Hay casos que superan el expediente. Se abren como una carpeta administrativa y terminan siendo un espejo incómodo para el sistema. Tal es la historia de Miguel Ángel Molina Sámano, cuyo nombre, desde hace más de dos años y meses, habita el centro de un debate complejo, incómodo, pero necesario: el de los derechos laborales, la justicia institucional y la delgada línea entre acusar y condenar.

Fue en mayo de 2023 cuando Molina Sámano, con 18 años de servicio como auxiliar jurídico en el Centro de Justicia para las Mujeres de Sinaloa, recibió la notificación de su cese por una acusación de supuesto acoso sexual. El procedimiento, según él mismo ha sostenido públicamente, no respetó las garantías mínimas. La presunción de inocencia se esfumó, y la solución ofrecida —cambiar de adscripción— fue rechazada con entereza, por considerarla una forma de aceptar una culpa que no le corresponde. Desde entonces, su postura ha sido digclerica: firme, digna, profundamente convencida de su inocencia.

A partir de ahí, se ha convertido en un actor involuntario de una narrativa mayor. Ha sido señalado, descalificado, cuestionado, ha alzado la voz, ha marchado, ha repartido volantes donde señala directamente a quienes considera responsables de su salida, y ha tocado todas las puertas posibles: sindicales, jurídicas, políticas y mediáticas. Pero el caso no se ha resuelto, ni legal ni moralmente.

Hoy, a las puertas de una reunión que podría abrir finalmente la vía a su reinstalación, el caso Molina Sámano adquiere una nueva dimensión. No se trata ya únicamente del destino laboral de un trabajador, sino del mensaje que el sistema se envía a sí mismo y a la ciudadanía. Si se resuelve favorablemente, sentará un precedente que recordará la importancia de los procesos debidos, de la imparcialidad, del equilibrio entre el derecho a denunciar y el derecho a defenderse. Pero si no se resuelve, el asunto escalará: no por voluntad de Molina, sino por la inercia propia de los casos que, manejados de forma atípica, terminan en la esfera de lo político. Sumado a que vivimos ya tiempos políticos rumbo al 2027 y este caso, hay que reconocerlo, ya ha tenido trascendencia nacional, siempre con aristas negativas.

Sin embargo, el impacto ya sería por diferentes motivos, porque esto no es ya un litigio interno. Es un espejo para la función pública y para el Estado de derecho. Es un caso que podría colocarse en la esfera política, mucho más que en la judicial, toda vez que también un recordatorio de que las denuncias, todas, deben tratarse con responsabilidad, sin caer en simplificaciones ni absolutismos que enturbien la justicia real.

Lo anterior debido a que, a diferencia de otros casos que mueren en el silencio administrativo, este ha generado controversia. ¿Por qué? Porque Molina Sámano no ha cedido a la lógica del desgaste. Porque se ha negado a desaparecer. Porque ha obligado al sistema a mirarse en el reflejo de sus propias omisiones. Porque su actitud, lejos de ser beligerante, ha sido de resistencia pacífica, ética, profundamente humana.

Hay, en el fondo, insistimos, una advertencia implícita: si este caso no se resuelve con justicia y sentido institucional, podría derivar en un conflicto de mayor trascendencia política. No porque haya un cálculo, sino porque hay un contexto y un expediente del que omitiremos nombres de implicados, detalles y posibles consecuencias políticas para no alejarnos del análisis central de esta columna.

Porque cuando un trabajador con nombre y rostro interpela al poder durante más de dos años sin ser escuchado, la opinión pública toma nota. Y porque en el terreno de la política contemporánea, donde los símbolos pesan tanto como los hechos, los errores administrativos pueden transformarse en escándalos de legitimidad.

Lo que está en juego ya no es solo la reinstalación de un trabajador. Es la forma en que las instituciones entienden la justicia. Es el precedente que quedará para otros servidores públicos, para otras denuncias, para otros silencios. Además, el análisis de sus probables implicaciones políticas podría impactar también el Ajedrez en la Sucesión del Poder Ejecutivo. De ese tamaño.

Ojalá que esa próxima reunión no sea apenas otro trámite. Ojalá que marque el principio de un desenlace justo. Porque si la política va a intervenir, que lo haga no para encubrir errores, sino para corregirlos.

Al final, toda sociedad se mide no solo por cómo trata a sus víctimas, sino también por cómo garantiza justicia a quien asegura ser falsamente acusado. Esa ecuación, en este caso, está a punto de resolverse. Lo que ocurra después de agosto dirá mucho más que cualquier discurso.