La Alianza para Combatir el Crimen en Línea exige a legisladores estadunidenses endurecer la legislación para restringir la exposición de narcotraficantes en redes sociales.
Estados Unidos.- La Alianza para Combatir el Crimen en Línea (ACCO, por sus siglas en inglés) aumenta la presión en Washington para exigir a legisladores endurecer la legislación actual para restringir el acceso a las redes a organizaciones como los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, así como la Familia Michoacana, entre otros.
El video, de varios minutos de duración, es digno de una película de terror: un hombre con una motosierra tortura a otro, amarrado con cinta canela. “¡Para que no ande de rajón!”, le grita su verdugo.
En un país que cumple más de una década de combate entre cárteles de la droga, la grabación no tiene nada de nuevo: muchos como ese han sido compartidos en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, en donde también abundan cuentas que muestran el lado glamoroso del narco, con fotografías de mujeres hermosas, fajos de billetes, rifles de asalto bañados en oro, autos deportivos y ropa de diseñador.
Pero tras la decisión de gigantes tecnológicos de Sillicon Valley de censurar opiniones extremistas –con Donald Trump y miles de sus seguidores como principales ejemplos– el acceso libre de los cárteles del narcotráfico o de apologistas de la narcocultura a plataformas digitales se ha vuelto también un tema de debate, al menos para algunas organizaciones en Estados Unidos que están llamando por primera vez a reformar la ley para cerrarle la vía al crimen organizado.
Bajo el eslogan: “si es ilegal en la vida real, tendría que ser ilegal en línea”, académicos de distintos países, agrupados en la Alianza para Combatir el Crimen en Línea (ACCO, en inglés) han acelerado una campaña de presión en Washington para exigir a legisladores que modifiquen el marco legal y obliguen a gigantes tecnológicos a restringir el acceso a las redes a organizaciones como el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, entre otros.
“Los cárteles mexicanos de la droga y otras pandillas violentas como MS-13 han convertido las redes sociales en armas, justo como el Estado Islámico, usando internet como un multiplicador de fuerza para intimidar, hostigar y extorsionar a sus víctimas”, sostiene la alianza, que incluso ha presentado testimonio ante el Congreso de Estados Unidos para exigir reformas legales .
“A pesar de que estas cuentas a menudo tienen contenido violento altamente gráfico, solo pocas se cierran. Para las fuerzas del orden, la naturaleza transfronteriza de esta actividad delictiva presenta un gran desafío”, subrayó la organización en una investigación sobre el uso de redes sociales por parte del narco mexicano.
Para la alianza, el quid yace en una ley vigente desde hace 25 años en Estados Unidos, que permite a la mayoría de las empresas tecnológicas de California gozar de “amplia inmunidad (…) incluso cuando, a sabiendas, alojan y difunden contenido subido por cárteles de la droga y otros grupos ilegales”. Se trata de el Acta de Decencia de las Comunicaciones, sección 230, en la que se establece claramente que las compañías no tienen responsabilidad alguna por contenido violento que pueda ser subido por sus usuarios.
Pero, a la par a los llamados a que Washington imponga un mayor control, está el debate sobre libertad de expresión y si el Estado debe asumir el papel de censor. Por ejemplo, Facebook ha enfatizado en que el contenido ilegal, en efecto, deberá ser retirado, pero sin descobijar el principio casi sagrado de que los usuarios de la red social se expresen libremente.
“Creo que tenemos dos responsabilidades: remover el contenido que pueda causar daño tan eficientemente como podamos y pelear para sostener una definición de libertad de expresión lo más amplia posible”, dijo en 2019 el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, durante una presentación en la Universidad de Georgetown, considerada ampliamente como el discurso más importante que haya dado el empresario sobre la libertad de posteo.
El debate sobre qué es permisible y qué no se intensificó después de las elecciones estadunidenses de noviembre pasado, cuando las cuentas del derrotado Donald Trump fueron suspendidas y después canceladas por considerar que difundían información falsa y llamaban a un posible peligro para la sociedad.
Sobre la cancelación de la cuenta de Trump, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, posteó en la red social algunas de sus opiniones sobre la decisión, una de las más trascendentales en la historia de la empresa. Sus argumentos se centraron en qué tanto puede empujar una empresa a cerrar el acceso a una o varias personas. En efecto, el tema se centra en torno al balance de libertad de expresión contra bien colectivo.
“No celebro ni me siento orgulloso de tener que expulsar a @realDonaldTrump de Twitter o cómo llegamos aquí. Tras una amenaza muy clara de que tomaríamos acciones, tomamos la decisión con la mejor información que teníamos (…) creo que esta fue la decisión correcta para Twitter. Enfrentamos una extraordinaria e insostenible circunstancia, forzándonos a enfocar nuestras acciones a la seguridad pública”, escribió en enero pasado.
