Se trata del recurso de reconsideración SUP-REC-52/2026, cuyo proyecto fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Ciudad de México. En los próximos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá un proyecto que podría marcar un precedente importante en la forma en que la justicia electoral valora las conversaciones privadas como prueba en casos de violencia política de género.

Se trata del recurso de reconsideración SUP-REC-52/2026, cuyo proyecto fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y que analiza la controversia derivada de una denuncia presentada por la diputada con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez contra la activista María Emma Zermeño López por presunta violencia política en razón de género.

El caso ha generado atención pública debido a que la acusación se sustenta en capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp, que habrían sido filtradas y posteriormente incorporadas al expediente como elementos probatorios.

De acuerdo con el proyecto que será sometido a consideración del pleno, uno de los puntos centrales del debate jurídico gira en torno a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, principio protegido por el artículo 16 de la Constitución mexicana. El documento plantea que las conversaciones digitales —como las sostenidas en aplicaciones de mensajería— forman parte de la esfera privada de las personas, por lo que su utilización como prueba requiere cumplir con estándares estrictos de autenticidad, voluntariedad y trazabilidad.

En este caso, las capturas fueron aportadas por Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, quien habría tenido acceso a dichas conversaciones y las entregó mediante una declaración unilateral. El proyecto analiza si ese tipo de incorporación probatoria cumple con los requisitos constitucionales para ser considerada válida dentro de un procedimiento sancionador en materia electoral.

El asunto reviste especial relevancia porque se desarrolla en el contexto de los mecanismos creados en México para combatir la violencia política en razón de género, una figura jurídica destinada a proteger la participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, el proyecto advierte que la defensa de ese derecho debe realizarse sin vulnerar otros derechos fundamentales, como la privacidad y el debido proceso.

La controversia también ha generado reacciones en el ámbito político y social en Sinaloa, donde diversos sectores han expresado respaldo a Emma Zermeño, quien actualmente se desempeña como funcionaria pública en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado.

Entre los pronunciamientos públicos destacan los de integrantes de organizaciones civiles como Sinaloa Incluyente, A.C., así como de figuras políticas y legislativas, entre ellas la diputada local Paola Iveth Gárate Valenzuela, además de otros actores sociales que han señalado la necesidad de que el caso se resuelva con apego a los principios constitucionales.

Especialistas señalan que la decisión que adopte la Sala Superior podría establecer un criterio relevante sobre la valoración probatoria de conversaciones privadas en la era digital, particularmente en procedimientos relacionados con violencia política de género.

El debate, que se prevé ocurra en los próximos días, podría definir hasta qué punto los chats privados pueden convertirse en evidencia judicial, y dónde se encuentra la línea que separa la lucha contra la violencia política de la protección constitucional de la vida privada.