El dato medio sorprende por impreciso: unos hablan de mil, otros de mil 500 fosas clandestinas en un año.
Digo medio sorprende porque todos los días somos informados de desapariciones forzadas en cada estado de la República. Y cada día aumentan los colectivos —principalmente de mujeres— que se organizan para rascar la tierra en busca de esposos, hermanos o hijos.
Cifras que no solo informan: incomodan.
Y luego están las que no cuadran.
O las que se esconden por interés político y económico.
A ninguna autoridad le conviene admitir que en su comarca existe un mega panteón clandestino con cientos de cadáveres acumulados durante años.
Y en la hipótesis de que alguna buena alma gubernamental decidiera reconocerlo, el gesto sería insuficiente: implicaría aceptar también la crisis forense que padece México. No hay capacidad humana, logística ni científica para desenterrar miles de cuerpos, identificarlos y entregarlos a sus familias para que les den santa sepultura.
Solo queda un resquicio —cada vez más estrecho—: la persistencia de las familias.
Ante la ausencia de un registro oficial transparente, Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana crearon la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas. El ejercicio no solo reúne números dispersos: exhibe el tamaño del vacío institucional.
En 2024, la FGR reportó 18
fosas clandestinas.
Un año antes había informado de 76.
Cuatro veces menos. Sin explicación pública que justifique la caída.
Entre 2023 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 1,451 fosas.
La FGR, en el mismo periodo, solo 94. Los medios documentaron 1,006 hallazgos. La diferencia es brutal, inadmisible!
No es una variación técnica.
Es una fractura estadística.
La propia Plataforma advierte el contexto mayor:
más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas hasta septiembre de 2025. A pesar de la magnitud del fenómeno y de la crisis forense, los datos oficiales son escasos, poco accesibles y con problemas de trazabilidad. Existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero sin nombres completos disponibles, sin fotografías públicas, sin señas particulares que faciliten la búsqueda social.
Caminamos sobre cifras enterradas debajo de la piel de la República que podrían ser geométricamente mayores.
El colectivo sinaloense Sabuesos Guerreras ofrece una dimensión humana de la tragedia: hace ocho años eran menos de diez madres buscando. Hoy agrupan a más de mil 200 solo en esa organización. No son estadísticas. Son hogares fracturados.
Hasta el primer semestre de 2023, la FGR publicaba el detalle de cuerpos y restos encontrados. Después dejó de hacerlo. Desde entonces solo informa el número total de fosas. Se perdió la granularidad.
Se perdió la trazabilidad.
Se perdió la transparencia.
El contraste es más crudo en los cuerpos:
Medios reportaron 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos exhumados.
Fiscalías reportaron 1,616 cuerpos, menos de 400.
El 77% de las personas identificadas son hombres, lo que sugiere un patrón vinculado a reclutamiento forzado o venganzas criminales.
En trazabilidad territorial, Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua encabezan los hallazgos. En cuerpos exhumados destacan Sonora, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Colima.
Opacidad y crisis
En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró de su sitio el mapa nacional de hallazgos. El país perdió una ventana mínima de claridad.
La crisis forense es evidente: abandono en identificación, resguardo y restitución de cuerpos. Las familias no solo buscan a sus desaparecidos. También enfrentan negligencia administrativa.
Las fosas no solo ocultan cuerpos.
Exponen la desarticulación e incapacidad del sistema.
Y cuando las cifras no cuadran, lo que queda al descubierto no es un error estadístico.
Es el vacío.
