilibrio criminal de la entidad”, señala.
Precisa que Sinaloa representa uno de los ejemplos más claros de lo que en seguridad pública se conoce como “efecto cobija”, fenómeno que ocurre cuando los recursos institucionales se desplazan para atender una crisis específica, dejando descubiertas otras áreas igualmente sensibles.
En ese contexto, afirma que le preocupa especialmente el crecimiento de los homicidios dolosos, debido a que las cifras registradas en Sinaloa comienzan a parecerse a las observadas en entidades que enfrentaron etapas críticas de la guerra contra el narcotráfico, como Chihuahua o Tamaulipas durante los años más intensos de la estrategia federal de combate a los cárteles.
Hernández advierte además que las desapariciones representan un desafío institucional mucho más complejo que otros delitos, debido a que requieren capacidades especializadas de investigación, análisis forense y seguimiento de largo plazo.
“Una desaparición requiere meses de trabajo de un equipo especializado de investigadores. No basta con una reacción policial inmediata. El problema es que el Estado ha descubierto que no existen costos políticos significativos por no resolver esta crisis y, por tanto, los incentivos para fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación siguen siendo limitados”, dice.
Para Julia Ramos, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializada en violencia y derechos humanos, el comportamiento de las cifras durante la administración de Rocha Moya refleja un proceso de deterioro acumulado que va más allá de la coyuntura generada por los enfrentamientos entre grupos criminales.
La investigadora refiere que el aumento sostenido de las desapariciones muestra que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y atender estos casos fueron incapaces de responder al crecimiento de la violencia en la entidad.
Ramos externa que cuando las desapariciones se incrementan de manera constante durante varios años consecutivos, el fenómeno deja de ser un episodio aislado para convertirse en un problema estructural.
Agrega que uno de los aspectos más preocupantes es que las desapariciones generan un impacto social mucho más amplio que el reflejado en las estadísticas oficiales, ya que afectan comunidades enteras, provocan desplazamientos internos, modifican dinámicas económicas y profundizan la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
Añade que el aumento de los casos también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos institucionales de búsqueda y localización.
Señala que en muchos estados del país son los propios familiares quienes terminan asumiendo tareas que deberían corresponder plenamente al Estado, desde la búsqueda en campo hasta la documentación de posibles indicios.
Destaca que la evolución de las cifras en Sinaloa obliga a revisar no sólo las estrategias de seguridad implementadas durante los últimos años, sino también la capacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para prevenir la desaparición de personas, proteger a las víctimas potenciales y garantizar el acceso a la justicia para las familias afectadas.
Considera que la evaluación de cualquier administración en materia de seguridad no puede limitarse a la reducción o incremento de homicidios, sino que debe incorporar indicadores relacionados con desapariciones, desplazamientos forzados, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.
“Las desapariciones son uno de los termómetros más sensibles de la presencia o ausencia efectiva del Estado en un territorio. Cuando aumentan de manera sostenida, revelan que existen espacios donde la capacidad de protección institucional ha sido rebasada”, concluye Ramos.
