Si hay algo que destacar de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado cuyo periodo concluye el lunes 30 de septiembre de 2024 es que colocó a Sinaloa a la vanguardia en la protección de los derechos humanos de la población más vulnerable, en temas que se consideran tabú.

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, que preside el diputado Feliciano Castro Meléndrez, inició el 1 de octubre de 2021 y concluye este lunes 30 de septiembre de 2024.

Durante estos tres años esta legislatura destacó por su pluralidad, humanismo y observancia de los derechos humanos, con equidad, igualdad e inclusión.

En esta 64 Legislatura se realizaron reformas y se crearon leyes en beneficio de todas y todos los sinaloenses, siempre poniendo al centro el interés, la felicidad y el bienestar del pueblo con sentido social y humano.

Prueba de la positiva evaluación del trabajo de la 64 Legislatura, específicamente del Grupo Parlamentario de Morena, fue que todas las diputadas y todos los diputados de este partido que buscaron reelegirse obtuvieron la aprobación de la sociedad para continuar en la 65 Legislatura que inicia el lunes 30 de septiembre de 2024.

La 64 Legislatura resaltó por su convicción y orientación humanista del ejercicio legislativo, siempre basadas en el diálogo y en la búsqueda de consensos con perspectiva democrática y plural.

¿Qué podemos destacar en esta 64 Legislatura?
Más allá de las trincheras políticas y de los colores, en el Poder Legislativo se dio una auténtica revolución de las ideas en las que se escucharon las voces de la sociedad y se atendieron las necesidades de las minorías, como fue el caso de los pueblos y las comunidades indígenas.

Con la Agenda Púrpura´64 la protección de los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, las niñas, los niños, los adolescentes, y los adultos mayores, se fortalecieron sustancialmente.

También hubo avances para proteger la naturaleza y los animales.

La Agenda Púrpura, como mencionamos, se propuso proteger los derechos humanos de todas las familias sinaloenses, con independencia de su modelo, así como los derechos de la ciudadanía con pleno respeto a la diversidad, otorgando prioridad al supremo interés de las niñas, los niños y los adolescentes.

La 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa pasará a la historia por impulsar la Agenda Púrpura legislando para proteger los derechos humanos, políticos, laborales y sociales de las mujeres y combatir la violencia de género para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Los avances de la Agenda Púrpura 64, dedicada a las mujeres de Sinaloa para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y para proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses, así como sancionar y erradicar la violencia de género.

Se aprobaron reformas legales con transversalidad de género como la paridad total que establece como falta administrativa a quien no respete la paridad de género en la asignación de puestos de la estructura de mando en entes públicos, autónomos, poderes, municipios y asignación de fiats en el Estado.

Por cierto, es emblemático que la 65 Legislatura es una expresión de paridad porque este lunes 30 de septiembre rendirán protesta 20 mujeres y 20 hombres.

Otro logro de la 64 Legislatura fue el 3 de 3 al establecerse en la Constitución de Sinaloa los requisitos para obtener una candidatura a puesto de elección popular, para lo cual los aspirantes no deberán aparecer en el padrón de deudores alimentarios y no tener condenas por delitos contra la familia, la libertad sexual o violencia política en razón de género.

“¡No es No!”, es una expresión antes ignorada, pero ya no, pues se estableció en el Código Penal que, en todos los delitos de índole sexual, cometidos en contra de personas mayores de 15 años, el elemento del consentimiento deberá ser expreso, voluntario, genuino y deseado, de lo contrario no es consentimiento, garantizando la no revictimización, con el fin de sancionar toda expresión de violencia contra las mujeres.

Se aprobó la reforma a la Ley de Discriminación para efecto de ampliar las conductas y que nadie en Sinaloa sea discriminado por su condición de género, raza, religión, etcétera, homologando las conductas de discriminación con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de salvaguardar toda conducta de discriminación en Sinaloa.

También se aprobó por unanimidad dictamen que reformó el Código Familiar y que establece que no será impedimento para contraer matrimonio, padecer VIH sida, u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, garantizando con ello todos los derechos para todas las personas y la no discriminación en ninguna de sus expresiones.

¿Cuántos años ha tenido Sinaloa de violencia vicaria no sancionada? Esta 64 Legislatura la estableció como delito en el Código Penal, como una modalidad de violencia en el núcleo familiar teniendo como principal característica la utilización de una interpósita persona para lograr dañar a otra.

La Ley Monzón fue aprobada para establecer como causal de pérdida de patria potestad a los padres que sean procesados por el delito de feminicidio, con el fin de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, al poner al centro el interés superior del menor.

En la lucha por la igualdad, la inclusión y la diversidad se gritó fuerte: ¡Nada que curar!, al prohibir en Sinaloa las terapias de conversión, que tienen como finalidad cambiar o “corregir” la identidad de género u orientación sexual, estableciendo en el Código Penal, sanción con pena de cárcel de 6 años a quien realice las llamadas terapias de conversión, y pudiéndose aumentar hasta en una mitad más, si se realizan respecto de menores de edad o adultos mayores, salvaguardando con ello el libre desarrollo de la personalidad y la orientación sexual de niños, niñas, adolescentes y adultos sinaloenses.

