Negros nubarrones se ciernen sobre Sinaloa. Y pesan, sobre todo, sobre quienes viven al día: la familia que destina casi todo su ingreso a lo básico, el trabajador que batalla por conseguir hasta el empleo más humilde en tiempos de escasez, el ama de casa que no completa para el mandado, el ciudadano que apenas tiene para ponerle gasolina a su carcacha. Son miles quienes apenas alcanzan para la comida, para sostener una vivienda —cuando la tienen—, quienes no logran pagar luz ni agua y sobreviven entre indiferencia, inseguridad, servicios públicos deplorables y una salud pública agónica que se vuelve más precaria cada año.
Pero la amenaza no solo golpea al trabajador vulnerable: asfixia también al campesino, al pescador, al emprendedor y al empresario. La depresión económica que se asoma no proviene únicamente de la crisis hídrica, de los fenómenos climáticos o de la inseguridad que desangra a la entidad; se alimenta también de la indolencia del Gobierno de la República, que ha decidido relegar al estado como si fuera un territorio prescindible.
Para muchas familias, irse de vacaciones o salir a cenar es un lujo inalcanzable; ahorrar es un recuerdo de mejores tiempos. Y mientras el país entero observa los esfuerzos del gobierno federal por apuntalar a entidades como Michoacán y Veracruz con apoyos extraordinarios, en Sinaloa se respira un abandono que ofende. No indigna la ayuda a otros estados —que siempre es justa y necesaria—, sino la desproporción abismal y la indiferencia absoluta hacia esta tierra.
El Paquete Económico 2026, aprobado por el Congreso Federal, es una muestra clara de ello. Michoacán y Veracruz se erigen como prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras Sinaloa queda relegado al rincón de los olvidados. El presupuesto de egresos de Sinaloa para 2025 fue de 70 mil 040 millones 181 mil 181 pesos, cifra que se espera se repita con variaciones mínimas en 2026. En contraste, solo para el llamado Plan por la Paz y la Justicia Social en Michoacán, la presidenta destinará 57 mil 460 millones de pesos adicionales a los programas sociales, más 2 mil 700 millones aportados por el propio estado, para un total de 60 mil 160 millones de pesos; casi lo que recibe Sinaloa en todo un año.
Michoacán, además, tiene un presupuesto estatal de 98 mil 935 millones para 2025 y de 107 mil 309 millones para 2026. Y esto para una población de cinco millones de habitantes, frente a los poco más de tres millones de sinaloenses. Algo no cuadra. Algo no huele bien.
Veracruz tampoco se queda atrás. El llamado “Plan Veracruz”, destinado a la población afectada por inundaciones, incluye apoyos directos y un esquema emergente para garantizar retiros de efectivo. Todo ello acompañado de un presupuesto federal para 2026 de 157 mil 533.3 millones de pesos, más del doble del presupuesto estatal de Sinaloa.
Mientras tanto, el gasto federalizado para Sinaloa en 2026 será de 66 mil 174 millones de pesos, una cifra menor incluso a la que el estado recibía en 2020. Y así, año tras año, Sinaloa vuelve a quedar fuera de toda estrategia de reactivación económica y de apoyo especial al campo. Por el contrario, los recursos destinados a educación y agricultura, lejos de aumentar, han sido recortados.
Lo más absurdo de esta situación es que Sinaloa no es un estado sin presencia en la esfera federal. Al contrario: figuras sinaloenses se encuentran instaladas en posiciones clave del gobierno de Sheinbaum. El esposo de la presidenta es sinaloense. El secretario de Agricultura es sinaloense. El secretario de Hacienda es sinaloense. Y, sin embargo, ninguno ha movido un dedo visible para equilibrar la balanza en favor de su propio estado. A ellos se suman senadores y diputados que han brillado por su silencio, por su tibieza, por su ausencia. Legislan, sí, pero no por Sinaloa.
Todo esto ocurre mientras la economía estatal se derrumba. El sector agrícola —históricamente el motor del estado— ha perdido competitividad. La inseguridad, desde la ruptura interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, se convirtió en una crisis permanente. Y las finanzas públicas arrastran deudas heredadas de las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. Según Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas, hay pagos pendientes de fondos de retiro por 2 mil 500 millones de pesos, además de la multa multimillonaria que hoy se paga al SAT por auditorías mal realizadas en tiempos de Quirino.
Con todo esto, otro año pasa sin un solo apoyo extraordinario de la Federación para rescatar la economía sinaloense. Otro año sin recursos emergentes para el campo. Otro año en que Sinaloa no figura en la agenda nacional. Y otro año en que sus representantes federales no figuran en absoluto.
El abandono es evidente. El futuro, incierto.
Y los nubarrones, cada día más negros.
