En América Latina, México y particularmente en Sinaloa, la violencia criminal y la precariedad económica avanzan de la mano

Sinaloa cumplió veinte meses inmerso en una guerra que ha transformado la vida cotidiana de millones de personas. Entre los sectores más afectados se encuentran quienes documentan la violencia y quienes intentan contener sus consecuencias: periodistas, madres buscadoras, activistas ambientales y defensores de derechos humanos.

La amenaza no siempre llega en forma de balas. A veces se presenta como salarios insuficientes, ausencia de seguridad social, contratos temporales, falta de seguros médicos, equipos obsoletos o la incertidumbre de no saber si habrá ingresos al final del mes.

La precariedad laboral es una forma de violencia. No deja huellas visibles como una agresión física, pero reduce la capacidad de protegerse, limita la independencia profesional y obliga a tomar decisiones cada vez más riesgosas para sobrevivir.

En América Latina, México y particularmente en Sinaloa, la violencia criminal y la precariedad económica avanzan de la mano. Mientras las agresiones aumentan, las condiciones laborales de quienes informan y defienden derechos humanos continúan deteriorándose.

“Los reporteros dedicados a la nota roja y la crítica políticas sufren el mayor incremento de agresiones. Desde finales de 2024, las incidencias escalaron de un promedio de 5 casos mensuales a más de 12 por mes debido a disputas territoriales del crimen organizado”.

La trampa de sobrevivir

Durante décadas, los medios de comunicación fueron escuelas de formación profesional para nuevas generaciones de reporteros. Hoy muchos de esos espacios han desaparecido o sobreviven con estructuras mínimas.

En su desesperación por generar ingresos, numerosos jóvenes periodistas han optado por crear sus propios portales digitales, canales de video, páginas informativas y proyectos independientes.

La decisión representa una oportunidad, pero también un riesgo. Por un lado, la necesidad económica puede empujar a algunos proyectos a depender de intereses políticos o empresariales que terminan condicionando la línea editorial.

Por otro, la lógica de las redes sociales premia la espectacularidad, la inmediatez y el contenido de alto impacto. El resultado es una peligrosa ecuación: arriesgar la vida para obtener visualizaciones, seguidores y monetización.

En un estado marcado por enfrentamientos armados, persecuciones, bloqueos carreteros y operativos militares, la presión por llegar primero puede convertirse en una sentencia de muerte. La precariedad no sólo limita la libertad de informar. También multiplica el riesgo.

Dos gremios, una misma vulnerabilidad

La realidad de periodistas y defensores de derechos humanos presenta diferencias de origen, pero comparte condiciones estructurales similares. Ambos sectores realizan labores de interés público, enfrentan amenazas, operan con recursos limitados y ambos lo hacen sin las garantías mínimas que deberían acompañar actividades de alto riesgo.

Los periodistas documentan la violencia, investigan la corrupción y narran las consecuencias humanas de la guerra. Mientras que los activistas defienden comunidades, acompañan víctimas, buscan personas desaparecidas, protegen recursos naturales y denuncian abusos de poder.

Sin embargo, el reconocimiento social y económico de ambas labores está muy por debajo de los riesgos que enfrentan.

Radiografía de la precariedad

Los diagnósticos elaborados por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa revelan una realidad preocupante.

El 68 por ciento de los periodistas sinaloenses percibe ingresos inferiores a los 15 mil pesos mensuales. Entre las personas defensoras de derechos humanos la cifra alcanza el 64 por ciento.

Pero la situación se agrava para las mujeres. Casi seis de cada diez reporteras y defensoras reciben ingresos menores a diez mil pesos mensuales.

La desigualdad económica se traduce directamente en vulnerabilidad. Menos recursos significan menos posibilidades de contar con transporte seguro, equipos de protección, herramientas de comunicación, asistencia legal o atención médica especializada.

Aunque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establece un ingreso profesional superior a los 21 mil pesos mensuales para reporteros de prensa diaria, la realidad en buena parte del país es muy distinta: diversos registros oficiales y plataformas de empleo ubican los salarios efectivos entre 8 mil y 12 mil pesos al mes.

La desigualdad también tiene rostro de mujer: mientras los hombres perciben en promedio alrededor de 10 mil pesos mensuales, las periodistas apenas superan los 5 mil, una brecha que profundiza la vulnerabilidad en un oficio ya de por sí marcado por el riesgo.

