Segob y el Gobierno de la Ciudad de México condenaron los actos violentos registrados en la marcha convocada por jóvenes, que dejó más de 100 policías heridos, 20 detenidos y enfrentamientos tras el derribo de vallas en Palacio Nacional.
Las autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México condenaron los hechos de violencia registrados este sábado durante la marcha convocada por un grupo que se identifica como Generación Z, una movilización ciudadana que derivó en enfrentamientos en el Zócalo capitalino y dejó decenas de lesionados, principalmente policías.
La protesta, enfocada originalmente en exigir mayor seguridad y mejores oportunidades para los jóvenes, avanzó de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia, pero en su llegada al Centro Histórico un grupo de encapuchados derribó las vallas que protegían Palacio Nacional, lo que detonó un choque entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Segob condena ataques y pide privilegiar la vía pacífica
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un pronunciamiento en el que rechazó “todas las acciones violentas y cualquier provocación que atente contra la vida e integridad de las personas”.
El organismo informó que durante los disturbios se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra policías y personas que transitaban por el Zócalo, además de acciones para retirar las vallas que protegían Palacio Nacional, lo que puso en riesgo tanto a manifestantes como a transeúntes y provocó daños al patrimonio histórico.
“Reiteramos el respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación (…) pero condenamos el uso de la violencia. Hacemos un llamado a privilegiar las expresiones pacíficas”, indicó la dependencia en su comunicado.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum, de gira en Tabasco, se pronunció sobre los hechos:
“No a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica; nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”, dijo en un acto público.
Un día antes, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal había señalado que la convocatoria a la marcha había sido “impulsada desde el extranjero” mediante bots, retomando un informe del Sistema Público de Radiodifusión. Sin embargo, varios jóvenes entrevistados durante la movilización rechazaron esa versión.
17,000 asistentes y un bloque violento con mil encapuchados
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la movilización reunió a 17,000 participantes, y que durante su llegada al Zócalo irrumpió un bloque de alrededor de mil personas embozadas, quienes derribaron vallas de Palacio Nacional utilizando martillos, cadenas, alicates y proyectiles explosivos.
Ante ello, la policía capitalina conformó una valla humana para evitar que los encapuchados ingresaran al recinto. Según el reporte oficial, los elementos de la SSC realizaron labores de contención sin responder a las agresiones, utilizando principalmente extintores para sofocar intentos de incendio.
El saldo reportado por el Gobierno capitalino fue de:
- 60 policías lesionados atendidos en sitio
- 40 policías trasladados a hospitales
- 20 detenidos presentados ante el Ministerio Público
- 20 remisiones por faltas administrativas
Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, calificó como “inaceptable” que una marcha convocada contra la violencia haya derivado en acciones violentas. “Fueron grupos organizados quienes provocaron los hechos”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que la movilización confirmó su “carácter provocador” y acusó la participación de actores de oposición:
“La derecha recurrió al vandalismo, a las agresiones y a los daños al patrimonio (…) buscando generar afectaciones en Palacio Nacional y la Suprema Corte”, declaró.
Llamados a la calma y operativo ampliado
El Gobierno capitalino detalló que la marcha fue acompañada por 800 elementos policiales, personal de Protección Civil, bomberos, Metro, Metrobús y la Comisión de Derechos Humanos local. También instaló la Base Morelos, desde donde se dio seguimiento en tiempo real a los contingentes y se desplegaron 180 integrantes del Grupo de Diálogo y Convivencia para intentar evitar confrontaciones.
Además, autoridades de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías notificaron previamente a negocios ubicados en la ruta para minimizar afectaciones y permitir reaperturas seguras tras el paso de los contingentes.
Una jornada marcada por tensiones y reacciones cruzadas
La marcha formó parte de un movimiento nacional con expresiones en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Xalapa, Querétaro, Toluca y Cuernavaca, así como en Michoacán, donde el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detonó nuevas exigencias de seguridad.
Aunque la movilización inició como una jornada pacífica y plural, la irrupción del grupo encapuchado tensó el ambiente y detonó una serie de declaraciones encontradas entre jóvenes manifestantes, autoridades federales y el Gobierno capitalino.
Al cierre del día, tanto Segob como la administración de la Ciudad de México insistieron en que el derecho a la libre manifestación debe ejercerse sin violencia, mientras que organizaciones y participantes exigieron garantizar la seguridad pública sin criminalizar la protesta.




