Hay momentos en la historia de una institución en los que ya no basta con mirar los números, los presupuestos o los organigramas. Hay que mirar hacia atrás y preguntarnos por qué fue creada, qué problema vino a resolver y qué sociedad quiso construir cuando decidió darle un lugar propio dentro de la vida pública.

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, la CEAIPES, está precisamente en uno de esos momentos.

Vale la pena decirlo sin rodeos: Sinaloa fue pionero en materia de transparencia y acceso a la información pública. Cuando en buena parte del país el derecho a saber todavía no ocupaba el lugar que hoy tiene en el debate democrático, nuestro estado decidió adelantarse y construir una institución especializada para garantizarlo.

No fue una concesión graciosa del poder. Fue una conquista institucional.

Por eso resulta paradójico que, precisamente cuando la transparencia debería ser una herramienta cada vez más necesaria para la sociedad, estemos discutiendo la posibilidad de desaparecer el órgano que durante años ha tenido como responsabilidad garantizar ese derecho.

La iniciativa impulsada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que plantea la desaparición de la CEAIPES y una nueva legislación estatal armonizada con el marco general, merece una discusión mucho más profunda que la simple lógica de que “hay que armonizar”.
Porque armonizar no significa necesariamente uniformar.

Sinaloa es una entidad federativa con historia jurídica propia y facultades para construir instituciones acordes con sus necesidades. Y si alguna vez fuimos capaces de ser punta de lanza en transparencia, también podemos ser capaces de encontrar una fórmula propia para fortalecerla en lugar de desmontarla.

Hay voces de organismos ciudadanos, empresarios y distintos sectores que han pedido que la iniciativa no sea aprobada en los términos planteados. Y no es un asunto menor. El debate no debería reducirse a cuánto cuesta una comisión, sino a cuánto vale para una sociedad tener una institución autónoma capaz de preguntarle al gobierno, cuando sea necesario: ¿qué hiciste?, ¿cómo lo hiciste?, ¿cuánto costó y por qué?

Porque existe una diferencia elemental que no deberíamos olvidar: el gobierno administra; una institución autónoma vigila el derecho de los ciudadanos a saber cómo se administra.

Ahí está la razón de fondo.

No se trata de desconfiar de quienes gobiernan. Se trata de reconocer que ninguna administración, por legítima que sea, debería convertirse simultáneamente en autoridad obligada a transparentar, instancia que determina qué debe transparentarse y juez de sus propias respuestas.

En otras palabras: no se puede ser juez y parte.

Por eso la autonomía no es un lujo burocrático. Es precisamente la condición que permite que la transparencia tenga dientes.

En este escenario también debe reconocerse el papel del actual comisionado presidente de la CEAIPES Lic. José Luis Moreno López, y de su compañera comisionada Lic. Liliana Margarita Campuzano Vega y compañero comisionado Lic. José Alfredo Beltrán Estrada, quienes han tenido que conducir al organismo en una etapa particularmente compleja. Más allá de las diferencias que puedan existir sobre decisiones administrativas o criterios particulares, hay que reconocer que han mantenido sobre la mesa la defensa de una institución cuya razón de ser trasciende a quienes temporalmente ocupan sus cargos.

Y eso también es hacer historia.

La CEAIPES no pertenece al comisionado presidente, ni a los comisionados, ni a los gobiernos en turno. Pertenece a la sociedad sinaloense.

Los gobiernos pasan. Los partidos cambian. Los funcionarios terminan sus periodos. Pero el derecho de una persona a conocer cómo se utilizan los recursos públicos permanece.

Por eso sería un error mirar a la CEAIPES únicamente como una estructura administrativa susceptible de desaparecer mediante una reforma legal. Antes de hacerlo habría que preguntarnos qué perdemos con ella.

Sinaloa ya vivió la experiencia de ser pionero. Fuimos capaces de entender, antes que muchos, que el acceso a la información no era una concesión del gobierno, sino un derecho ciudadano.

Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que aquella visión no fue una moda de otro tiempo.

Si algo necesita nuestra democracia no es menos transparencia, sino más.

La CEAIPES puede y debe modernizarse. Puede mejorar sus procedimientos, reducir cargas administrativas, aprovechar la tecnología, coordinarse con las nuevas instituciones y revisar todo aquello que deba revisarse.

Pero modernizar una institución no necesariamente significa desaparecerla.

Tal vez este sea el momento de hacer exactamente lo contrario: recuperar el espíritu pionero de Sinaloa y preguntarnos cómo fortalecer la transparencia para las próximas generaciones.

Porque una sociedad que puede preguntar es una sociedad que participa.

Una sociedad que puede conocer es una sociedad que puede exigir, y un gobierno que sabe que alguien independiente puede revisar sus actos es, también, un gobierno que tiene mayores incentivos para hacer las cosas bien.

Por eso, antes de colocar el punto final a la historia de la CEAIPES, convendría detenernos un momento, mirar lo que construimos, recordar por qué lo construimos, y preguntarnos si realmente queremos ser la generación que decidió que aquel ejemplo de transparencia que alguna vez dio Sinaloa ya no era necesario.

La historia puede juzgar muchas cosas de los gobiernos. Pero una de las más importantes será siempre qué hicieron con el derecho de su gente a saber.