Sara Carter advirtió que la Administración de Donald Trump se asegurara de que los ‘cómplices’ de cárteles de la droga paguen las consecuencias.
Estados Unidos irá contra los funcionarios que protejan a integrantes del crimen organizado, así se trate de gobernadores mexicanos, subrayó la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas en sus redes sociales.
“La directora Sara Carter reafirma la postura de Estados Unidos respecto a los cárteles y funcionarios corruptos, reconociendo la importancia de una estrecha colaboración entre Washington y el Gobierno mexicano”, escribió en su cuenta de X este jueves 8 de octubre.
La Oficina compartió una entrevista de la zarina antidrogas para Voz Media en la que reiteró la estrategia de la Administración de Donald Trump de actuar sin distinción cuando se trata de los cárteles.
“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, advirtió.
Estados Unidos acusó a Rubén Rocha, quien pidió licencia en Sinaloa, así como nueve funcionarios más de su administración de supuestamente proteger a Los Chapitos; sin embargo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que la administración de Trump no presentó pruebas contundentes contra el gobernador.
Sara Carter pide más colaboración a México
“Únanse a nosotros, pongan fin a esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos sobre los cuales construir, pero sobre todo, ¿por qué vamos a permitir esto entre nuestras naciones? Estados Unidos ya no va a permitir eso”, dijo.
La funcionaria de la Casa Blanca aseguró que en lo que queda de la administración de Donald Trump ningún integrante de algún cártel “podrá dormir tranquilo”.
El Gobierno de México lleva tres entregas masivas de narcotraficantes entre 2025 y 2026, mediante las cuales trasladó a 92 personas que permanecían recluidas en cárceles mexicanas.
