En México no hay más corrupción; hoy la sociedad ejerce más su derecho a saber, afirmó Adián Alcalá
Culiacán, Sin.- Cuando haya insatisfacción o sospecha de que no está completa la respuesta que las instituciones o los gobiernos le ofrecen, “es necesario insistir y reiterar las peticiones de información ante las instancias superiores para que obliguen y sancionen a quienes no quieren entregar los datos que se requieren”, declaró Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en una breve entrevista al concluir el primer panel del Foro “Sinaloa a 20 años de las primeras Leyes de Transparencia en México”.
Es equivocado percibir que hoy existe mayor corrupción que en otros gobiernos, lo que ocurre, es que “hoy los ciudadanos están más interesados por conocer la vida pública y su actuación y ya cuentan con las herramientas necesarias para saberlo”, indicó.
Presentar una solicitud de información es sumamente sencillo: “desde un teléfono celular se puede marcar al 800telinai y se puede hacer el trámite correspondiente”, sugirió.
Alcalá Méndez indicó que ante la insatisfacción de las respuestas es necesario impugnarlas y si aún prevalecen dudas se puede acudir a un “órgano garante local y si persiste la inconsistencia, se puede acceder al órgano garante nacional para recibir la información solicitada”.
El Comisionado del INAI aseguró que la falta de transparencia no debe desmotivarnos ya que en nuestro país “existen las herramientas suficientes para obtener la información pública que requiramos y para sancionar y multar a los servidores públicos que nos nieguen nuestro derecho a ella”.
Al INAI, dijo, no le tiembla la mano cuando debe imponer medidas de apremio o de castigo. Aclaró que pese a lo que se cree, son muchas las sanciones punitivas que se han aplicado a lo largo del tiempo, pero reconoció, que el INAI sólo está facultado para hacer cumplir el derecho ciudadano al acceso a la información, mientras que para imponer las sanciones punitivas y carcelarias sólo están autorizados los órganos internos de control en las dependencias y los gobiernos.
