En México hay mil 53 presos que tienen entre 75 a 81 años de edad,por lo que podrían verse favorecidos
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió liberar a presos que hayan sido torturados, que tengan más de 65 años o lleven más de 10 años sin sentencia, por lo que se estima que puedan ser más de 94 mil.
De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta marzo de 2021, en México hay 219 mil 117 personas privadas de su libertad.
Por delitos de orden federal, la población presa asciende a 28 mil 200 personas; mientras, por orden común, es decir de la competencia de los estados, hay 190 mil 917.
De este número, las personas que se encuentran procesadas en espera de una sentencia son 81 mil 464 por delitos relacionados al fuero común, y 12 mil 323, del fuero federal.
Estos son los números de mexicanos que podrían verse beneficiados por uno de los supuestos que analiza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para excarcelar a reos bajo estas tres condiciones:
- 1. Detenidos por más de 10 años sin una sentencia, es decir, en prisión preventiva.
2. Adultos mayores de más de 75 años, que no hayan cometidos delitos graves.
3. Adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica y que no hayan cometidos delitos graves,
4. Presos que hayan sufrido algún tipo de tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul.
Respecto a la población adulta mayor encarcelada, según el último informe del sistema penitenciario nacional elaborado en octubre de 2019, en México había alrededor de 6 mil 242 presos.
La Ciudad de México y el Estado de México son los que más población de adultos mayores registran en sus centros penitenciarios con 765 y 518, respectivamente.
De 60 a 70 años, los adultos mayores presos eran 5 mil 189; sin embargo, no se especifica si tienen padecimientos crónicos.
De 75 años y hasta 81 años, el OADPRS tenía un registro de mil 53 adultos en este rango de edad, número, que ha razón de ser actualizado a 2021, podría beneficiarse de esta amnistía.
Los adultos mayores que se encuentran procesados, pero sin sentencia asciende, de acuerdo con el gobierno federal, a mil 682 entre el fuero común y el federal.
Desde 2008, con la reforma en materia de seguridad y justicia penal, en México se incorporó la figura de la prisión preventiva oficiosa, que tiene el objetivo de evitar la impunidad, esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, garantizar la reparación del daño y tutelar los derechos de víctimas, ofendidos y procesados.
Esta medida, criticada por diversos organismos en defensa de los derechos humanos, se ha arraigado en el país sobrepoblando cárceles con gente en espera de una sentencia.
Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, durante el primer trimestre de 2021, México cuenta con 288 centros penitenciarios y en 135 se registra sobrepoblación, con 2 mil 101 casos.
En 2020, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Amnistía como uno de los ejes de la política de seguridad sexenal de López Obrador.
La ley aprobada contempla liberar a personas que no cometieron delitos graves, como homicidios o secuestros, así como mujeres que hayan sido acusadas del delito de aborto e indígenas que no contaron con interpretes o defensores en su lengua.
Sin embargo, después de un año desde su publicación, ningún preso en México ha sido beneficiado con esta ley, por ello, en un esfuerzo por acelerar la liberación de presos, el presidente López Obrador emitirá un decreto a fin de garantizar, en principio, la excarcelación de personas bajo los principios antes mencionados.
Esta medida, que se aplicará a los reos del orden federal, también ha sido respaldada por los 17 mandatarios emanados por Morena, entre ellos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por ejemplo, en la Ciudad de México hasta el 2 de julio, se tenía contabilizada una población presa de 26 mil 423 personas, de ellas, 8 mil 142 están en espera de una sentencia.
El decreto tendrá que estar operando aa más tardar el 15 de septiembre.
