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Cascada de amparos atora la extradición de Rafael Caro Quintero

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La Fiscalía General de la República enfrenta dificultades para entregar a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero, involucrado en la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena.

Ciudad de México.- Una cascada de amparos, en al menos cuatro estados del país, ha impedido a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a Estados Unidos al narcotraficante que más desean tener en sus manos, Rafael Caro Quintero, involucrado en la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, hace 38 años.

​De acuerdo con funcionarios del gobierno federal, el Ministerio Público Federal está enfrentando una batalla legal para conseguir su objetivo, que Caro Quintero pueda ser entregado a los estadunidenses antes de finalizar el año o a comienzos de 2024.

El líder del antiguo cártel de Guadalajara ha promovido amparos en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa. Pero otro obstáculo para su extradición es su estado de salud, pues recientemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la próstata en un hospital mexiquense.

Tan solo uno de sus procesos duró siete años y culminó en 2021. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se determinó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no es inconstitucional.

Lo anterior, solo fue una parte del litigio, pues una vez que se pronunció la Primera Sala de la Corte el asunto fue devuelto a un tribunal colegiado de la Ciudad de México, donde finalmente los magistrados rechazaron protegerlo contra la extradición. El juicio se desarrolló cuando el capo se encontraba prófugo.

En 2013, Caro Quintero obtuvo su libertad porque un Tribunal Federal lo amparó y de inmediato abandonó el penal estatal de Puente Grande, Jalisco. 

Esta situación provocó la molestia de Estados Unidos y ese mismo año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Corte estudiar el caso. La Primera Sala revocó el amparo, ordenó reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia.

En 2015 se determinó que Caro Quintero sí era responsable, junto con Ernesto Fonseca, Don Neto, del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Kiki Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, y que debía de cumplir 40 años de prisión, por lo que se ordenó de nuevo su detención.

Encontrándose prófugo, Caro Quintero promovió más amparos y lo volvió hacer cuando fue reaprehendido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el 15 de julio de 2022, en el municipio de Choix, Sinaloa.

Horas después de su captura, la hermana del capo, Beatriz Angélica Caro Quintero, solicitó un amparo y logró que fuera admitido a trámite por Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, quien concedió una suspensión de plano al narcotraficante, la cual hasta el día de hoy impide al Gobierno Federal su deportación o expulsión del país.

Debido a que el capo fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el juzgador jalisciense declinó competencia, por lo que el caso lo tomó Abigail Ocampo Álvarez, jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal. 

Ella mantuvo bloqueada la suspensión y admitió a trámite un nuevo amparo para que el capo no permanecería incomunicado en el penal.

Esta estrategia la han seguido diversos sicarios y narcotraficantes, el más reciente de ellos Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, quien fue detenido el pasado 23 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.

El mismo día de su detención, interpuso un amparo mediante el cual la jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, frenó de manera temporal su extradición o deportación fast track a Estados Unidos.

Este lunes, el fiscal general de justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, insistió en que el gobierno estadunidense buscará la extradición de El Nini, quien actualmente se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Garland destacó que desde abril pasado se anunciaron cargos contra 23 miembros, líderes y asociados del Cártel de Sinaloa relacionados con el tráfico de fentanilo.

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