Todos coludos o todos rabones

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Una serie de videos circulados en redes sociales y grupo de whatsapp por empresarios y ciudadanos hartos por el ruido en Mazatlán, provocó esta Semana Santa un enfrentamiento entre la fuerza pública y los músicos de banda que reclaman -con justa razón- su derecho al trabajo.

Haber llegado a esta inadmisible confrontación que ocupó espacio en la prensa nacional tiene, por supuesto, responsables. Y esas son las autoridades federales, estatales y municipales que renunciaron a sus responsabilidades de mantener el orden público y aplicar la ley -permitiendo que Mazatlán sea una monumental cantina donde todo se vale-, empezando por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y los gobiernos estatal y municipal que no solamente desestimaron la anarquía sino que la alentaron otorgando concesiones a diestra y siniestra sin considerar impactos ecológicos y urbanos, y permitiendo violaciones a leyes y reglamentos.

Por supuesto, nadie, absolutamente nadie, puede estar en contra del derecho al trabajo legítimo que tienen los músicos, mucho menos en Mazatlán que es la casa de la banda sinaloense, otro atractivo para un segmento de turismo específico.

Una encuesta de satisfacción realizada por hoteleros reveló que por el ruido de la ciudad el turismo extranjero cayó del 36 al 3 por ciento en 2023, afectando a unas 65 mil familias que se benefician directa e indirectamente del turismo.

Tampoco alguien con dos dedos de frente puede ir en contra del derecho de los ciudadanos a disfrutar de la ciudad que habitan desde fines del siglo XVIII, lo que la diferencia de otras ciudades eminentemente turísticas. Estamos entonces frente a una colisión de derechos humanos que debe resolverse con la aplicación de la ley para que cada quien obtenga lo que a cada quien corresponda. Así funciona o debería funcionar el estado de derecho.

Algunos datos para documentar el caos:

Hasta la fecha no sabemos cuántas concesiones de playa otorgó Semarnat antes y durante los casi 4 años que duró la pesadilla del nefasto Químico Luis Guillermo Benítez Torres, quien personalmente alentó la degradación de la ciudad, permitiendo toda clase de excesos, empezando por los suyos.

Para resolver este conflicto, que innecesariamente escaló a la confrontación social y abrió la puerta al clasismo, Semarnat, Profepa, estado y municipio, deben revisar que todas las palapas concesionadas con venta de alimentos y bebidas alcohólicas; restaurantes con música en vivo; y transporte público cumplan con leyes y reglamentos federales, estatales y municipales para controlar las emisiones de ruido hacia la vía pública.

En reciente reunión entre músicos, ciudadanos y alcalde, en la que todos aceptaron segmentar la playa y fijar horarios, la representante de Profepa reconoció que solamente tiene 3 inspectores para toda la zona sur del estado y el ayuntamiento tiene 4, lo que hace imposible una supervisión eficaz, de manera que, aunque tenemos muchas y buenas leyes, es necesaria la buena voluntad de las partes.

Hablando de leyes, el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del Municipio de Mazatlán tiene facultades para realizar acciones preventivas o de corrección para evitar que sean rebasados los parámetros máximos que prevé la norma oficial mexicana 081, que establece horarios y decibles máximos y mínimos que van de 50 que equivale a una conversación normal a 100, equivalente al sonido de una banda de rock. Una demanda de acción colectiva estableció el máximo de 68 decibeles en pulmonías, que asemeja a una conversación en voz alta.

También en esta contaminación auditiva, cabe aquello de “todos rabones o todos coludos”, pues no es justo que le carguen todas las pulgas a los músicos callejeros mientras algunos restaurantes gozan de cabal impunidad, empezando por el restaurante-bar el Muchacho Alegre del actual Secretario de Turismo, quién podría poner el ejemplo aislando el ruido de su negocio hacia la ciudad.

Otro contribuyente a la contaminación por ruido es el transporte público y recreativo, cuyo objeto social es transportar personas y/o mercancías, pero en la práctica son cantinas móviles o bólidos que circulan a toda velocidad por las pocas y estrechas calles de Mazatlán con sonidos que rebasan por mucho los 100 decibeles. Por esta flagrante violación, el juez noveno de distrito Manuel Hiram Rivera Navarro concedió una primera sentencia condenatoria contra la Dirección de Vialidad y Transporte del gobierno del estado por no aplicar la ley y reglamento de tránsito.

Como ven queridos lectores, estamos frente al evidente vacío de autoridad de los 3 niveles de gobierno que fueron omisos para aplicar leyes y reglamentos. Por estas razones, el tema se salió de control porque nadie puede atentar contra el derecho al trabajo legítimo ni ir en contra del bienestar de los ciudadanos.

Una pregunta final, ¿para qué sirve el Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable que preside el doctor Víctor Manuel Zárate que debería estar dando la cara en este este asunto que la autoridad dejó irresponsablemente en manos de los ciudadanos?

Todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la ciudad y todos tenemos que cuidar a Mazatlán porque es la casa de todos.

Disfruten Semana Santa y prepárense porque detrás viene la Semana de la Moto.

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