La reciente jornada electoral para renovar al Poder Judicial en México, considerada histórica por su carácter inédito, dejó una estela de interrogantes y advertencias entre expertos en derecho constitucional, de acuerdo al doctor Gonzalo Armienta Hernández, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el proceso, aunque pacífico, evidenció fallas de diseño y omisión de derechos fundamentales.

“Fueron unas elecciones tranquilas, sin incidentes mayores, (…), pero la baja participación era previsible; la ciudadanía no conocía a los candidatos, y en México la gente no vota por votar”, sostuvo. El bajo involucramiento ciudadano, explicó, no es atribuible al desinterés, sino a la falta de información y a lo complejo del proceso, donde la mayoría de los contendientes no eran figuras públicas ni contaban con trayectoria conocida.

Armienta Hernández reconoció que una reforma al Poder Judicial era necesaria, particularmente por la desvinculación de la Suprema Corte con el sentir popular y por un Consejo de la Judicatura que, a su juicio, operaba como juez y parte. Sin embargo, advirtió que el diseño fue mal instrumentado, “se debió comenzar por los ministros y avanzar gradualmente, remover a jueces y magistrados de carrera fue un error que vulnera el derecho humano a la estabilidad en el empleo”, enfatizó.

Desde su óptica, el cambio masivo afectó a servidores que ascendieron por méritos propios. Sostuvo que muchos de ellos iniciaron como auxiliares, armando y cosiendo expedientes, se les despojó de una expectativa de vida construida con esfuerzo, lamentó el investigador.

Respecto al nuevo perfil de jueces y magistrados, el panorama no es alentador, ya que muchos carecen de experiencia y el conocimiento necesario para aplicar no solo la legislación nacional, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, subrayó. 

Finalmente, el doctor Gonzalo Armienta Hernández insistió en que la legitimidad del Poder Judicial debe construirse sobre bases sólidas, el modificar toda la estructura de un poder del Estado de manera simultánea fue imprudente, en este sentido, dijo que el tribunal disciplinario es un avance, pero los cambios debieron hacerse por etapas, comenzando por la élite judicial, “la justicia no puede esperar a que se adquieran conocimientos, debe garantizarse desde el primer día”, concluyó.