Por otro lado, Sinaloa fue el primer estado en el país con pensión universal para personas con discapacidad, otorgada a partir del presupuesto estatal del año 2023.

En materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción hubo grandes avances.

Se hizo reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, con el fin de reestructurar los procesos de revisión y fiscalización de cuentas públicas, y con ello abatir el rezago que se tenía de revisiones con años de atraso, y en la actualidad cada año de ejercicio fiscal concluido, será año revisado, garantizando con ello la eficiencia en el trabajo de fiscalización y evitando la impunidad en materia de desvío de recursos de los servidores públicos.

Además, se aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en materia de retenciones de cuotas IPES, para combatir la añeja corrupción que se tenía en el instituto de pensiones en agravio de los servidores públicos, garantizando el derecho de los ciudadanos servidores públicos que cumplen con su antigüedad de servicio y reclaman su retiro.

Por otro lado, la reforma en materia hacendaria estableció a nivel municipal como retenedores del Impuesto Predial Rústico a los adquirentes de productos obtenidos de la actividad agrícola, acuícola, ganadera, porcícola y avícola, así como las personas físicas o morales que por cualquier título funjan como intermediarios o mediadores entre productores o adquirentes quienes deberán retener al productor el impuesto predial tratándose de predios rústicos.

Ahora las Tesorerías Municipales pueden celebrar convenios con los retenedores de este Impuesto Predial Rústico, con el objeto de facilitar la forma de recaudación de mismo.

Cabe subrayar las acciones legislativas a favor de la economía de los y las sinaloenses como el no aumentar el impuesto predial y las reasignaciones a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para temas sensibles.

En materia de desarrollo económico hay que destacar la reforma inmobiliaria para regular el cobro del derecho para formar parte del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios del Estado de Sinaloa, con el objeto de hacer constar la inscripción de agentes inmobiliarios, así como la renovación de su inscripción, asegurando con ello la profesionalización, y la competitividad en el sector inmobiliario de Sinaloa.

Se aprobó establecer el delito de fraude específico en el Código Penal, con sanciones de hasta 12 años de cárcel, a quienes pacten compras con productores agrícolas, fruticultores, ganaderos, apícolas o pescadores, y no la paguen en los plazos convenidos, tomando como referentes criterios de la SCJN, para respaldar a los productores sinaloenses en la producción, venta y pago de sus cosechas.

También destaca la lucha de precios justos a los productores de maíz comprando parte de la producción para incidir en el mercado y la visión de plantear la necesidad de otro modelo de desarrollo rural, que permita que los agricultores se apropien del proceso productivo y el estado retome la rectoría en la producción de alimentos. Lo anterior, por supuesto, en el entendido de que este es un problema histórico y que no es privativo de un periodo gubernamental. Es indispensable cambiar el esquema que ha convertido esta situación en una crisis que cíclicamente se presenta cada año.

Sería largo enumerar los eventos culturales con escritores, las exposiciones, y la reivindicación de muchos personajes sinaloenses cuyos nombres se colocaron en el Muro de Honor, rescatando sus biografías para que no estuvieran en el olvido de la historia.

Hay que destacar el presupuesto que se otorgó para basificar mil plazas en el sector salud, reivindicando los derechos vulnerados desde décadas a los trabajadores de la salud, con justicia social y laboral, así como la creación de los municipios de Eldorado y Juan José Ríos.

Hubo importantes reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa para fortalecer su gobernabilidad democrática, apertura y pluralidad, así como los derechos y obligaciones de los iniciadores.

Este Congreso aprobó reducir la edad mínima para ser diputado o diputada de Sinaloa de 21 a 18 años, así como disminuir la edad para ser secretario general de Gobierno de 30 a 25 años.

No hay que dejar de mencionar la celebración de los Parlamentos Abiertos para abordar diversos temas de relevancia para Sinaloa.

Finalmente, una de las mayores polémicas de esta legislatura fue la expedición de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que no fue otra cosa que una armonización con el marco legal federal, de observancia y aplicación obligatorias, con una visión humanista, y con apertura a la educación para todos y todas, buscando trascender cultural y académicamente.

El impulso a la reforma de las Leyes Orgánicas de las Universidades Públicas con respeto a su autonomía para fortalecer la transparencia y la calidad de la educación superior en Sinaloa cerró con la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, incluyendo con observaciones del gobernador Rubén Rocha Moya antes del cierre de la legislatura, en aspectos que tienen que ver con la renovación de sus autoridades universitarias, garantizando la paridad de género y la paridad universitaria, así como al cierre de los periodos de los cargos asumidos con la ley anterior.

Previamente se había aprobado la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente, y queda como asignatura pendiente la Universidad Autónoma Indígena de México.

La armonización de las legislaciones universitarias, garantizan la democracia, la equidad de género, la paridad entre hombres y mujeres, la paridad universitaria, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la educación superior en Sinaloa.

Ese es un breve recuento del trabajo legislativo que realizó la 64 a favor de los derechos humanos, el bienestar y la seguridad de la población sinaloense. ¡Queda para la historia la legislatura del humanismo!