En Sinaloa, la fiscalización dejó de ser un trámite burocrático y pasó a convertirse en un mensaje de fuerza: ninguna observación será archivada, ninguna irregularidad quedará sin revisión y ninguna cuenta pública —aprobada o reprobada— se dará por concluida hasta que la Auditoría Superior del Estado (ASE) lo determine jurídicamente. Ese es el nuevo terreno político y administrativo que pisamos, y que ya puso nerviosos a alcaldes, exfuncionarios, tesoreros y titulares de organismos descentralizados.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Tere Guerra, soltó la frase que marcó el tono de esta semana: “Aun aprobadas, pueden fincarse responsabilidades”. En una sola oración derribó la idea que durante años acompañó a las cuentas públicas: que la aprobación legislativa implicaba una especie de absolución anticipada. Esa lógica se acabó. Hoy, la aprobación no limpia, la reprobación no condena por sí misma y el seguimiento jurídico es obligatorio. Eso sí es un cambio de época.
El mensaje se refuerza desde la ASE. Su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera, confirmó que todos los expedientes —incluidos los de entes con cuentas aprobadas pero plagadas de observaciones— ya están en manos del área jurídica. Ahí no se hacen caridad ni política: se clasifican faltas leves y graves, se evalúa si procede el Tribunal de Justicia Administrativa o el órgano interno de control y, si hay indicios de delito, se abre la puerta a denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado. Esta vez no habrá carpetas durmiendo el sueño eterno. Y sí, hay funcionarios que ya comenzaron a perder el sueño.
Los municipios reprobados —Choix, Mocorito, San Ignacio y Escuinapa— cargan con el mayor peso mediático y jurídico, y no es para menos. Las observaciones son de alto calibre: licitaciones que huelen mal, sobreprecios inexplicables, proveedores que aparecen de la nada, conflictos de interés, obras imposibles de rastrear y, en casos extremos, compras que recuerdan la época dorada de las factureras. La diputada Guerra incluso evocó prácticas grotescas de años anteriores, como aquella adquisición de pintura en una frutería. Eso no es una anécdota: es el síntoma de un sistema que por años se burló de los controles y que hoy se enfrenta a una maquinaria fiscalizadora más estricta, más técnica y con cruce de datos con el SAT.
A ese escenario se suman organismos como las juntas de agua de Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato, que tampoco solventaron observaciones y que enfrentarán el mismo escrutinio jurídico. La nueva regla es simple: si no solventas, te investigan; si no justificas, te turnan; si hay delito, te denuncian. No hay excepciones. No hay negociaciones. No hay impunidad.
Pero quizá lo más relevante no está en las cifras ni en los nombres, sino en el sentido político profundo de este momento: por primera vez en décadas, Sinaloa está ante un modelo de auditoría viva, continua y retroactiva. La ASE recordó que las observaciones pueden perseguirse hasta dentro de tres años, lo que significa que la responsabilidad administrativa ya no es de corto plazo. Las decisiones tomadas en 2024 pueden alcanzarte en 2027. Y esa sola idea reordena el tablero político.
A esto se suma un ingrediente que no se veía con la misma fuerza: la participación ciudadana. La diputada Guerra insistió en que las denuncias anónimas, los reportes públicos y las solicitudes de revisión hoy sí tienen eco en el mecanismo de fiscalización. La sociedad no es espectadora: es un factor de vigilancia.
Por lo pronto, los alcaldes al frente de los municipios reprobados —Yoneida Vázquez en Choix, Enrique Parra en Mocorito, Luis Fernando Loaiza en San Ignacio y Víctor Díaz Simental en Escuinapa— están en el ojo del huracán. Y lo estarán por meses. Pero también deben preocuparse quienes, desde administraciones con cuenta aprobada, arrastran irregularidades que podrían convertirse en responsabilidad administrativa o penal. Esa es la parte más dura del mensaje: el Congreso y la ASE acordaron una política de tolerancia cero, y la impunidad no estará sobre la mesa.
En este escenario, Sinaloa vive un cambio que ya no es discurso, sino procedimiento. La fiscalización dejó de ser una ceremonia y se volvió un sistema. El capítulo de las cuentas públicas 2024 no está cerrado. Y esta vez, todos lo saben.