Especialistas en derechos humanos advierten que el proyecto aprobado sustituye las referencias a la “igualdad de género” por “equidad” o “igualdad de oportunidades”, elimina las referencias a los derechos a la salud sexual y reproductiva y limita el acceso a una educación sexual integral.

Expertos de la ONU en derechos humanos * han pedido este lunes al Gobierno de Perú que impida la promulgación de una ley firmada por el presidente del Congreso referente al concepto de género. 

A través de dicha ley, se eliminaría el concepto de género en políticas públicas clave. Los expertos advirtieron que representaría un importante retroceso en la promoción de la igualdad y la no discriminación.

 “Al sustituir el género por el sexo biológico, la legislación propuesta debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas”, afirmaron los expertos**.

Derechos a la salud y educación sexuales

El 19 de noviembre de 2025, el Congreso del Perú aprobó el proyecto de ley 8731/2024, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La ley elimina el concepto de género de la legislación vigente, sustituye las referencias a la “igualdad de género” por “equidad” o “igualdad de oportunidades” y exige los cambios correspondientes en una amplia gama de leyes y políticas existentes en la materia. 

Dicha ley eliminatambién las referencias a los derechos a la salud sexual y reproductiva y limita el acceso a una educación sexual integral.

 Según los expertos, al definir la equidad y la igualdad de género de forma restrictiva, a través del prisma del sexo biológico, la ley socava los objetivos “más amplios y transformadores” de la igualdad de género. 

“Si bien la equidad y la igualdad de oportunidades son objetivos importantes, no pueden sustituir por sí mismos a la igualdad de género”, añadieron.

Restricciones a la cooperación con las ONG y activistas

Los expertos se mostraron alarmados por las restricciones que impone la ley a la cooperación oficial con los actores de la sociedad civil que participen en denuncias contra Perú.

Enfatizaron que dicha legislación penalizaría arbitrariamente a los defensores y las organizaciones de derechos humanos, incluidos las que trabajan en favor de la no discriminación y los derechos de las personas LGBT. 

También expresaron su preocupación por la eliminación del requisito de que el país armonice sus políticas con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en virtud de los tratados e instrumentos ratificados por el Estado peruano.

Para los expertos, todo ello se suma a “una preocupante tendencia de recientes iniciativas legislativas regresivas en Perú que no se ajustan a las normas regionales e internacionales”.

 Así, los expertos instaron al Gobierno de Perú a que observe la ley aprobada por el Congreso y renueve su compromiso con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

*Los expertos y expertas: Graeme Reid, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Claudia Flores (presidenta), Ivana Krstić (vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos; Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación.

** Las y los relatores especiales/expertos y expertas independientes/grupos de trabajo son personas expertas independientes en derechos humanos nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estas personas expertas se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Las personas expertas actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las Naciones Unidas.