La violencia opera “como una tecnología sistemática para disciplinar, intimidar y expulsar a las identidades disidentes del espacio público y político”, señala activista.

La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega señaló que la orientación sexual no debe utilizarse de forma negativa para hacer política o para obtener un cargo público, toda vez que la democracia se fortalece cuando todas las voces de la sociedad llegan a los lugares donde se toman decisiones.

Durante la presentación del estudio “La política en disputa: participación, violencia y resistencia LGBT+ en América Latina”, afirmó que este trabajo los obliga a reflexionar en las luchas y las conquistas que se han dado en la región, pues no basta con abrir las puertas de las instituciones, sino garantizar que haya igualdad de condiciones.

Ascencio Ortega indicó que es importante preguntarse en qué condiciones participa este sector de la población, los obstáculos, discriminación y exclusión que persisten en esta materia, así como en el valor comunitario, las alianzas y la construcción colectiva.

Refirió que defender los derechos de las personas LGBT+, no significa defender derechos especiales, sino que representa algo más elemental y humano: el derecho de todas las personas a vivir con libertad, igualdad y dignidad.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que la libertad sexual y de género no tienen que ser motivo de miedo, vergüenza o silencio, ya que son parte de la sociedad y de la riqueza de una democracia.

La periodista y defensora de los derechos de las personas transgénero, Láurel Miranda Huerta, refirió que esta investigación permite observar que ya no es más una hipótesis ni un sueño la participación de la comunidad LGBT+ en la política, pues se trata de una demanda que se está cumpliendo y de una realidad innegable y conquistada a “golpe de resistencia”.

Indicó que el acceso al poder no ha significado de manera contundente el fin de la exclusión, pues la violencia opera todavía “como una tecnología sistemática para disciplinar, intimidar y expulsar a las identidades disidentes del espacio público y político”.

Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asentó que no se puede tener desarrollo humano sostenible, si una parte de la población enfrenta aún barreras para ejercer plenamente sus capacidades y para que puedan construir un proyecto de vida en libertad.

Agregó que México está en un nivel intermedio en la inclusión de las personas LGBT+; sin embargo, aún hay una brecha importante entre los derechos reconocidos y las condiciones que enfrenta este grupo cotidianamente para ejercerlos, particularmente en materia de seguridad personal y violencia, así como educación.