El titular de la Conagua, Efraín Morales López, afirmó que la nueva Ley General de Aguas representa un cambio estructural para poner fin a la mercantilización del recurso y atender abusos históricos en su explotación.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó este jueves que la nueva Ley General de Aguas —aprobada en lo general por la Cámara de Diputados— representa un cambio estructural para poner fin a la mercantilización del recurso y atender abusos históricos en su explotación.

Durante su intervención en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario se dedicó a desmentir lo que calificó como una “campaña de mentiras” generada en redes sociales y replicada durante el debate legislativo.

Morales López Morales explicó que el objetivo central de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum es que el agua deje de ser tratada como una mercancía y que se ponga fin a prácticas como la sobreexplotación, el mercado ilegal del recurso y la concentración de grandes volúmenes en manos de unos cuantos.

“Mientras algunos concentran grandes cantidades de agua para lucrar con ella, pequeñas comunidades y productores carecen de lo indispensable”, señaló.

También negó que la ley criminalice a los productores por realizar bordos, trasladar agua en pipas o tomar volúmenes para actividades básicas. Argumentó que las sanciones se enfocan únicamente en quienes abusan del recurso mediante prácticas ilegales y con fines de lucro, señalando como ejemplo el caso del exgobernador César Duarte, quien —reiteró— construyó una presa privada para retener 700,000 metros cúbicos de agua, afectando a comunidades aguas abajo y contribuyendo a un conflicto en la presa La Boquilla.

Además, subrayó que la iniciativa distingue entre actividades agropecuarias familiares —que prácticamente no contemplan sanciones— y acciones de extracción irracional o desvío del agua con impacto regional.

Reiteró que es falso que Conagua vaya a sancionar el uso de pipas o el traslado del recurso dentro de tierras propias, y precisó que el objetivo es combatir el robo de agua y la operación de redes ilegales que comercializan volúmenes que no les pertenecen.

Otra de las afirmaciones que desmintió es que la dependencia ahora pretenda regular el agua de lluvia o prohibir las ollas de captación, una práctica común en zonas agrícolas. Aseguró que la reforma, por el contrario, impulsa activamente estos sistemas en regiones sin acceso a fuentes superficiales o subterráneas. La regulación administrativa —aclaró— sólo aplicará cuando las obras de captación adquieren dimensiones que operan de facto como presas y generan afectaciones ecológicas o hidrológicas a ríos y ecosistemas.

El titular de Conagua también rechazó que la institución vaya a quitar títulos de concesión o prohibir el uso de pozos domésticos. “Todos los derechos están garantizados y salvaguardados. Absolutamente todos”, enfatizó.

Advirtió que las narrativas falsas han buscado generar miedo entre los productores, aun cuando la iniciativa establece mecanismos de protección, certeza jurídica y transparencia.