La aprobación de este marco normativo también trajo consigo la creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como ente encargado de la tutela del derecho humano a la información
Culiacán, Sin. Al arribar a los 20 años de creación de la primera Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, los Comisionados de Ceaip coincidieron en señalar que la transparencia y el ejercicio del derecho a saber han evolucionado notablemente y el compromiso es seguir extendiendo sus alcances.
El Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, José Luis Moreno López, explicó que en la vida de la Ley de Transparencia de Sinaloa desde los trabajos previos para su conformación por parte integrantes del grupo Oaxaca, de organismos internacionales y personajes del estado, lo que dio la creación del citado marco normativo, mismo que fue publicado el 25 de abril de 2002 por parte de la 57 Legislatura, para entrar en vigor al siguiente día.
Detalló que los gobiernos municipal y estatal debieron innovarse y ordenar sus bancos de datos para darle cumplimiento a los mandatos de esta ley que asigna la obligación a las entidades públicas de responder solicitudes de información, así como atender inconformidades en el tema a través de recursos de revisión.
Informó que desde abril del 2003 a diciembre de 2021 se han atendido más de 181 mil solicitudes de información a través de los distintos sistemas implementados, desde la atención personalizada en 2003, hasta la Plataforma Nacional de Transparencia SISAI 2.0, en la actualidad.
En el apartado de asuntos generales de la Sesión ordinaria de Pleno número 13 desarrollada el 25 de abril, Moreno López destacó que la ley trajo consigo la creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como ente facultado para realizar su tutela en Sinaloa.
Destacó la relevancia del Sistema Infomex, medio para dar respuestas a las y los ciudadanos, mismo que en septiembre de 2021 terminó funciones para dar paso a la Plataforma Nacional de Transparencia con la creación del SISAI 2.0.
Detalló reformas que mejoraron el Derecho de Acceso a la Información Pública como lo fue omitir la identificación del ciudadano solicitante, reducir los costos en copias por concepto de respuestas, así como la elevación a rango constitucional de la Comisión durante el 2014 para dar mayor peso a sus resoluciones, lo que dio paso para que dejara de ser Ceaipes y diera lugar al acrónimo de Ceaip.
“Como garantes del acceso a la información y de la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados, tenemos tareas muy importantes que desarrollar para llevar a la consolidación estos temas y se les está otorgando en todo momento una visión ciudadana”, indicó.
Por su parte la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, afirmó que en estas dos décadas de existencia, la Ley de Transparencia en Sinaloa ha evolucionado y ha crecido para bien de los ciudadanos; el primer marco normativo contenía 62 artículos e incluía la Protección de Datos Personales como hábeas data.
En contraparte con la actualidad que se cuenta con una nueva ley expedida el 2016, la cual es más completa pues contiene 210 artículos, dijo.
A esto se agrega, mencionó, que la entidad también cuenta con Ley de Protección de Datos Personales aprobada el 2016, así como Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa que entró en vigor el pasado mes de febrero de este año.
En tanto que el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada indicó que la aprobación y publicación de la Ley de Transparencia en 2002, la del 2016 y las respectivas reformas han significado un parteaguas en materia de transparencia en Sinaloa.
“Hoy podemos sostener que hay un antes y un después en materia de ejercicio de estos derechos, sobre todo el derecho de acceso a la información pública, ni se diga con el de protección de datos personales que es un derecho en uso creciente por parte de la sociedad”, agregó.
Describió el acceso a la información pública como un derecho vivo, actuante que se ejerce prácticamente los 365 días del año y sostuvo que el compromiso es seguir profundizando y extendiendo el ejercicio del derecho a saber y la protección de datos personales.
