La política contemporánea ya no se juega únicamente en tribunas, sesiones legislativas o conferencias de prensa. Hoy también se libra en chats privados, capturas de pantalla y conversaciones que, en segundos, pueden saltar de la intimidad digital al expediente judicial.

El caso que involucra a la diputada con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez y a María Emma Zermeño López es quizá uno de los ejemplos más ilustrativos de esta nueva frontera entre política, derecho y tecnología.

El conflicto nació a partir de una denuncia por violencia política en razón de género. La acusación se sustentó en conversaciones privadas de WhatsApp que Emma Zermeño sostuvo con Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, asesor legislativo vinculado al entorno político de la propia diputada denunciante.

Las capturas de pantalla de ese chat terminaron convertidas en la prueba central para intentar acreditar expresiones que supuestamente descalificaban a la legisladora por su orientación sexual y su legitimidad para ocupar el cargo.

El asunto escaló por toda la cadena jurisdiccional electoral hasta llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora discute el recurso de reconsideración SUP-REC-52/2026, cuyo proyecto fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

El documento podría redefinir un tema crucial: ¿pueden las conversaciones privadas de WhatsApp convertirse en pruebas válidas para sancionar violencia política de género?

La respuesta que propone el proyecto es contundente: no en cualquier circunstancia.

La frontera constitucional de la vida privada

El punto central del proyecto radica en el artículo 16 constitucional, que establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El documento sostiene que las conversaciones digitales —incluidas las de WhatsApp— forman parte del ámbito protegido de la privacidad y, por lo tanto, su utilización como prueba exige condiciones estrictas.

No basta con una captura de pantalla ni con la simple afirmación de un tercero. El estándar que propone el proyecto exige tres requisitos: voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Es decir, que la conversación sea aportada por alguno de los participantes con interés directo en el procedimiento, que se pueda acreditar su origen y que se garantice que el contenido no ha sido manipulado.

En el caso concreto, ninguna de esas condiciones se habría cumplido. Las capturas fueron entregadas mediante una “declaración unilateral de voluntad” de una persona que ni siquiera era parte en el procedimiento. En términos jurídicos, eso abre un problema grave: se estaría sancionando a alguien con base en pruebas obtenidas fuera de los estándares constitucionales y probatorios.

El dilema político de la violencia digital

Sin embargo, el caso no es solo jurídico. También es profundamente político.

Las discusiones sobre violencia política en razón de género han cobrado enorme relevancia en los últimos años, y con razón. La violencia simbólica, los ataques misóginos y las campañas de descrédito contra mujeres en la política son fenómenos reales que han requerido respuestas institucionales firmes.

Pero el proyecto plantea una advertencia incómoda: combatir la violencia política no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.

Si cualquier conversación privada puede ser filtrada, sacada de contexto y utilizada para iniciar procedimientos sancionadores, se abre un terreno peligroso. No solo para funcionarios o actores políticos, sino para cualquier ciudadano que participe en la conversación pública.

El riesgo es claro: que la justicia electoral termine convirtiéndose en un espacio de vigilancia sobre la vida privada de las personas.

Un caso que también movilizó respaldos

El caso también ha generado una reacción política y social relevante en Sinaloa. Diversos sectores han manifestado su respaldo a Emma Zermeño, quien actualmente se desempeña como funcionaria pública en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado.

Entre quienes han expresado su apoyo se encuentran integrantes de la sociedad civil, organizaciones ciudadanas y actores políticos. Destaca el posicionamiento de la asociación Sinaloa Incluyente, A.C., así como pronunciamientos de figuras del ámbito legislativo y político, entre ellas la diputada local Paola Iveth Gárate Valenzuela, además de otros liderazgos sociales y colectivos que han señalado la importancia de defender tanto la lucha contra la violencia política como el respeto a los derechos fundamentales.

Este respaldo refleja que el debate ya trascendió el ámbito estrictamente judicial y se ha convertido también en un tema de discusión pública sobre los límites entre la libertad de expresión, la privacidad y la rendición de cuentas en la política.

El precedente que podría cambiarlo todo

Más allá de las personas involucradas, lo verdaderamente relevante de este caso es el precedente que podría generar.

Si la Sala Superior confirma el criterio del proyecto dentro del SUP-REC-52/2026, establecerá un estándar que obligará a las autoridades electorales a ser mucho más cuidadosas al admitir pruebas provenientes de chats privados. No se trata de blindar expresiones ofensivas ni de proteger discursos discriminatorios, sino de garantizar que las sanciones se basen en pruebas obtenidas legalmente y debidamente valoradas.

En un tiempo donde la política se mezcla cada vez más con la tecnología y la intimidad digital, la justicia enfrenta un desafío complejo: proteger los derechos sin cerrar los ojos frente a la violencia.

Ese equilibrio —difícil, incómodo y necesario— es precisamente el que hoy está en juego entre un chat de WhatsApp y la Constitución.