Un debate emerge entre la historia, la ciencia y el estigma que persigue a Sinaloa desde hace décadas.

Durante décadas, la violencia asociada al narcotráfico convirtió a Sinaloa en sinónimo de criminalidad ante buena parte del país y del extranjero: en aeropuertos, aduanas y retenes, portar una identificación sinaloense suele activar sospechas automáticas. Pero ¿de dónde surge la asociación de Sinaloa con la violencia?

Una de las explicaciones más repetidas intenta vincular el fenómeno con una supuesta herencia cultural de los pueblos prehispánicos. Sin embargo, la evidencia histórica y antropológica disponible apunta en sentido totalmente contrario.

Los estudios sobre los antiguos pueblos del actual territorio sinaloense -totorames, tahues y cahitas- describen sociedades agrícolas, pesqueras y comerciales con elevados niveles de organización social. A diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, no hay evidencias de prácticas sistemáticas de sacrificios humanos ni de estructuras culturales centradas en la guerra permanente.

La llegada de los conquistadores tampoco encontró una región caracterizada por la violencia extrema. Por el contrario, diversos relatos históricos documentan que muchas comunidades recibieron inicialmente de manera pacífica a los europeos, pero la respuesta del conquistador fue brutal. Las campañas encabezadas por Nuño Beltrán de Guzmán dejaron una estela de asesinatos, incendios, esclavitud y destrucción de pueblos enteros en el occidente mexicano qué empezó con la tortura y muerte del rey michoacano Caltzontzin.

Con el paso de los siglos, parte de la historiografía colonial construyó una narrativa que exageró prácticas indígenas para justificar la conquista. Esa imagen de barbarie sobrevivió y terminó reciclándose en épocas modernas para explicar fenómenos contemporáneos completamente distintos.

La violencia criminal que hoy golpea a Sinaloa no nació en los centros ceremoniales prehispánicos. Surgió en un contexto marcado por economías ilegales multimillonarias, tráfico de armas, corrupción institucional e impunidad.

Pero una segunda hipótesis comienza a llamar la atención de investigadores de distintas disciplinas y defensores de los recursos naturales.

Diversos estudios internacionales han documentado una relación consistente entre la exposición crónica al plomo y otros metales pesados y el incremento de conductas agresivas, impulsividad y trastornos del comportamiento.

Contexto

La actividad minera en Sinaloa se concentra principalmente en municipios serranos como Choix, El Fuerte, Mocorito, Badiraguato, Sinaloa municipio, Cosalá, Concordia, San Ignacio y Rosario. En varias de estas regiones existen presas de jales y depósitos de residuos mineros que contienen grandes concentraciones de plomo, arsénico, cadmio, zinc y cobre. Investigaciones del Instituto de Geología de la UNAM han documentado que estos materiales pueden incorporarse a ríos, arroyos y acuíferos mediante procesos de drenaje ácido de mina, afectando fuentes de agua utilizadas para el consumo humano.

Estudios de la UNAM y organismos internacionales señalan que el plomo daña áreas cerebrales relacionadas con el autocontrol, la regulación emocional y la toma de decisiones. La llamada Hipótesis del plomo y el crimen plantea que parte de la reducción de la delincuencia observada en varios países durante las últimas décadas estuvo asociada a la eliminación de la gasolina con plomo y a una menor exposición infantil a este metal neurotóxico.

New evidence that lead exposure increases crime

Editorial P23

La violencia sinaloense no puede explicarse mediante una sola causa. Reducirla a una supuesta herencia indígena resulta históricamente insostenible y socialmente injusto. Tampoco basta con atribuirla exclusivamente a factores ambientales. Sin embargo, la evidencia científica obliga a abrir preguntas incómodas sobre la contaminación de cuencas, la supervisión de la actividad minera y los efectos de largo plazo sobre la salud pública. Comprender el origen de la violencia exige mirar más allá de los estigmas y revisar factores históricos, económicos, ambientales e institucionales que durante décadas han permanecido fuera del debate.