América Latina

La paradoja latinoamericana resulta demoledora. México figura entre los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo, pero sus remuneraciones permanecen en un rango medio o incluso bajo frente a economías como Costa Rica, Chile o Uruguay. La mayoría de los reporteros carece de bonos de riesgo, seguros médicos, protección jurídica o estabilidad laboral, obligándolos a sobrevivir mediante el pluriempleo, colaboraciones independientes o trabajos ajenos al periodismo.

Activistas bajo amenaza

La crisis de seguridad que vive Sinaloa no afecta únicamente a quienes cubren la información.

Las madres buscadoras y los defensores de derechos humanos enfrentan una situación igualmente crítica. En marzo de 2026 fue asesinada en Mazatlán una madre buscadora que participaba en la localización de personas desaparecidas.

Años antes, Rosario Lilián Rodríguez Barraza fue privada de la libertad y asesinada mientras buscaba a su hijo desaparecido.

Líderes de colectivos de búsqueda continúan denunciando amenazas directas, vigilancia e intimidaciones durante sus jornadas de rastreo.

La defensa ambiental tampoco ha estado exenta. El caso de la periodista y activista Sheila Arias puso nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes denuncian proyectos con posibles impactos ecológicos o intereses económicos de gran escala.

En Sinaloa, informar y defender se han convertido en actividades de riesgo equivalente.

La otra cara de la violencia

Cuando se habla de agresiones suele pensarse en atentados, amenazas o desapariciones. Pero existe otra violencia menos visible. La violencia de trabajar sin prestaciones. La violencia de cubrir una balacera sin seguro de vida. La violencia de buscar desaparecidos sin respaldo institucional suficiente. La violencia de tener que elegir entre la seguridad personal y el sustento familiar. La violencia de ejercer funciones esenciales para la democracia sin condiciones dignas.

Por eso la precariedad debe entenderse como un problema de derechos humanos porque coloca a periodistas y activistas en una situación permanente de vulnerabilidad frente a quienes buscan silenciarlos.

Esfuerzo insuficiente frente a una crisis creciente

Ante este escenario, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha ampliado sus programas de atención y ayuda social.

Las medidas incluyen apoyos económicos extraordinarios, acompañamiento médico, afiliación a servicios de salud, asistencia alimentaria, reubicaciones temporales y acciones urgentes de protección.

Además, el Instituto otorga fondos económicos directos a través de sus Medidas de Atención para solventar gastos extraordinarios que la víctima debe hacer para resguardar su integridad y que superan su presupuesto ordinario de vida, como puede ser el pago de traslados de emergencia, hospedaje por reubicación forzada temporal, reparaciones de daños menores en viviendas o insumos básicos de subsistencia en situaciones de crisis extrema.

Dado que un alto porcentaje de los gremios opera de forma independiente (freelance) y carece de seguridad social, el Instituto mantiene una campaña de afiliación permanente a los servicios médicos de IMSS-Bienestar.

A través de un convenio formalizado entre el Instituto y el Banco de Alimentos de Culiacán -próximamente Ahome y Mazatlán-, las personas beneficiarias en situación de alta vulnerabilidad pueden ser canalizadas para recibir despensas y paquetes nutricionales de forma periódica.

Sin embargo, el propio crecimiento de las solicitudes refleja la profundidad del problema. La protección no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una agresión. También implica garantizar condiciones mínimas para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos con dignidad.

La precariedad también mata

La guerra de Sinaloa ha dejado muertos, desaparecidos y comunidades enteras marcadas por el miedo. Pero también ha dejado otro saldo menos visible: periodista agotados, activistas endeudados, madres buscadoras que financian con recursos propios la búsqueda de sus hijos, defensores que trabajan sin salario fijo, reporteros que arriesgan la vida para conseguir una fotografía más o una transmisión que les permita monetizar unas cuantas visitas.

La precariedad no es una consecuencia secundaria de la violencia. Es una de sus formas más persistentes porque quien carece de protección económica también está expuesto a todas las demás.

En esas condiciones, la libertad de expresión no sólo enfrenta la censura y la violencia del crimen organizado; también se erosiona silenciosamente por salarios insuficientes, incertidumbre económica y la ausencia de políticas públicas que dignifiquen una profesión indispensable para la democracia.

Y porque una democracia que obliga a sus periodistas y activistas a sobrevivir en estas condiciones termina debilitando su propia capacidad para defender la verdad y la justicia.

Parte III: Corresponsales de guerra sin reconocimiento