Esta medida responde a un principio de austeridad y responsabilidad financiera, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos sin afectar las funciones legislativas.

Culiacán, Sinaloa. — El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense integrado por el Doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y la MC Angélica Díaz Quiñónez presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa con el objetivo de armonizar el marco legal local con los recientes cambios aprobados a nivel federal en materia electoral, fortaleciendo así la eficiencia institucional, la equidad en la representación y la disciplina en el uso de recursos públicos.

La propuesta plantea ajustes a diversos artículos de la Constitución estatal, entre ellos el 25 Bis, el 112 y el 117, además de adiciones y derogaciones que buscan alinear las normas locales con la reforma electoral aprobada el pasado 8 de abril de 2026 por la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer un tope al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no deberá exceder el 0.70% del total del presupuesto de egresos de Sinaloa. Esta medida responde a un principio de austeridad y responsabilidad financiera, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos sin afectar las funciones legislativas.

Asimismo, la iniciativa propone transformar la integración de los ayuntamientos mediante un criterio poblacional, en sustitución de los esquemas tradicionales. Este cambio busca una representación más justa y proporcional de la ciudadanía en los cabildos municipales, al tiempo que se establece un límite máximo de quince regidurías por municipio, conforme a lo dispuesto en la reforma federal.

Otro aspecto relevante es la incorporación de principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, en concordancia con los estándares nacionales actuales.

Los legisladores del PAS subrayaron que esta iniciativa no solo cumple con la obligación de armonización constitucional, sino que también representa una oportunidad para modernizar el sistema político de Sinaloa, hacerlo más equitativo y garantizar una mejor representación ciudadana.

De aprobarse, esta reforma marcaría un paso significativo hacia una estructura institucional más eficiente, transparente y alineada con los principios democráticos contemporáneos.