Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad y el fortalecimiento institucional de Sinaloa.

Culiacán, Sin.- Con la firme intención de dotar a Sinaloa de un marco jurídico moderno, eficaz y necesario, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, integrado por los diputados Bernardino Antelo Esper, Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, presentó este martes una iniciativa para la creación de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Sinaloa.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Bernardino Antelo Esper, explicó que esta propuesta busca llenar un vacío legal que existe actualmente en Sinaloa, ya que, a diferencia de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo o San Luis Potosí, la entidad no cuenta con una legislación específica que regule la actividad de las empresas de seguridad privada.

“Hoy presentamos una iniciativa más como bancada del PRI, para crear una ley urgente y necesaria, en Sinaloa no existe una ley de seguridad privada, como sí la tienen muchas otras entidades del país; esta propuesta busca establecer un marco jurídico claro, actualizado y funcional”, señaló Antelo Esper.

La iniciativa tiene como objetivos principales:
• Registro Estatal Obligatorio: se propone la creación de un registro estatal de empresas de seguridad privada, obligatorio y único, con una especie de “CURP empresarial”, que garantice que quienes presten estos servicios cumplen con todos los requisitos legales y operativos.
• Control del personal operativo: la iniciativa contempla restricciones claras para el personal contratado por estas empresas, prohibiendo expresamente la contratación de personas con antecedentes penales o que hayan sido dadas de baja de cuerpos de seguridad pública por faltas graves.
• Régimen progresivo de sanciones: se establece un sistema de amonestaciones, sanciones e incluso inhabilitación, tanto para las empresas como para los socios responsables, en caso de incumplimiento de la ley. Esto incluye la imposibilidad de crear nuevas razones sociales para evadir responsabilidades legales.
• Fortalecimiento institucional: la ley facultará a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su Dirección de Seguridad Privada, para aplicar y vigilar las disposiciones, incluyendo la creación de un área específica encargada de supervisar y regular estas actividades.

El legislador detalló que actualmente existen 75 empresas con autorización vigente para prestar servicios de seguridad privada en Sinaloa, pero operan bajo lineamientos limitados que no están respaldados por una ley estatal, esta situación impide una supervisión integral y efectiva.

“Hoy más que nunca es necesario contar con herramientas legales sólidas que regulen estas actividades que forman parte del día a día; esta ley será una guía clara para que la Secretaría de Seguridad Pública sepa qué exigir y cómo actuar ante incumplimientos”, añadió.

Antelo Esper señaló que la iniciativa será socializada con los demás grupos parlamentarios y sectores involucrados en la materia, con el objetivo de construir un dictamen robusto y de amplio consenso.

“Queremos que esta ley nazca del diálogo y de un análisis profundo, buscamos que sea útil, operativa y que responda a la realidad actual de Sinaloa; por eso abriremos el debate y trabajaremos de la mano con todos los actores interesados”, concluyó Antelo.

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad y el fortalecimiento institucional de Sinaloa.