La reforma para la Ley contra la Extorsión contempla medidas para erradicar las llamadas desde la cárcel.
¿No más llamadas de secuestros, préstamos o amenazas desde la cárcel? La Ley contra la extorsión en México incluye nuevas penas más estrictas contra quienes practiquen este delito.
El Senado aprobó la reforma para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y aunque aún falta la votación con algunas reservas en la Cámara de Diputados, es posible que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum avance, ya que tiene el respaldo de las bancadas en el Congreso.
Con esta reforma, el umbral de sentencias por extorsión sube hasta 25 años, además de que hay fracciones específicas relacionadas con las extorsiones desde centros penitenciarios, mismas que son comunes desde hace años en México.
Respecto a este tema, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló a finales de octubre pasado que hay avances contra esta modalidad de extorsión, y que el 74 por ciento de las llamadas desde centros penitenciarios son interceptadas desde que comenzó la estrategia nacional contra la extorsión.
¿Cuáles serán las penas para quienes extorsionen con llamadas desde la cárcel?
En caso de que se apruebe la reforma para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, habrán sanciones para quienes llamen desde la cárcel para pedir dinero.
La primera sanción es de 6 a 12 años para personas relacionadas con la introducción de celulares u otros dispositivos electrónicos a centros penitenciarios con los que se pueda extorsionar.
La segunda sanción va contra los funcionarios de seguridad que se abstengan de denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. En ese caso, las sanciones van de 10 a 20 años de cárcel.
Además, la reforma contra la Extorsión contempla medidas protectoras contra las personas que son víctimas de la extorsión, especialmente cuando esté en peligro la vida de los agravados, su libertad o integridad física o mental, o puedan ser sometidos por estar en el procedimiento.
