Cosechas agrícolas, profesiones del sector energético, servicios financieros… En México, las políticas públicas buscan combinar la transición ecológica con los derechos de las mujeres, para luchar contra las desigualdades y hacer oír su voz.

Los impactos del cambio climático afectan primero a las poblaciones más vulnerables. Por ello, México implementó desde 2022 el Plan Nacional de Acción sobre Género y Cambio Climático, que toma en cuenta desafíos relacionados con la igualdad de género y la justicia social.

Presente en México desde hace más de 16 años, la AFD acompaña a las instituciones públicas en este enfoque que vincula la lucha contra el cambio climático con la igualdad de género: “una perspectiva no puede ir sin la otra”, explica Andrea Morales, asesora de Género y Desarrollo Sostenible de la AFD para América Latina.

¿Qué desigualdades existen frente a los impactos climáticos?

En América Latina, las mujeres solo poseen alrededor del 30 % de las tierras agrícolas y únicamente el 10 % de las agricultoras tiene acceso a financiamiento. Esas desigualdades limitan su capacidad para enfrentar sequías, huracanes, o pérdidas de cosechas.

A esto se suman las actividades de cuidado de niños, personas adultas mayores y las tareas domésticas, que todavía recaen en gran medida sobre las mujeres. Esa carga reduce su acceso al empleo, a los ingresos y a los espacios de toma de decisiones.

Según los análisis de Gender Climate Tracker, integrar la dimensión de género en las políticas climáticas permite mejorar el acceso a los recursos y la eficacia de las estrategias de adaptación. Sin embargo, en México la implementación de políticas climáticas que incorporan la igualdad de género, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), todavía enfrenta varios obstáculos: falta de datos, resistencias institucionales y presupuestos insuficientes.

Cooperar para una transición justa y equitativa

Para Andrea Morales, “identificar las desigualdades existentes es un primer paso. El siguiente consiste en diseñar políticas públicas que beneficien a la población en su conjunto”.

Después del huracán Otis, en el Estado de Guerrero, se realizó un trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El objetivo fue fortalecer la capacidad financiera de las mujeres, muchas de las cuales trabajan en el sector informal y están particularmente expuestas a las crisis.

La AFD también acompaña a la Secretaría de Energía (SENER) a favor de una transición energética justa y en la mejora del acceso de las mujeres a las profesiones de las energías renovables. Además, una alianza histórica de más de diez años con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca apoyar el desarrollo de políticas internas a favor de la igualdad de género y reducir los estereotipos profesionales.

En 2021, la AFD lanzó junto con FIRA, el principal banco público mexicano del sector agrícola, un programa de asistencia técnica para facilitar el acceso de las mujeres a los servicios financieros. Así, más de 10.000 mujeres se beneficiaron de la primera emisión de bonos sociales dedicados a la igualdad de género emitida por esta institución.

Las mujeres en el centro de las decisiones

La participación de las mujeres en las políticas climáticas sigue siendo un desafío central. En noviembre de 2025, un encuentro reunió en Ciudad de México a mujeres defensoras de sus territorios provenientes de distintas regiones del país. Ese diálogo, organizado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permitió conectar las experiencias locales con las políticas nacionales sobre clima e igualdad.

Las participantes compartieron iniciativas desarrolladas en sus territorios para proteger los recursos naturales, adaptar las prácticas agrícolas y fortalecer la capacidad de las comunidades frente al cambio climático. Esos testimonios coinciden con las conclusiones del informe del PNUD “Voces de mujeres desde los territorios”.

En este año 2026, el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México ofrece una oportunidad para consolidar esta agenda común entre ambos países y reforzar el papel de la AFD como plataforma de diálogo entre la sociedad civil y el Estado.