Cámara de Diputados aprueba iniciativa para obligar a establecimientos de rehabilitación privados a contar con un certificado sanitario para operar

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que busca regular a los centros de recuperación de adicciones que no son parte del gobierno, mejor conocidos como granjas o anexos.

El proyecto se avaló por 451 votos a favor y obliga a estos establecimientos a contar con un certificado sanitario para operar.

En la argumentación de la iniciativa, el diputado del PVEM Marco Antonio Natale Gutiérrez expuso que a lo largo de los años se han buscado acciones para combatir las adicciones; “sin embargo, las sustancias adictivas se han vuelto accesibles para la población en general”, indicó.

El legislador explicó que se ha atendido a más de 100 mil personas en centros de adicciones gubernamentales, pero detalló que en el caso de los sitios externos estos no siempre lo hacen adecuadamente.

“El dolor y el sufrimiento se genera en las familias de las personas adictas a los sicofármacos, los cuales son sometidos a tratos indignos en algunos centros de adicciones. El dictamen que se discute tiene como finalidad elaborar un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia. De igual forma, establece que los centros de adicciones deberán estar registrados y contar con las medidas de sanidad establecidas por la autoridad competente”, detalló.

La iniciativa advierte que según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hubo alrededor de 275 millones de personas en el mundo que utilizaron drogas y 36 millones sufrieron trastornos por el consumo de éstas.

“El Covid-19 ha tenido como consecuencia, además de la muerte en muchas personas, un mayor consumo de drogas ilícitas, las poblaciones vulnerables son las que representan un mayor riesgo para caer en problemas de esta índole. Es por lo anterior, que los programas y capacitaciones para los jóvenes tienen que realizarse con mayor frecuencia y evitar que ingresen a centros que no se encuentran reconocidos ante las autoridades competentes”, expone el proyecto.

La propuesta destaca datos del Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México, de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones, que revelan que en 2020 101 mil 142 personas recibieron tratamiento por consumo de drogas en los centros de atención primaria en adicciones, de integración juvenil y no gubernamentales. De ellos, 84.6% fueron hombres y 15.4% mujeres.

La iniciativa establece que la Secretaría de Salud será la dependencia encargada de elaborar un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector Salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Detalla que en dicho programa se deberá proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran para la rehabilitación social de las personas que consuman estupefacientes y sicotrópicos, promoviendo y garantizando sus derechos humanos.

Asimismo, la iniciativa establece que se deberá procurar que el personal que labore en las instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, tengan los conocimientos necesarios en la materia y protejan los derechos humanos de las personas que accedan a los servicios que ofrecen.

Finalmente, se indica que para el establecimiento de los centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación que no pertenezcan al sistema público salud se deberá contar con licencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente, “de conformidad con lo señalado en la norma oficial en la materia y en las demás disposiciones de las autoridades locales en materia de protección civil y seguridad”.

Tras su aprobación en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro, el proyecto fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.