Lozoya está a nada de enfrentar los cargos desde su casa si es que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, deja sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht y ordena otra medida cautelar.

Ciudad de México.- Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, desechó un amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para frenar que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrente su proceso en libertad por las acusaciones de la adquisición de la planta chatarra Agronitrogenados.

“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares… no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, explicó la encargada del Tribunal del Consejo de la Judicatura Federal.

La magistrada del Poder Judicial de la Federación dijo que las autoridades no pueden acudir al procedimiento constitucional para defender la legalidad de sus actos al no ser titulares de derechos fundamentales, pues actúan como entidades de gobierno dotadas de imperio.

La responsable del Tribunal comentó que es requisito indispensable para acreditar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona moral oficial, la afectación de sus intereses patrimoniales derivados de actos jurídicos que realicen bajo un plano de igualdad, en una relación de coordinación frente a otro gobernado, lo que en el caso no se actualiza.

“Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, expuso la abogada.

La causa penal 211/2019 fue una de las principales para extraditar a Emilio Lozoya de España a México, donde enfrentaría las acusaciones de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hoy el exdirector está a nada de enfrentar los cargos desde su casa si es que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, deja sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht y ordena otra medida cautelar.

El 23 de marzo de 2020, la Embajada de México solicitó la extradición del ciudadano Emilio Lozoya Austin para su enjuiciamiento por los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la Audiencia Nacional de España.

De junio a noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias por 3 millones 400 mil dólares a una cuenta bancaria en Suiza de Tochos Holding, la cual fue creada por Emilio Lozoya medio año antes.

Del 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012, Emilio Lozoya formó parte del gabinete de transición de Enrique Peña Nieto, presidente electo por el PRI, tras recibir constancia del resultado electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El 16 de noviembre de 2010, el 27 de septiembre, el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2011, Tochos Holding ingresó en distintas bancarias cuya titularidad correspondía a Emilio Lozoya Austin un total de 60 mil dólares, sin causa que justificase dichos pagos”, agrega.

Tocho Holding ingresó un importe total de 2 millones 580 mil dólares los días 7 y 13 de noviembre de 2012, “señalando como concepto de la operación “Ladera núm 20, casa ll Col. Lomas de Bezares”.

En 2013, Lozoya Austin otorgó de forma directa a la empresa Odebrecht un contrato por mil 436 millones 398 mil pesos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente e internacionalmente,

Odebrecht pagó 6 millones a cambio del otorgamiento de la obra que finalmente obtuvo, firmando el contrato de obra pública en febrero de 2014.

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Emilio Lozoya tiene un pie fuera de la cárcel, siempre y cuando hoy el juez resuelva que no procede el amparo contra el fallo de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien el pasado 21 de noviembre ordenó el cambio de medida cautelar para que a Emilio Lozoya se le coloque un brazalete electrónico y enfrente su proceso fuera de la cárcel solo por lo que hace al caso de Agronitrogenados.