Después del primer asesinato de un periodista en Sinaloa, ocurrido en Mazatlán en 1874 por orden del gobernador Francisco Cañedo, tuvieron que pasar 149 años y morir o desaparecer 28 periodistas más y 7 defensores de derechos humanos para tener un sistema de protección en Sinaloa. Ha sido una ruta larga, dolorosa y sangrienta.., y la cuesta sigue siendo hacia arriba.

El 22 de febrero de 1988 el crítico periodista Manuel Burgueño Orduño, colaborador de Paralelo23, publicó la perversa relación entre traficantes de drogas y autoridades estatales de seguridad. Fue asesinado ante los ojos aterrados de su familia, mientras comía en la casa de una de sus hijas en Mazatlán hasta donde ingresó un comando que lo asesinó de varios tiros. Al mando de los delincuentes iba el hermano de Humberto Rodríguez Bañuelos, (a) “la rana”, comandante de la Policía Judicial del Estado en la zona sur, que aspiraba a ocupar la dirección estatal con el apoyo de Juan Manuel Salcido Uzeta, (a) “el cochiloco”, a quien servía. Publicar esta relación le costó la vida.

Desde entonces, los periodistas de Mazatlán -que aportó 4 muertos o desaparecidos más en los años siguientes- propusieron dar forma a una organización gremial estatal que acompañara la exigencia de justicia y demanda de protección para el desempeño de su trabajo. Tuvieron que pasar 34 años para tener un organismo autónomo -supervisado por un consejo honorífico de 3 periodistas y 3 defensores de las 3 zonas del estado, electos democráticamente por los 40 diputados de la LXIV Legislatura-, cuyo propósito fundamental es inhibir por todos los medios las agresiones contra estos dos grupos de ciudadanos y colaborar con todas las capacidades del Estado para proveer condiciones de seguridad suficientes y eficaces para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Sinaloa, horcón de en medio sobre el que descansa toda sociedad democrática

• ¿Como para qué?

A un año de aprobarse la ley que lo originó, la pregunta es válida: ¿Para qué queremos un Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa (IPS)?

Su justificación existencial está en los reiterados asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, así como el alto riesgo para desempeñar ambas actividades en México, lo que no ocurre con alguna otra actividad humana. No hay en nuestra historia contemporánea registros sobre agresiones contra médicos, ingenieros, albañiles, amas de casa, estudiantes, contadores, comerciantes o incluso abogados y servidores públicos, como evidentemente si las hubo y las hay de manera sistemática y obsesivamente recurrente contra estos dos gremios que plantaron cara al abuso de poder desde el porfiriato y a la corrupción que desencadenó la industria de las drogas que emergió en Sinaloa con la Segunda Guerra Mundial. Actualmente este negocio ilícito -extendido a la trata de personas, tráfico de armas, extorsión, secuestró y operación política- tiene ensangrentada a la República sin que veamos alternativas de salida en el corto, mediano o largo plazo. Son los criminales la principal fuente de agresión contra periodistas, seguidos de servidores públicos estatales y municipales, entre los que hay vasos comunicantes.

Además del imprescindible «Reglamento General», destaca la aprobación de dos documentos fundamentales y una tarea esencial: el “Protocolo para la Evaluación de Riesgos”, documento técnico que cierra la puerta a la simulación, define con claridad el perfil de usuarios, ubica el nivel de amenaza, registra las zonas de peligro e identifica a eventuales agresores, entre otros indicadores. Igualmente valiosos son los «Lineamientos del Fondo Social” que fue aprobado por mayoría con la ausencia de 2 consejeros. La tarea mayor en evolución es la construcción del “Atlas de Riesgo” que avanzó con el mapa de incidencias que está por mutar a mapa de riesgos para luego escalar al Atlas que sea la base de políticas públicas certeras y focalizadas.

• Apoyo social

Sin estar considerado en la propuesta presupuestal original, el Consejo aprobó la propuesta de crear el fondo de ayuda social como consecuencia de las agresiones y despojo de herramientas de trabajo que sufrieron varios reporteros que cubrieron la detención de Ovidio Guzmán y fueron daños colaterales el jueves negro del 5 de enero de 2023. El consejo autorizó reponer los equipos robados y extraer del estado a un reportero bajo amenaza extrema. La intervención del Instituto fue impecable.

