Pese a ser reconocidas por el gobierno mexicano como acciones esenciales para reducir la violencia que aqueja al país, la prevención del consumo de drogas y la rehabilitación para las personas con problemas de adicción, se encuentran abandonadas y sin un camino claro, y más aún con el contexto pandémico.

“Si sigue creciendo el consumo (de estupefacientes), se nos va a complicar aún más. Tenemos que bajar el consumo […] luego que hagamos todo eso y que empecemos a tener más control y mejores resultados, entonces vamos a ver lo de la pacificación”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia en agosto del 2019.

Sin embargo, las limitaciones presupuestales en la materia, el enfoque todavía prohibicionista —en la legislación y las campañas de prevención— y el desinterés por regular los centros de rehabilitación, en los que incluso se ha involucrado el crimen organizado, demuestran que las acciones de los diferentes niveles de gobierno han tomado un camino diferente.

Por ejemplo, en cuanto al presupuesto, la organización México Evalúa señala que el gasto para 2021 en la Prevención y atención contra las adicciones se redujo 1.4 por ciento con respecto al asignado en 2020, es decir, 20.3 millones de pesos menos.

Para el 2021, en este ámbito las autoridades trabajan con una desventaja, pues en 2020 las actividades de prevención en los Centros de Atención Primaria en Adicciones en México disminuyeron, lo que los obliga a recuperar el ritmo previo.

De acuerdo con información de los Consejos Estatales Contra las Adicciones, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, 86 mil 302 menores de edad participaron en dichas actividades; mientras que en 2019 en el mismo periodo la participación fue de 399 mil 850 niños y adolescentes.

Por otro lado, el artículo “Los centros de rehabilitación están en la agenda de los cárteles, no del Gobierno” del portal SinEmbargo da cuenta de la raquítica regulación de los centros de rehabilitación de adicciones en el país.

El texto explica cómo muchos de estos centros, también conocidos como anexos, operan en la clandestinidad y cómo se han convertido en sitios donde integrantes del crimen organizado torturan o asesinan a personas o reclutan a personas con problemas de adicción para vender drogas o unirse a sus organizaciones. Todas estas acciones con el absoluto desinterés de las autoridades mexicanas en medio.

Tras el 2020, un año marcado social y económicamente por la pandemia por covid-19, la urgencia de acciones e intenciones enfocadas en la prevención y rehabilitación no podría ser mayor. Según el informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021 de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el año pasado el consumo de drogas en el país aumentó 20 por ciento.

Cabe destacar que las sustancias consumidas se han diversificado, por lo cual el problema cada vez es mayor; de acuerdo con el documento las drogas más consumidas en México son el alcohol, marihuana, cocaína, heroína, tranquilizantes, barbitúricos, opio/morfina, inhalables y el fentanilo.

Además, el informe menciona que el año pasado se reportó en el país un aumento en las muertes causadas por el consumo de drogas; mientras que en 2019 se registraron mil 192 fallecimientos por esta razón, para el 2020 el número de decesos subió a mil 735.