Culiacán, Sinaloa.– La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que los diputados que integran la 65 Legislatura no fungirán como jueces en el proceso legal que involucra al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local de ese mismo municipio, Genaro García.

En declaraciones recientes, Guerra Ochoa aclaró que el Poder Legislativo solo está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de tramitar la solicitud de juicio de procedencia —también conocido como desafuero— presentada por la Fiscalía General del Estado, y que tiene como finalidad garantizar que los funcionarios señalados enfrenten el proceso legal en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.

“El Congreso no determina culpabilidades. Lo que hacemos es poner a los funcionarios en el mismo nivel legal que cualquier persona, retirando el fuero para que enfrenten las investigaciones correspondientes como cualquier ciudadano”, explicó.

El caso que motivó la solicitud de desafuero está relacionado con el arrendamiento de 126 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, operación que, según la Auditoría Superior del Estado, presenta presuntas irregularidades por un monto de 176 millones de pesos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, que ahora busca que los señalados enfrenten el proceso sin fuero constitucional.

Guerra Ochoa reiteró que la función del Congreso es exclusivamente legislativa y no judicial, por lo que su intervención se limita a permitir que las instituciones correspondientes realicen su labor conforme a derecho.