En la actualidad latinoamericana, dos modelos económico-sociales se contraponen, revelando diferencias profundas que van más allá de lo puramente material. Representan visiones del mundo diametralmente opuestas sobre el rol que debe jugar el Estado y los objetivos prioritarios a perseguir como sociedad.

De un lado se encuentra el liberalismo económico, exponente del libre mercado y la mínima intervención estatal. Sus orígenes se remontan a pensadores de la Ilustración Escocesa como Adam Smith y su obra cumbre “La Riqueza de las Naciones”, la cual sentó los cimientos filosóficos del capitalismo moderno. Acontecimientos clave como la Revolución Industrial y las Convenciones de Viena de 1815 consolidaron los principios rectores de este modelo: competencia, desregulación, flujo de capitales sin restricciones.

En el extremo opuesto yace el liberalismo social, corriente que defiende un Estado proactivo como garante de la justicia social y la redistribución equitativa de la riqueza. Sus raíces se hunden en las mismas revoluciones burguesas que alumbraron la era contemporánea, pero que mantuvieron profundas desigualdades socioeconómicas. Pensadores ilustrados como Rousseau y otros abogaban por sociedades más igualitarias.

En México, estas dos doctrinas han tenido vaivenes históricos. El liberalismo social tuvo cimientes con líderes como Benito Juárez y más tarde Lázaro Cárdenas, impulsores de reformas estructurales en favor de las clases desfavorecidas. En la actualidad, la administración de Andrés Manuel López Obrador encarna este modelo con políticas de asistencia social robustas.

Por su parte, el liberalismo económico encontró caldo de cultivo con las oleadas privatizadoras y las políticas de adelgazamiento estatal impulsadas por el “Consenso de Washington” en décadas recientes. Hoy, exponentes como Javier Milei en Argentina abrazan sus postulados medulares con propuestas de desregulación total y eliminación de programas sociales.

Pero más allá de su divergencia sobre el grado de participación gubernamental, ambos modelos difieren radicalmente en sus prioridades y potenciales impactos. Datos y estudios de organismos como CONEVAL y CEPAL muestran que bajo esquemas de liberalismo económico sin contrapesos, los sectores más vulnerables tienden a ser los más afectados en términos de acceso a servicios básicos, niveles de pobreza laboral, ingresos y desigualdad.
En contraste, los beneficios del liberalismo social suelen ser más tangibles para la población de bajos recursos a través de programas de vivienda, educación, salud y otras prestaciones.

No obstante, este enfoque también puede derivar en burocracia, paternalismo estatal e ineficiencias económicas si no se implementa con mesura.

Las fricciones van más allá de lo meramente económico. Una visión privilegia la libertad de mercado y el individualismo, aun si esto implica concentración de la riqueza. La otra prioriza la igualdad material y el bien común, aun con costos en productividad. Sus efectos colaterales también se hacen sentir en áreas como cultura, derechos laborales y medioambiente.

Liberalismo económico y liberalismo social son paradigmas irreconciliables, que representan ideas de nación y sociedad excluyentes entre sí. Entre ambos pareciera no haber puntos medios o síntesis viables. Es una dicotomía que interpela a los ciudadanos a decidir qué modelo responde mejor a sus anhelos y necesidades más profundas.

La participación activa de la sociedad civil será clave en este debate que delinea los rumbos de la región. Más que un asunto técnico, de lo que se trata es de definir el proyecto de país y sociedad que queremos erigir. ¿Privilegiamos el dogma de los mercados auto-regulados o la vigencia de una comunidad política justa e incluyente? La histórica polarización ideológica latinoamericana tomará nuevos cauces, pero la disyuntiva de fondo sobre el sentido de lo colectivo y lo público seguirá tan vigente como siempre.