Foto de archivo/Lado B

De estos hechos surgió el lineamiento para aplicar el fondo, complementado ahora por el protocolo para la evaluación de riesgos. Entre otras disposiciones, autoriza apoyo económico a desplazados hasta por 130 UMAS durante 3 meses con un refrendo de otros 90 días, si así lo determina el Consejo después de evaluar la evolución de la amenaza. Todos los documentos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de tal manera que la ayuda indefinida constituye una violación a la ley. Por supuesto, el dinamismo natural de los acontecimientos y de la incidencia de agresiones pudieran apurar una reforma bajo el práctico concepto de aprendizaje a prueba y error.

De acuerdo con el informe de estos primeros 10 meses, el ejercicio periodístico recibió casi el doble de agresiones que los defensores de derechos humanos (92-47). Los municipios con  mayor número de agresiones fueron los centros urbanos de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato y El Fuerte, en ese orden.

Los agresores fueron criminales, particulares y servidores públicos estatales y municipales a través de amenazas, despojo de equipo de trabajo, descalificación a la labor periodística, lesiones, censura, descalificación y obstaculización a la defensa de derechos humanos. Ocurrieron principalmente en la vía pública, domicilio de las víctimas y la fuente de empleo. Las amenazas fueron de manera personal, por teléfono, redes sociales y terceros. “22 fueron a mano armada, 10 utilizando el poder público, 2 a través de medios tecnológicos y 1 por uso del poder político”.

Fueron violados derechos a vivir una vida libre de violencia, a la integridad psicológica, a la libertad profesional, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a defender derechos, a la propiedad, a la integridad física y a la libertad de residencia, en ese orden.

Se han dictado 142 tipos de medidas, de las cuales 75 son medidas preventivas, 58 asesorías jurídicas, 6 comunicados, 5 acompañamiento a marchas, 3 solicitudes de resguardo policial a manifestaciones, 2 acompañamientos a manifestaciones y 1 solicitud de recepción de denuncia en domicilio. 32 son medidas de atención, específicamente, 26 ayudas sociales y 6 conminaciones. 31 son medidas de urgente protección, 24 son rondines bitacorados, 6 custodia permanente y 1 aplicación de emergencia SOS 360 de la SSPES. Y por último, 4 son medidas de protección, de las cuales 3 son rondines bitacorados y una conminación.

Transparencia correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2023, la diferencia es absoluta:

• El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un ingreso mensual bruto de $148 mil 056 mil pesos.
• El comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública gana $99 mil pesos mensuales.
• El magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa recibe $163 mil 140 pesos al mes.
• El presidente del Instituto Electoral del Estado gana $143 mil 705 pesos.
• Y la Fiscal general tiene una percepción bruta mensual de $162,209.50 con el bono adicional por riesgo del 30 por ciento.
• La directora del Instituto gana $71 mil 995 mil pesos con 46 centavos como percepción bruta mensual, la más baja de todos.

Estilo de vida

El alcance preventivo del instituto supera por mucho la idea de convertirlo en una organizada mutual que disperse recursos económicos ilimitados y permanentes para usuarios en riesgo, cancelando la posibilidad de que en algún momento las víctimas puedan reinventarse, recuperar su vida laboral y regresar a su tierra. Es decir, entregar el presupuesto a quiénes estén en riesgo. Llevado el ejemplo al extremo, la Fiscalía podría distribuir su presupuesto de casi mil millones de pesos para que cada familia sinaloense compre un AK47, contrate seguridad privada y hagan justicia por mano propia. Sería un grave despropósito poner todos los huevos en la canasta de las medidas de protección que debe ser la última trinchera del Instituto, pues un periodista o defensor desplazado es un periodista o defensor silenciado. En este contexto, los agresores ganan.

El periodista, por su naturaleza y resilencia, se levanta de la adversidad en cualquier momento y lugar. ¿Cuánto tiempo necesita un periodista para recuperar su actividad? ¿Seis meses o un año? Obviamente cada caso es diferente y hay situaciones extremas que deben atenderse. Sin embargo, cuando abrazamos esta profesión aceptamos los riesgos que implica buscar, hurgar, indagar, molestar, incomodar, denunciar y publicar información de interés colectivo. El periodismo -como también el activismo social- no es una profesión, es un estilo de vida

• Transparencia y rendición de cuentas

Para informar al detalle acerca de este primer año, la directora Bernal Arellano envió el 6 de junio anterior solicitud al coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Feliciano Castro Meléndrez, para comparecer ante la sexagésima legislatura. Y ese mismo día los diputados Celia Jáuregui Ibarra y Ricardo Madrid coincidieron en  brindar todo su apoyo para fortalecer al Instituto de Protección.

• Foto de portada: El País
• Gráficos/Informe del IPS