Culiacán, Sin. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado determinó aprobar de las cuentas públicas del año fiscal del 2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez, del municipio de Elota y del poder Judicial.

Asimismo, determinó rechazar las cuentas públicas correspondientes al año fiscal del 2022 de los municipios de Cosalá, El Fuerte, y la de la Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, así como de la UAS.

En la reunión de trabajo sostenida este miércoles por la tarde, participaron los diputados y diputadas Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Alba Virgen Montes Álvarez, Adolfo Beltrán Corrales, Rita Fierro Reyes, César Ismael Guerrero Alarcón y Nela Rosiely Sánchez Sánchez, presidente, secretario y vocales, respectivamente.

Las correspondientes determinaciones serán presentados posteriormente ante el Pleno del Congreso del Estado para la aprobación o desaprobación del sentido en que fueron emitidos esta tarde.

Asimismo, se rechazó con seis votos en contra la propuesta de la diputada Alba Virgen Montes, de solicitar una auditoría específica al poder Judicial.

En el caso del municipio de Cosalá, se rechazó su cuenta pública por unanimidad, por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago por 33 millones 878 mil 375 pesos y 2 millones 433 mil 883 pesos, y por adjudicar de manera directa el 100 por ciento de las obras realizadas.

En 2022, registró un endeudamiento por 46.8 millones de pesos, lo cual representó un incrementó en 44.1 por ciento respecto de 2021. Con este resultado, el municipio se coloca en la posición número 8 en relación con los demás municipios, entre otras causas.

En el caso del municipio de El Fuerte, también se rechazó por unanimidad su cuenta pública por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago, por 19 millones 378 mil 534 pesos y otros 8 millones 105 mil 530 pesos.

De igual manera se privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 98.08 por ciento se adjudicaron de manera directa.

Registra un gasto de un millón 983 mil 142 pesos por concepto de servicio de asesoría y consultoría fiscal para la prestación de servicios profesionales de asesoría para el correcto cumplimiento del timbrado de la nómina, así como el análisis, corrección y aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, pero se omiten evidencia justificativa relativa al cumplimiento del contrato.

Pagó un millón 37 mil 672 pesos con recursos del gasto corriente por desacato a sentencia condenatoria a favor de un trabajador emitida por Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras causas.

En el caso de la UAS, se rechazó por seis votos, y sólo se tuvo un voto de aprobación.

Se rechazó su cuenta pública por haber incumplido con la obligación de conservar y poner a disposición de la Auditoría Superior del Estado los documentos
comprobatorios y justificativos correspondientes a la contabilización de las operaciones relativas a los ingresos propios obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022 y por ende, no comprobar y tampoco justificar que éstos fueron captados, registrados, custodiados, administrados y aplicados en apego a la normatividad establecida, al no acreditar el uso y destino de los mismos.

El monto de esos recursos es de 466 millones cuatro mil pesos.